El gobierno celebró el lunes un acuerdo entre el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y Microsoft Uruguay. La firma del documento, por la cual el edificio del Inefop recibió la primera visita de un presidente, fue anunciada en el sitio de Presidencia de la República como un acuerdo que “permitirá sentar las bases para la implementación de proyectos de capacitación en habilidades digitales y cursos avanzados”.

Increíblemente, en poco más de cuatro meses y medio del actual gobierno este no es el primer vínculo que el Estado uruguayo cierra con gigantes tecnológicos extranjeros. La aplicación Coronavirus UY es un claro ejemplo. El presidente Luis Lacalle Pou celebraba en su cuenta de Twitter publicando las cartas de felicitación que enviaran los jefes de operaciones de Apple y Google acerca del éxito en la implementación de las alertas de exposición que originaron estas empresas.

Esto, a primera vista, puede parecer una cuestión para celebrar, pero lamentablemente es, al menos, un gran llamado de atención, debido a un concepto que definitivamente no está instaurado en la conciencia colectiva: el de soberanía tecnológica. Es un concepto muy vasto, pero el aspecto que nos interesa analizar es el que está relacionado con la independencia de cualquier tecnología específica en los diversos entornos en los que se mueve nuestra sociedad.

En este caso concreto, y según lo que se menciona en el portal de Inefop, 40 instituciones capacitadoras uruguayas “impartirán de forma virtual conocimientos de programación, análisis y presentación de datos, comunicación efectiva de ideas y colaboración a distancia por medio de las soluciones de Microsoft Office y actividades de mejora de la empleabilidad”. Por ende, lo que se menciona de forma explícita es que se realizarán cursos de capacitación, que abarcarán a 10.000 personas con dificultades de empleo, en Office.

¿Es esto una situación para festejar? Veamos el bosque y no el árbol: con este curso estamos generando que un grupo importante de personas sepan una forma determinada de trabajo. Por ende, esto ata a los empleadores a depender indefectiblemente de estas tecnologías porque tienen una oferta importante de empleados que tienen estos conocimientos. Y por ende, Microsoft está logrando su objetivo de captar clientes privados. Todo esto apoyado abiertamente desde el Estado, que en algún momento puede estar también en esa situación. Considerando este razonamiento, que no es conspiranoico, sino que es lo que sucede indefectiblemente en el mediano plazo, resulta una broma de muy mal gusto que se destaque en el mismo artículo del sitio de Inefop que esta acción está en el marco de “acciones de filantropía” de la empresa estadounidense.

La cuestión se vuelve aún más grave si consideramos que tenemos la Ley 19.179, de diciembre de 2013, de “promoción del software libre y formatos abiertos en el Estado”. Se entiende por software libre aquel que cumpla cuatro libertades, las cuales incluyen que puede ser usado como se desee y para cualquier propósito. En este caso, y para que funcione correctamente, uno se encuentra limitado a las plataformas en que Microsoft haya definido que Office funcione (que no son todas).

Lo voy a traducir a un ejemplo bastante más llano: supongamos que una persona aprende a escribir. Ese conocimiento le permite hacerlo en papel, cartulina o cualquier superficie con lápices, lapiceras o cualquier objeto que le brinde la chance de realizar una marca en superficies. Con movidas como la que hacen Inefop y Presidencia, la analogía sería que se está fomentando que la gente sepa escribir exclusivamente con lapicera y en papel.

Volviendo al texto de la ley, en su artículo tercero se establece que “se considera de interés general que el sistema educativo proceda a promover el uso de software libre”. Considerando a Inefop como parte del sistema educativo, porque “tiene como principal cometido ejecutar políticas de formación profesional”, se estaría incumpliendo una pata de esta ley. El reglamentarista podría decir que no se aplica por tratarse de una persona pública no estatal, pero su consejo directivo tiene representantes, entre otros, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Cultura y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Para resumir y concluir, debemos abrir los ojos a la evolución de este tema. El Estado uruguayo ha tomado acciones que preocupan de cara al futuro tecnológico tanto en el ámbito público como el privado. Varios actores se verán afectados si no se toman cartas en el asunto y de forma rápida.