Los combustibles y la libre importación

El pensamiento mágico de la libre importación de combustible que impulsan Luis Lacalle Pou, algunas gremiales empresariales y los economistas de derecha de su equipo demuestra, al mismo tiempo, la falta de comprensión del tema combustibles en Uruguay y el exceso ideológico que tiene la mirada económica de la oposición, mirada que está alejada de una visión responsable que base las políticas en evidencia, y que tiene el infantilismo de creer que el mercado resuelve todo mágicamente. Esto no es nuevo. En los 90 impulsaron una apertura que era necesaria pero que estuvo mal hecha, y que llevó a mucha gente a perder los trabajos de la noche a la mañana.

Primero lo primero: ANCAP debe seguir mejorando su gestión. De hecho, en estos años el precio de paridad de importación –incluso con las inmensas limitaciones metodológicas que tiene la publicada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA– viene convergiendo. A su vez, los costos asociados a la producción, así como las pérdidas de algunas de sus subsidiarias, se han reducido notablemente tras los episodios por todos conocidos. En síntesis, la gestión que se ha hecho en los últimos años de ANCAP ha sido buena. Sin embargo, la agenda de transformaciones que queda por delante tiene que ver fundamentalmente, como ha señalado el economista experto en regulación de mercados y competencia Sebastián Fleitas, con la estructura, gobernanza y regulación de los mercados en los que la empresa participa.¹

El Precio de Paridad de Importación (PPI) es una herramienta muy mal utilizada en Uruguay. Es un cálculo teórico, pero no un indicador relevante para la discusión entre importar y refinar. Básicamente, porque implica supuestos a lo largo de toda la cadena y no solamente en la etapa de refinación. En particular, los supuestos de precios internacionales del biocombustible (a los cuales un importador no podría acceder porque la utilización de biocombustibles nacionales es un requisito estipulado por la Ley 18.195), los supuestos con respecto a los alijes o las ganancias de los distribuidores.

Todas estas etapas de la cadena de combustibles, que no son de la etapa de refinación y que serían asumidas por un importador, son calculadas de forma teórica. La “prueba del 9” de que esto es así es que cuando ANCAP tuvo que salir al mercado a importar, el combustible importado salió más caro que el precio de refinación. De todas formas, incluso tomando en cuenta el PPI teórico que calcula la URSEA, los precios de los combustibles se han acercado en el último tiempo.

¿Puede rebajar sustantivamente el precio en largo plazo la libre importación? No. Esta medida sólo afecta al primer eslabón de la cadena, que refiere a la producción, sin tocar la venta y la distribución, etapas en las que se encuentran buena parte de los costos. De acuerdo con los estudios existentes, ANCAP ya es eficiente en la etapa de refinación, por lo que el costo de importar combustibles refinados sería más caro que producirlo localmente. Hay críticas a estos estudios que son atendibles, pero Lacalle Pou no basa su discurso en mejor evidencia al respecto, sino en un prejuicio ideológico de derecha.

Dicho lo anterior, incluso si se pensara que no es tan así lo señalado precedentemente y que hay sobrecostos por refinar nacionalmente, refinar o importar es una actividad de altos costos fijos, por lo que es razonable pensar en una actividad de pocos jugadores (o para un país pequeño como Uruguay, probablemente uno solo). Al final de la película, la regulación en un mercado de esas características sería imprescindible, de modo de limitar, por ejemplo, el poder de mercado de un único importador privado. ¿Cuál es la regulación que propone el candidato? ¿O para estos segmentos del mercado también nos propone más realismo mágico?

Si todavía no convencen estos argumentos, también cabe recordar que tenemos grandes inversiones realizadas que podrían depreciarse muy rápido, generando pérdidas importantes a ANCAP que difícilmente no se trasladen a sus dueños, los uruguayos, a lo cual deben sumarse problemas de soberanía energética.

Ya sabemos que el pensamiento mágico de la desregulación y privatización sin criterio no llevó a buenos resultados. De nuevo, pensemos en la apertura de los 90. O en cuanto a mercados, pensemos en las soluciones que la derecha ha dado a mercados como el supergás, cuyo entramado se estableció en esos gobiernos. Esta no sería la excepción, sino más de lo mismo.

¿Cuál es la agenda entonces? Hemos avanzado fuertemente a través de diversos instrumentos que han recompuesto la situación de ANCAP, introduciendo los compromisos de gestión, limitando sus pérdidas y potenciando eficiencias. Ahora resta encarar las reformas necesarias en la regulación del vínculo entre el Poder Ejecutivo y las empresas públicas y el fortalecimiento del rol de los reguladores, de forma de continuar identificando las ineficiencias que se generan por malos diseños en los mercados a través de toda la cadena, en particular en los que participan actores privados, donde se entrelazan intereses que también generan costos adicionales al consumidor.