Hay orden de no votar

En las vísperas de Semana de Turismo, el escenario político nacional se vio sacudido por la situación acaecida en Canelones, cuando se anunció que el edil Juan López sería expulsado del Partido Nacional por haber votado con el Frente Amplio la habilitación a la intendencia canaria a acceder a un fideicomiso para impulsar múltiples obras en diversos territorios del departamento. Esas obras, por cierto, abarcan municipios gobernados por frenteamplistas, pero también nacionalistas. Pero la situación fue mucho más que anecdótica porque involucró conferencias de prensa del Honorable Directorio nacionalista en las que se refirieron a la medida de expulsión y a manifestaciones del propio curul, que declaró que temía represalias peores, hasta habló de “aparecer boyando en el arroyo Las Piedras”. Pero también hubo otras reacciones desde el propio círculo de intendentes nacionalistas, que, lejos de avalar la decisión de expulsar al representante local canario, indicaron compartir el proceder del intendente canario, Yamandú Orsi. Carmelo Vidalín, jefe comunal de Durazno, manifestó entre otras cosas que “la política implica diálogo” y que “todos hemos hecho lo que ha hecho Orsi”.

La política no sólo implica diálogo, la política implica enfoque y abordaje territorial. Si todas las decisiones, planes y proyectos se pudieran definir desde un escritorio montevideano no habría forma de explicar las estructuras de gobierno y los gobiernos subnacionales elegidos democráticamente por la ciudadanía. La notoriedad que adquirió Orsi y su gobierno canario hace unos pocos días no habría salido tan bien de no haber sido por esto, aun programada por una agencia o un equipo asesor de altísimo nivel. La realidad es que un acto de gobierno absolutamente legítimo, basado en el diálogo y la negociación, generó una tormenta política en el oficialismo gubernamental en general y en el PN en particular.

¿Es acaso que el proceder de Orsi está alejado de los objetivos más loables de un gobernante, que debiera ser los de dar respuesta a los problemas del territorio que padecen precisamente los ciudadanos del departamento que conduce políticamente?

Se trata de una mala pisada nacionalista, que vuelve a quedar en falsa escuadra tensionando incluso los principios identitarios de una colectividad históricamente partidaria de resolver la agenda del interior sin pasar por los escritorios montevideanos.

La respuesta más categórica y contundente que se le ha dado al papelón del anuncio de expulsión de un edil departamental se la dieron varios de los intendentes propios que reivindican la política de cercanía con la que habitualmente se dialoga con el foco en los problemas del territorio.

Solemos leer y escuchar un montón de cosas ligadas a la importancia de generar políticas públicas centradas en el desarrollo y desde los territorios, pero en la práctica el actual gobierno nacional ha potenciado lo peor del enfoque centralista y sectorialista, justamente a contrapelo de lo que marcan múltiples enfoques contemporáneos que insisten en la necesidad de impulsar el desarrollo sostenible con enfoque territorial. La propia Agenda 2030 impulsada por las Naciones Unidas abunda en la necesidad de trabajar desde las ciudades y los territorios para garantizar respuestas sostenibles en términos sociales, económicos y ambientales. Nada de eso es posible sin política local y sin institucionalidad en esas escalas.

Sólo basta con pensar en las especificidades territoriales, sobre lo que abunda la literatura. Lo que en ninguna agenda puede faltar es diálogo y esquemas de gobernanza territorial en que lo urgente pueda dialogar con lo importante. La tarea de un gobernante local o departamental tiene que ver con privilegiar instrumentos y acciones que a escala territorial permitan avanzar articuladamente hacia ese desarrollo en sus distintas dimensiones.

Por eso, el episodio del edil Juan López, lejos de la anécdota, debilita la política socavando autonomías locales y marcos institucionales. No se trata de una disputa de pulpería o comisaría, se trata de política y de democracia, aunque parece que para el oficialismo y las estructuras nacionalistas lo importante es acatar lo que mandata la centralidad porque hay orden de no votar, y si lo votás te vas.

Martín Pardo es politólogo, diplomado en Desarrollo Económico Territorial.