Formación en educación | Concursos académicos: ¿para qué?

Durante 2018 y 2019, el Consejo de Formación en Educación (CFE) se embarcó en un proceso de concursos de oposición y méritos para el acceso a la función docente. Se realizaron 150 concursos en 25 departamentos de los cinco institutos académicos. Este proceso significó que más de 2.000 docentes se postularon y más de 1.800 presentaron sus méritos y un proyecto elaborado para el proceso de oposición. Un resultado significativo es que más de 850 obtuvieron derecho a efectividad mediante una evaluación de su trayectoria académica, su producción escrita y la defensa oral.

Ello habilitó que personas más formadas y más jóvenes accedieran a los primeros lugares en las listas para elegir horas docentes. Y simultáneamente, minimizó la preeminencia de la antigüedad como principal norma regulatoria para el acceso a la función docente.

Pero esta situación duró apenas un suspiro. Hace tres semanas, las autoridades del CFE establecieron el ordenamiento de todos los docentes en un escalafón por grado en base a la antigüedad docente. Y adiós perfil académico. Lo efímero de estos cambios se explica por procesos inconclusos de la administración anterior y decisiones actuales de las nuevas autoridades, que generan un retroceso en la instalación de la docencia universitaria en la institución. De ese modo se posterga una estrategia indispensable, aunque no la única, para mejorar la formación de docentes y educadores.

La construcción de una cultura universitaria

Ante la imposibilidad de acuerdos a nivel parlamentario que impidieron la aprobación de la ley de creación de la Universidad Nacional de Educación, el CFE comenzó años atrás la instalación de prácticas de promoción de una cultura universitaria que incluyó diversas medidas. Entre ellas, la creación de Comisiones Nacionales de Carrera y Comisiones Locales de Carrera con la participación de los órdenes docente, estudiantil y egresados, para involucrar a los actores en los procesos de construcción institucional; la elaboración de nuevos planes de estudios creditizados, con un sesgo en el desarrollo de capacidades de los estudiantes, una oferta de asignaturas electivas, y la validación de créditos por participación en proyectos de investigación y extensión; la instalación del Programa de Apoyo del Desarrollo de la Investigación en Educación (Pradine); la creación del Fondo Sectorial de Educación CFE/ANII, para financiar investigaciones de equipos docentes de la institución; la implementación del Fondo de Iniciación a la Investigación; el programa de desarrollo de la extensión ENEBRO; el desarrollo de los concursos de oposición y méritos; la aprobación por parte del Consejo Directivo Central (Codicen) de la reforma del Estatuto Docente, en setiembre de 2019, que permitiría la generación de cargos docentes para el desarrollo de la enseñanza, pero también de la investigación y la extensión.

De aquellos polvos, estos lodos

Para acompañar este proceso de cambio del perfil docente era clave la implementación de la reforma (el nuevo Capítulo XIV, que establece grados académicos y abandona la antigüedad como criterio básico de desarrollo profesional). La secuencia a seguir era: concretar dicha reforma, realizar los concursos por méritos y oposición, e instalar los grados académicos. Pero estos tiempos se desfasaron.

El CFE y el Codicen anteriores avanzaron lento (por ejemplo, la reforma del Estatuto estuvo en discusión durante cuatro años), al punto de que dejaron una situación de fragilidad tal que, a partir del acuerdo entre los consejeros políticos actuales, los delegados de la Intergremial y el colectivo organizado de los directores de los centros, a mediados de este año, se decidió suspender la aplicación de dicha reforma estatutaria para una incierta reformulación. Así, en nombre de dar garantías a los docentes y apelando discursivamente a sus derechos, se sostiene el statu quo, donde antigüedad es la palabra generadora de la organización del trabajo.

Todo ha confluido a un interés explícito e implícito por “mantener derechos adquiridos”, para que todo siga igual. Ello ha horadado procesos de transformación indispensables para construir un modo de ejercicio de la función de docencia universitaria. Sin docentes que investiguen y generen conocimiento, los seguiremos identificando exclusivamente como dadores de clases, algo que resulta absolutamente regresivo.

Este largo proceso de intentos de cambio no está exento de responsabilidades políticas. En dicho reparto cabe mencionar que, si bien el nuevo Consejo del CFE heredó la situación, no sólo suspendió la implementación del nuevo Estatuto, sino que además estableció el ordenamiento docente en base a la antigüedad. ¿Tenía alternativas? Claro que sí, pero por ahora no las transitó. Al menos le corresponde la responsabilidad de anunciar, en este contexto, el rumbo que tomará la formación de educadores. Y esto no está nada claro.

Más allá de estos vericuetos reglamentarios, que pueden resultar aburridos para quienes no pertenecen al mundo de la educación, lo importante es qué consecuencias traen estas decisiones en el colectivo de formadores de educadores, y por lo tanto en la formación en educación del país. Identificamos al menos tres tipos de efectos.

Efectos académico-institucionales

En esta dimensión, vale mencionar: se retrasa la construcción de equipos de investigación con proyección para consolidar la producción de conocimiento; la inexistencia de estímulos institucionales para una valoración real de la investigación; se deja de lado la evaluación estudiantil de los docentes; ausencia e incertidumbre sobre posibles proyecciones hacia una institucionalidad universitaria; la no priorización de la formación de los futuros educadores: si lo que prima es la antigüedad, entonces los estudiantes no tendrán a los docentes con el perfil más adecuado para el trabajo académico; la imposibilidad de establecer grados académicos, y por lo tanto de instalar el grado 1 para que recién egresados se integren a la formación y así renovar y rejuvenecer el plantel docente, y construir cultura universitaria; deslegitimación de los Departamentos Académicos, al mantener la exclusividad de la evaluación docente en la dirección del centro, que además no necesariamente tiene el perfil académico para esa tarea en relación a la diversidad de áreas de conocimiento que coexisten, y a una cultura universitaria.

Efectos laborales

A docentes que en el concurso de oposición y méritos obtuvieron muy buenas posiciones, pero tienen poca antigüedad por ser más jóvenes o nuevos en el CFE, el ordenamiento por antigüedad los deja muy abajo en el escalafón. La formación, la investigación y la producción académica no suman.

Tomemos como ejemplo un área del conocimiento de singular importancia, transversal a todas las formaciones, que es la Pedagogía. Considerando sólo a quienes concursaron en 2019, resulta que en Montevideo y debido al nuevo ordenamiento por antigüedad, los educadores que estarán en los cinco primeros lugares en el concurso 2019 (y a nivel nacional) quedaron del lugar 15 en adelante (cuatro de ellos luego del lugar 25 de un total de 56 concursantes). Y quienes en dicho concurso lograron el primer y segundo lugar (a nivel nacional) pasarán al sexto puesto y al lugar 15, respectivamente. Y esto se reitera en otras áreas, incluso con peor panorama. Entonces, ¿con qué legitimidad académica enfrentarán esos docentes a sus estudiantes y a sus colegas?, y ¿de qué forma se puede argumentar que esto no es injusto?

Además, la postergación de la implementación de grados académicos deja sin tocar la actual estructura del puesto de trabajo, que se basa en cantidad de horas/grupos. Sin cambios reales en este aspecto resulta ilusorio pensar en un docente que tenga tiempo para investigar y realizar extensión, que forme equipos, que logre estabilidad a partir de un proyecto docente, que desarrolle líneas de investigación que se mantengan en el tiempo. Así, se apela al voluntarismo, con la principal consecuencia de una producción de investigaciones de baja calidad. Por ello es indispensable acumular experiencia, que los equipos se consoliden en su integración y en el tiempo, para que se comience un proceso donde la producción de conocimiento vaya mejorando.

Efectos subjetivos

Quizás estos sean los más importantes. Estas medidas generan, entre otras cuestiones, el desestímulo de la formación permanente, la producción académica, y la investigación. Se premia la antigüedad. Se abona una sensación de cansancio por el esfuerzo realizado y no reconocido en los concursos, a lo que se suman el desánimo, la desmotivación, la indignación y un profundo sentimiento de injusticia. Y, sobre todo, se genera una profunda pérdida de sentido, que es clave para educar: ¿de qué sirve investigar, formarse, realizar esfuerzos, el trabajo bien hecho, si luego eso no se reconoce institucionalmente, si todo da igual?

Lo que queda

En este panorama, ¿quiénes están conformes? Está claro que algunos de los impulsores de estas medidas que se benefician, pero sobre todo gana la lógica escolar, tan instalada en la formación terciaria. El actual CFE queda posicionado sin un proyecto y una direccionalidad a futuro en relación a la construcción de una cultura universitaria (porque aún no se conoce su alternativa a este retroceso que resolvió). Y se le presenta un desafío clave: ¿cómo entusiasmar a docentes y educadores formados, que investigan, inquietos y dispuestos a construir?

Si bien aún hay margen para rever esto y corresponde tener cierta dosis de esperanza, ya sea por cuestiones jurídicas o por lo que este Consejo pueda proponer, la principal señal que se emite, al impulsar ese ordenamiento del escalafón por antigüedad, se puede sintetizar así: en la formación en educación rinde muchísimo esperar a cumplir años mientras nada pasa, ir subiendo lentamente de grado cada cuatro años, mantener mientras la salud física y mental, esperar a que se jubilen “los de arriba” en el ordenamiento, y contar cuánto queda para jubilarse (eso sí, un pique a no olvidar: vale hacerse amigo de la dirección de tu centro de trabajo, cuya evaluación pesará en ese ordenamiento). Nada más alejado de una pretendida cultura académica universitaria.

Guillermo Pérez Gomar es doctor en Educación, investigador y docente efectivo en el CFE. Diego Silva Balerio es educador social, magíster en Psicología y Educación, investigador, docente efectivo en el CFE.