Una política de Estado podría sintetizarse en esas conjugaciones verbales, a desarrollar en el tiempo por gobiernos diferentes. Creo que es la forma de gobernar provechosamente un país, una región, un ente. Felizmente Uruguay tiene ejemplos de “políticas de Estado” que han hecho posibles realizaciones perdurables. Algunas están legisladas hasta constitucionalmente, como la asignación de partidas presupuestales a los gobiernos del interior, que, gobierne quien gobierne, deben cumplirse. Otras han sido las políticas de Colonización, que lamentablemente han tenido en la LUC (ley de urgente consideración) un resbalón. Son nada más que muestras de una muy larga lista de políticas que traspasan los gobiernos.

Hay un organismo que por su naturaleza y cometidos es el típico escenario para ese tipo de conductas: la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. Su labor es tan trascendente, su estructura tan especial, que no admitiría acciones variables según el color de los gobiernos.

Lamentablemente, de 2020 hacia acá se han “violado” algunos de los cánones de transparencia y ecuanimidad que en 15 años de gobiernos del Frente Amplio se respetaron, en la contratación de personal, sustituyendo concursos por nombramientos políticos. Pero eso es harina de otro costal. Hoy me refiero a una idea que se hizo proyecto, se convirtió en planes de acción y financiamiento y hoy es ejecución: la recuperación y puesta en valor de las costas del curso inferior a la represa.

Todo Salto ha saludado el comienzo de las tareas de recuperación costera que ha planificado Salto Grande y que la misma CTM financiará con parte de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es la parte final del proceso: piensas, planeamos, ejecuto.

Hace más de cuatro años, la CTM (otra delegación uruguaya) decidió solicitar al BID que se destinara al tratamiento de la costa un millón de dólares, en el marco de una operación mayor, para poner en marcha un programa de recuperación. El equipo, que en Uruguay presidía el ingeniero Gabriel Rodríguez, elaboró los lineamientos básicos de esa tarea, para fundamentar ante el BID en qué invertiría esa partida. El BID estuvo de acuerdo en que, además de renovaciones y otras acciones, CTM destinara un millón de dólares a recuperar y revalorar la costa. Los técnicos (funcionarios del ente binacional) posiblemente sean en su mayoría los que programaron y no pararon de trabajar desde aquella solicitud, para ponerse hoy al frente de la obra. En Uruguay cambiaron los mandos políticos (la delegación), pero el país representado es el mismo. El que pensó que era bueno hacerlo fue un actor político, quien negoció y obtuvo los recursos del BID fue el mismo, quien transformará planes y dinero en obras es otro servidor de la República. La nación es la misma, el beneficiado es el país.

No es un mérito de esta delegación empezar un trabajo que planeó y financió la anterior, es su obligación. No vale colgarse medallas políticas por cumplir con el deber. También debería ocurrir con las normas.

Seguramente la actual CTM habrá destacado la idea y acción de la anterior delegación. O lo hará en breve. Será justicia y quedará clara la política de Estado, más allá de los partidos.

Ramón Fonticiella es maestro y fue intendente de Salto entre 2005 y 2010