La transformación educativa: un buque insignia sin capitán

Tras la renuncia al cargo de la Presidencia de la ANEP para llevar adelante su precandidatura a la Presidencia de la República, el doctor Robert Silva abandona el proceso de desarrollo de la transformación educativa, que como veremos está inmerso en un clima de alta conflictividad.

Luego de esto y de terminado el tratamiento parlamentario de la rendición de cuentas, podemos arribar a algunas conclusiones acerca del derrotero de una de las principales políticas de este gobierno: la transformación educativa.

El gobierno eligió llevar adelante esta política bajo su fuerte liderazgo y con la consigna “La transformación educativa empezó y no se va a detener”.¹ Para ello se generó un clima de confrontación con los sindicatos docentes y gremios estudiantiles a los que entendía como los principales oponentes al cambio educativo.

Este enfrentamiento comenzó con el sumario con separación del cargo y retención del 50% de haberes a 14 docentes del liceo n.º 1 de San José, tras el desarchivo de una denuncia realizada en 2019. Luego se conformó a nivel parlamentario la “Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 2015-2020” y una larga lista de acciones en esta misma línea, entre las que se incluye la separación del cargo del director del IAVA. Este contexto de confrontación generó, además de miedo, una sensación de malestar y enojo en toda la comunidad educativa.

En este ambiente de enfrentamiento y crispación, con los efectos aún muy recientes de la pandemia, con una afectación especial en las comunidades educativas, los primeros pasos de la transformación educativa, además de no contar con espacios participativos de construcción colectiva o legitimación, fueron muy dubitativos y herméticos, al punto que los planes y currículas no fueron dados a conocer hasta ya avanzadas las elecciones de horas de las diferentes asignaturas.

Este proceso fue acumulando disidencias a su paso por las propias características de su implementación y contenido que venimos relatando. Surgen así en el debate público las asociaciones académicas de profesores y las salas autoconvocadas de las diferentes materias, que veían cómo sus asignaturas eran resignadas o transformadas en el nuevo plan de estudios.

Al clima efervescente de discrepancias y manifestaciones públicas de oposición a los cambios planteados por el Codicen comienzan a sumarse también otras voces que fueron alejándose de la postura oficial sobre la implementación de la transformación desde el seno del gobierno y en la conducción de la educación, situación que se empezó a advertir a partir de las declaraciones de la subsecretaría de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, quien expresó sobre el tema: “No tuve participación y no tengo nada que decir”.

A esto se suma la renuncia del subdirector de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), quien consideró que si se está “promoviendo un cambio educativo que implica trabajo colaborativo”, el hecho de que exista “parcialidad de datos” y “hermetismo en el entorno de alguna dirección de gestión” lo dejan “en una situación muy comprometida”.²

También ha mostrado públicamente sus diferencias el consejero Juan Gabito, quien fuera presidente del Codicen de la ANEP durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera. Gabito expresó que en la segunda etapa de construcción de la reforma curricular hay que “invitar a las ATD desde el inicio”³, cosa que luego no ocurrió.

La frutilla de la torta de este proceso de alejamiento del gobierno de la transformación educativa fue la asignación presupuestal nula que se le otorgó a la misma en esta última rendición de cuentas. La ANEP tiene la posibilidad de presentar su propio mensaje en cada rendición de cuentas, solicitando el presupuesto que cree necesario para el desarrollo de su gestión. En este caso realizó un pedido de $2.412.607.092,⁴ que representa poco más del 2,5 por ciento del presupuesto total del ente. Esta solicitud no fue recogida en el mensaje del Poder Ejecutivo.

Luego, en el tratamiento de esta rendición de cuentas, los legisladores del gobierno propusieron una reasignación presupuestal dentro del propio ente, que constaba en retirar del fondo de infraestructura de la ANEP (fondo que dedica su presupuesto a la reparación y construcción de nuevos centros educativos, entre otras cosas) $240.000.000 para 2024 y 2025 respectivamente, para volcarlos en la contratación de las figuras que llevarán adelante la transformación educativa en cada centro, los tan cuestionados mentores. Haciendo un cálculo rápido del monto retirado de infraestructura, podemos decir que estos terminan costando el equivalente a seis centros educativos nuevos. Además de la nula asignación presupuestal a la ANEP, los legisladores del gobierno decidieron no dar lugar a una solicitud del ente que no requería monto presupuestal. Este pedido hacía referencia a la modificación del artículo 69 de la ley General de Educación que fue cambiado anteriormente por la LUC en su artículo 163.

En síntesis, la transformación educativa es una política pública que empezó con bombos y platillos y con un claro respaldo del Poder Ejecutivo, pero que al no tener en cuenta las opiniones de los distintos actores del quehacer educativo fue perdiendo apoyos primero en la opinión pública, para luego hacerlo dentro de los propios actores del gobierno. Robert Silva, que ya ha sido proclamado como uno de los precandidatos del Partido Colorado a la Presidencia de la República, se aleja de la Presidencia de la ANEP con varias promesas de campaña incumplidas y con su buque insignia a la deriva.

Agustín Mazzini es diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.