A mediados de setiembre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que repatriaría a los migrantes haitianos que se han reunido en la frontera entre Estados Unidos y México en la ciudad de Del Río, Texas.

Más de 12.000 migrantes y solicitantes de asilo, mayormente haitianos, viven en campamentos improvisados ​​bajo el puente internacional, con acceso limitado a alimentos, agua y refugio. Estados Unidos está acelerando los vuelos de deportación a Haití, que se encuentra en medio de una crisis política y social, ya que la creciente inseguridad y el conflicto armado obligan a miles de personas a huir de sus hogares en la capital, Puerto Príncipe.

Los migrantes de Del Río están siendo expulsados ​​a Haití de acuerdo con la autoridad del Título 42, una política dañina que explota la pandemia como forma de cerrar efectivamente el asilo. Desde que se emitió esta orden pública, en marzo de 2020, Estados Unidos ha llevado a cabo más de un millón de expulsiones.

Médicos Sin Fronteras (MSF) y múltiples organizaciones de inmigración y derechos humanos han pedido en repetidas ocasiones el fin inmediato de esta peligrosa y dañina política estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos debería suspender sus vuelos de expulsión a Haití por motivos humanitarios. La inseguridad que vemos hoy en Puerto Príncipe es la peor que hemos visto en décadas. Los grupos armados se han apoderado de forma efectiva de amplias zonas de la capital y sus ataques han obligado a miles de personas a huir de sus hogares. Más de la mitad de los pacientes que llegan a nuestro hospital de Tabarre, en Puerto Príncipe, han sufrido heridas de bala potencialmente mortales, a menudo por armas de fuego de alta potencia, que han proliferado por toda la ciudad. Los enfrentamientos armados en dos barrios, Martissant y Cité Soleil, nos obligaron a trasladar programas médicos de larga data a otras zonas de Puerto Príncipe este año. Muchas personas que han huido de la violencia viven en campamentos dentro de la ciudad en condiciones espantosas.

El gobierno de Estados Unidos debería suspender sus vuelos de expulsión a Haití por motivos humanitarios. La inseguridad que vemos hoy en Puerto Príncipe es la peor que hemos visto en décadas.

Es inconcebible devolver a los migrantes contra su voluntad a una situación de incertidumbre y que los pondría en peligro de muerte. Además de esto, la región sur de Haití fue golpeada por un terremoto hace menos de seis semanas, lo que dañó y generó el colapso de un sistema de salud que ya se encontraba sobrecargado. Cuando los migrantes lo único que buscan en Estados Unidos es vivir seguros, subirlos en aviones y obligarlos a entrar en este contexto es más que inhumano.

A partir del lunes 20 de setiembre, un equipo de MSF, que brinda regularmente asistencia médica humanitaria en la frontera norte de México, se trasladó a Ciudad Acuña, Coahuila, para evaluar las condiciones sanitarias en las que se encuentran concentradas más de 500 personas migrantes, de nacionalidad haitiana principalmente, en los límites de Del Río. Hasta este momento el principal objetivo de este equipo es evaluar y responder las principales necesidades médicas y sociales de estas personas que se encuentran del lado mexicano.

En las últimas semanas, MSF ha denunciado las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios médicos y sociales que sufren las personas migrantes tanto en el norte como en el sur de México. La situación de decenas de miles de personas migrantes tanto en México como en Estados Unidos es insostenible y de una vulnerabilidad extrema, debido al fracaso de las políticas de asilo y las continuas deportaciones.

Avril Benoît es directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras Estados Unidos.