Por el agua y por la vida: reflexiones sobre el derecho al agua en Uruguay

A 20 años de la reforma constitucional que consagra el derecho humano al agua, mucha agua no ha pasado debajo del puente. A pesar de la oportunidad de cambio que brindaba el artículo 47 de la Constitución para generar un relacionamiento con el agua basado en la sostenibilidad de la vida, en un contexto nacional y político con potencialidad para el cambio con el auge regional de los progresismos, Uruguay –de la mano de organismos internacionales como el Banco Mundial y de las Naciones Unidas– continuó con las políticas neoliberales. En efecto, se siguió avanzando sobre las tierras-territorios, las aguas-territorios y los cuerpos-territorios. Despojando a la población mediante la privatización de facto del uso y disfrute de las aguas, un bien de todxs esencial para la vida. La contaminación y las privatizaciones les quitan a las y los uruguayos la posibilidad de decidir, gestionar y hacer.

Así, aguas-territorios tóxicos producen cuerpos-territorios intoxicados, como sucede en la región arrocera del este ^{1 2}, o en el norte en el embalse de Salto Grande ³ o en las playas de Montevideo, donde una niña de 20 meses terminó siendo trasplantada del hígado por haberse bañado en la playa Carrasco, durante una floración de cianobacterias ⁴. También, en 2023, el 60% de la población del país se quedó sin agua potable. Durante dos meses, tuvieron que sobrevivir con un agua perjudicial para la salud, donde los que tenían los medios para evitarla lo hacían, y lxs muchxs que no los tenían, se veían obligadxs a consumirla. De esta forma, durante la crisis hídrica quedó en evidencia que cuando la calidad y disponibilidad del agua se ven comprometidas existen efectos diferenciados. En particular, las mujeres en situación de pobreza son quienes se ven más vulneradas en su derecho al agua. Por la forma en que está organizada nuestra sociedad, los trabajos de cuidados que dependen en gran parte del uso y acceso al agua toman más tiempo, dinero y generan ansiedad.

Hoy, la tecnocracia se pisa el palito al tratar de imponer el proyecto Neptuno/Arazatí sin respaldo de la ciencia ni participación ciudadana. La defensa del ambiente y el derecho al agua establecida en el artículo 47 de la Constitución uruguaya es ignorada al igual que las opiniones de científicxs expertxs en la temática. En este caso, las advertencias sobre la calidad y cantidad de agua que este proyecto ofrece, los reclamos de vecinxs de la zona y los costos muestran que se antepone los intereses económicos al cuidado del ambiente y los derechos de las personas.

Pero no es sólo el artículo 47 de la Constitución lo que está siendo violentado por estas prácticas, también el Acuerdo de Escazú, en vigor en Uruguay desde 2021, que garantiza el derecho a la justicia ambiental. Sin embargo, la ciudadanía no puede ejercer ese derecho para defender el agua-territorio. Hace unas semanas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decretó no permitir declarar a científicxs sobre los cuestionamientos al proyecto Neptuno ⁵. ¿Cuál es el argumento sesgado, cuando el sistema que se quiere imponer necesita censurar voces? Cuando el sistema supuestamente basado en el uso de la mejor tecnología para “hacer las cosas bien” necesita anular a una gran parte de la ciencia, que le dice que no hay forma de hacer las cosas bien si se hacen de esa manera. Más que un síntoma de lo exitoso que el sistema puede ser, adelanta su fracaso.

Así, como ocurrió en los debates de la ley de riego⁶, el oficialismo –hoy de otro signo– censura con argumentos absurdos la voz de la ciencia que le pone trabas en el camino para implementar otro proyecto privatizador del agua ⁷. Censurar la evidencia que demuestra lo nefasto que este tipo de proyectos puede ser es condición necesaria para poder implementarlo. Esto debería ser advertencia suficiente para la población para prestar atención a los intereses subyacentes detrás de este tipo de –falsas– soluciones. En un contexto de crisis climática e hídrica debería primar el principio precautorio y la defensa de derechos, no el negacionismo científico funcional al capitalismo.

Debemos preguntarnos: ¿cómo es esto posible?; ¿cómo pasamos de ser un país de referencia a nivel regional y mundial por haber declarado el acceso al agua y el saneamiento un derecho humano fundamental, a estar en esta situación?; ¿cómo un país abundante en agua se quedó sin agua para el 60% de su población?; ¿cómo enfermamos cuerpos que hacen disfrute de aguas que les pertenecen, que nos pertenecen a todxs? ¿Quiénes se están beneficiando de esto? ¿La falta de agua es culpa solamente de fenómenos climáticos agravados por el caos climático? ¿O habrá algo más? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de esta situación? ¿Quiénes generan la contaminación y quiénes son los que conviven con esta?

Uruguay es un país agroextractivista, sus productos de exportación son mayormente producidos y compuestos con agua. Entonces, Uruguay es un exportador neto de agua, a la vez que las actividades agropecuarias son las principales fuentes de contaminación de las aguas. ¿Será que cruzamos una línea? ¿Exportamos de más poniendo en peligro la resiliencia de nuestros ecosistemas? Son preguntas para reflexionar entre todxs si queremos transitar hacia relaciones ecosociales basadas en la sostenibilidad de la vida.

La respuesta no está en las soluciones tecnocráticas que el capitalismo nos vende como falsa solución al problema que él mismo generó. Las soluciones no están ni en el Río de la Plata, ni en más represas, ni en buscar agua en la luna para seguir haciendo lo mismo. Proyectos como Neptuno/Arazatí no ofrecen una solución real a un problema que tiene que ver con cómo organizamos a nivel social el uso y cuidado del agua pensando en generaciones futuras y no sólo en beneficios económicos para unos pocos. El 77% del agua en Uruguay se destina a usos productivos, sólo 9% es para consumo doméstico; sin embargo, en 2023 quienes no teníamos agua éramos lxs ciudadanxs comunes, no las empresas. Esas empresas ganaron más dinero y recibieron apoyo estatal durante la crisis.

Hoy se promueven nuevas soluciones mágicas para el futuro (por ejemplo, hidrógeno verde o Google data center) que implican un consumo importante de agua justificado por sus beneficios económicos como principal índice de mejora de la calidad de vida. Pero no se evalúa o considera qué impacto tendrán estos proyectos acumulados en el ciclo hidrosocial ya impactado por el modelo intensivo agroindustrial, ni lxs ciudadanxs locales cuentan con la información necesaria para participar en la gestión del territorio. Se requieren reflexiones profundas y colectivas. Se requieren cambios estructurales profundos que abandonen las lógicas patriarcales de dominio y control de la naturaleza construyendo alternativas que pongan otros valores no mercantiles en el centro.

La disputa por el derecho al agua es un reclamo por poner como usos prioritarios los relacionados con la sostenibilidad de la vida –como el alimento, la salud y el disfrute– y la vida de otros seres con quienes convivimos en nuestro territorio. Recordemos que ríos tóxicos, cuerpos tóxicos, no fueron siempre así. No naturalicemos la toxicidad.

Lucía Delbene, Ana Filippini, Daniela Guerra, Lilián Celiberti y Mariana Achugar son integrantes del colectivo Ecofeminista Dafnias.