Salario de los policías: un tema tratado con superficialidad y falta de transparencia

El salario de los policías ha vuelto a ser noticia en los últimos días, a partir del acuerdo alcanzado entre los sindicatos policiales y algunos diputados de la coalición de gobierno, luego de una manifestación pública de los sindicatos ante el Parlamento. Sin embargo, a más de una semana de que fuera anunciado, aún no se conoce el texto del acuerdo ni ha habido declaraciones de las autoridades del gobierno que aclaren su contenido. Sólo se dispone de la información aportada por los sindicatos policiales, que afirman haber acordado una recuperación salarial del 11% real. En las declaraciones públicas sobre el tema a veces se habla de aumentos reales y otras veces se hace referencia al aumento nominal de enero próximo, que también rondaría el 11%, aunque se trata de cosas bien distintas, lo que no ayuda a aclarar el panorama.

Este es un tema serio –estamos hablando del salario de los policías– y, como tal, debería tratarse con claridad y transparencia por parte de las autoridades de gobierno, para dar certezas y que no se tenga que andar haciendo cuentas y supuestos a partir de lo que está escrito en la Rendición de Cuentas y de lo que se puede interpretar de las declaraciones para intentar echar un poco de luz sobre el tema.

A esta altura, no está de más hacer una aclaración: compartimos la necesidad de que docentes, policías, personal de la salud y otros funcionarios que participan en la provisión de servicios públicos mejoren sus ingresos, que han sido tan castigados en los últimos dos años.

Ante tanta desinformación, nos planteamos dos preguntas: ¿qué pasó con el sueldo de los policías en lo que va del actual gobierno? y ¿qué es lo que realmente contiene la Rendición de Cuentas que se está discutiendo en el Parlamento en relación a la recuperación del salario de los policías?

Primero te saco y después te devuelvo algo

Respecto de lo primero, si en lo que va de este gobierno los sueldos de los policías se hubieran ajustado por la inflación, hoy un agente de policía ejecutivo estaría ganando 47.408 pesos, cuando en realidad está ganando 44.869, lo que equivale a una pérdida de salario real de casi 6%. Es decir, cada policía está recibiendo 2.500 pesos menos todos los meses al no habérsele ajustado el salario por inflación, o sea el equivalente a 18 jornales de trabajo al año que no percibirá.

Ajustar los salarios por debajo de la inflación no es un hecho fortuito, sino que justamente es una parte central del ajuste fiscal llevado adelante por el gobierno en 2021 y 2022. Hoy los salarios públicos reales, y entre ellos los de los policías, están casi 6% por debajo de 2019. Por tanto, cualquier porcentaje de recuperación debe considerarse, respecto de este punto de partida, muy deprimido.

Esto contrasta con la dignificación de la función policial llevada adelante durante los gobiernos del Frente Amplio, que en el plano salarial se tradujo en una sustancial mejora de las remuneraciones, al haberse más que duplicado el salario de los policías en términos reales, entre otras muchas acciones implementadas en ese sentido.

Respecto de la segunda pregunta que nos planteábamos, en la Rendición de Cuentas el gobierno siguió una estrategia de no fijar un criterio único de recuperación para todos los funcionarios públicos. Se establecieron criterios diferenciales y partidas específicas para los funcionarios que están representados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), para la educación, para el Ministerio de Defensa Nacional y para el Ministerio del Interior. Entre estas particularidades, por ejemplo, se excluye explícitamente a los funcionarios de los ministerios de Interior y de Defensa de la partida de 1.500 pesos para quienes ganan menos de 80.000 pesos que fuera negociada por el gobierno con COFE.

En concreto, en el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el gobierno identificamos que la recuperación para los funcionarios del Ministerio del Interior sería del orden de 6,4%. ¿Cómo llegamos a este porcentaje?

Por un lado, se puede suponer, aunque no está explicitado, que el Poder Ejecutivo ajustaría todos los créditos presupuestales de remuneraciones de acuerdo a los porcentajes de recuperación salarial acordados con COFE, en 2,9%, con la siguiente cadencia: 1,2% en 2022, 1,2% en 2023 y 0,5% en 2024.¹ A esto se agrega en 2024 un ajuste en función de la evolución del producto interno bruto, ajuste que, de cumplirse las expectativas económicas, sería del orden de 1,5% adicional. Con esto iríamos sumando una recuperación de 4,4%.²

Adicionalmente, el Ministerio del Interior dispone de una partida específica para recuperación salarial, de 650 millones de pesos a partir de 2023. Tal como está redactado el artículo hasta ahora –esto puede cambiar en la discusión en el Parlamento–, no está definido cómo se va a distribuir esta partida. Si se distribuyera como un porcentaje de aumento igual para todos los funcionarios, permitiría ajustar los sueldos en alrededor de 2%, lo que, junto al 4,4% anterior, determinaría una recuperación total de 6,4%. Este ajuste de 2% representaría unos 900 pesos para un agente de policía ejecutivo. En cambio, si la partida se distribuyera como un monto fijo entre los 33.000 funcionarios del ministerio, representaría alrededor de unos 1.250 pesos nominales por persona (más los aportes patronales), lo que, para el policía ejecutivo, representa alrededor de 2,7%. Estas son sólo hipótesis respecto de la distribución de la partida, y cálculos aproximados pero que, ante la falta de información oficial clara y transparente, dan un orden de magnitud y permiten echar un poco de luz sobre el tema.

¿Realmente en este período se va a recuperar el 11% real?

Luego de la manifestación pública en las afueras del Palacio Legislativo, los sindicatos policiales anunciaron que, básicamente, acordaron dos cosas con los diputados de la coalición de gobierno: una recuperación del salario real de 11%, y que para alcanzarlo faltaría asignar 2,5% por encima de lo que ya está dispuesto en la Rendición de Cuentas.

Sin embargo, ambos compromisos no serían consistentes. Si el adicional comprometido fuera de 2,5%, se llegaría a una recuperación del orden de 9% y no de 11% como se ha afirmado. Como se analizó antes, el aumento previsto en la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo es del orden de 6,4%, por lo que para llegar a 11% de aumento real habría que agregar 4,6% y no sólo 2,5%. Por tanto, nos preguntamos, ¿cuál es realmente el compromiso de recuperación salarial?

En cualquier caso, para financiar una asignación adicional el Parlamento puede reasignar partidas destinadas a otros fines, ya sea dentro del propio ministerio como de otros organismos. Los montos involucrados son significativos, lo que dificulta las posibilidades de reasignación sin afectar la cantidad de cargos ni los gastos más sensibles del ministerio. Tengamos en cuenta que un aumento de 1% en el salario de todos los funcionarios del Ministerio del Interior significa unos ocho millones de dólares, lo que ilustra claramente que la tarea que tendrán los parlamentarios no será sencilla. En este caso, además, una tarea propia de los parlamentarios en toda discusión presupuestaria, como lo es la reasignación de partidas, con todas las implicancias que ello tiene en términos de la priorización de unas u otras demandas y necesidades, se desarrollará en un escenario confuso y opaco respecto de los compromisos asumidos con los funcionarios policiales.

El ajuste de enero próximo que anunció el ministro

Recientemente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando se refirió al acuerdo, sólo hizo referencia a que el salario del policía se ajustaría para llegar a 50.000 pesos a partir del 1° de enero de 2023 y no mencionó el presunto compromiso de recuperación del salario real de 11% que afirman los sindicatos. Por tanto, una vez más, no está claro cuáles son realmente los compromisos del gobierno.

Llevar el salario del policía ejecutivo a 50.000 pesos nominales significa un ajuste nominal del orden de 11,6%, lo que sí parece bastante plausible. El ajuste de enero de 2023 ya dispuesto en los criterios generales de ajuste y con la partida específica para el Ministerio del Interior daría un ajuste de entre 10,7% y 11,5%, según cómo se distribuya dicha partida. Por tanto, la diferencia para alcanzar los 50.000 pesos sería relativamente menor, a lo sumo del orden de 1%, lo que no parecería tan complejo de alcanzar mediante reasignaciones dentro de la Rendición de Cuentas si el gobierno lo promueve.

Reiteramos lo del comienzo. La realidad es que por dos años, todos los meses, se le viene sacando plata del bolsillo al policía. Si tan sólo se hubiera ajustado el salario por inflación, el policía ejecutivo hubiera cobrado 2.000 pesos mensuales más a lo largo de 2021, 2.500 pesos mensuales más en lo que va de 2022 y 1.600 pesos a partir de julio, cuando se cobre el adelanto a cuenta del aumento de enero próximo. En dos años, el policía ejecutivo cobró en total 48.600 pesos menos. O sea, se le sacó bastante más de un sueldo del bolsillo. Es un claro ejemplo de los efectos negativos de la política salarial aplicada por este gobierno. Por el contrario, la recuperación anunciada demorará muchos meses en concretarse completamente, y ni siquiera está claro el porcentaje ni cómo se va a poder efectivizar.

Para concluir: creemos que la situación salarial de quienes prestan un servicio público tan importante como docentes, policías y otros funcionarios no puede ser tratada como “variable de ajuste”, y que las políticas salariales que se impulsen deben ser formuladas de manera clara y transparente. Así lo exigen tanto la correcta gestión presupuestaria como los imperativos de la gestión política de los asuntos públicos.

Michael Borchardt es asesor parlamentario del Frente Amplio y fue director de la Unidad de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas entre marzo de 2010 y febrero de 2020.