Julian Assange está a punto de ser extraditado a Estados Unidos: Su libertad nos compromete como Estado

Julian Assange, preso en Reino Unido, está a punto de ser extraditado a Estados Unidos, acusado de espionaje, lo que está penado hasta con la muerte. Su delito: sacar a la luz el “espionaje electrónico” de Estados Unidos a todos los habitantes del planeta.

En el caso Assange se combinan el virtuosismo tecnológico y la desmesura política.

Virtuosismo tecnológico

Assange hackeó o pirateó archivos electrónicos secretos del gobierno de Estados Unidos y los publicó en WikiLeaks, sitio que creó al efecto en 2006. En 2010 publicó cerca de 700.000 documentos clasificados sobre acciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Medio Oriente, entre ellos, un video que muestra un helicóptero artillado que abatió a 18 civiles desarmados, entre ellos, dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.

A través de la National Security Agency (NSA) Estados Unidos sigue hackeando miles de millones de sitios personales, empresariales y gubernamentales al ingresar a cuentas de correo electrónico, Facebook, X, Instagram, etcétera.

Junto a Assange y Edward Snowden, exagente de la NSA, han tenido un alto protagonismo en la denuncia del espionaje electrónico. En junio de 2013, en los periódicos The Guardian y The Washington Post, Snowden hizo públicos documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, entre ellos los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore.

Estos hackers se formaron a medida que se desplegaba y perfeccionaba la estrategia de vigilancia global diseñada por Estados Unidos junto con Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Con tal propósito, la NSA diseñó la red Echelon, desplegada en la década de 1970 para la intercepción de señales que circulaban mediante satélites de telecomunicaciones comerciales. Su sede física estaba en la estación Yakima, en el estado de Washington. Rápidamente se instalaron otras estaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Alemania.

Desmesura política

El masivo espionaje electrónico de Estados Unidos se hace al barrer, sin respetar la institucionalidad internacional ni la de cada país. Constituye un delito. Ha llegado, incluso, a causar inquietud en la Unión Europea. Un informe del Parlamento Europeo concluye:¹ “Las tecnologías analizadas anteriormente tienen una función legítima de aplicación de la ley; sin tales controles democráticos, proporcionan poderosas herramientas de opresión. La proliferación vertical y horizontal desenfrenada de las tecnologías de control político descritas en este informe presenta una poderosa amenaza a las libertades civiles en Europa en el siglo XXI”.

El 5 de setiembre de 2013, cancilleres de países que integran el Mercosur se reunieron con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, para expresarle su “preocupación” e “indignación” por el sistema de ciberespionaje de Estados Unidos en la región y denunciar estos hechos. Ese mismo mes, la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff criticó duramente a Estados Unidos por infiltrarse ilegalmente en su red de comunicaciones, interceptar subrepticiamente llamadas telefónicas e irrumpir en la Misión de Brasil ante la ONU.

El ex director técnico de la NSA hasta 2001, William Binney, confirmó ante la comisión parlamentaria alemana que investigó el espionaje estadounidense en suelo germano que el teléfono de la canciller Angela Merkel (2005-2021) estaba intervenido con el objetivo de “conocer mejor su pensamiento y sus preocupaciones”. Hasta el momento, no ha habido reclamaciones políticas ni judiciales de ningún país o grupo de países.

Arrogancia ética

El espionaje electrónico es un instrumento más de la geopolítica de Washington, que se está tornando cada vez más belicosa e invasiva a medida que disminuye la potencia de Estados Unidos, en un mundo cada vez más multipolar. Esta geopolítica se sustenta en la doctrina de seguridad nacional, para la cual “el fin justifica los medios”, de forma que la verdad no constituye una exigencia ética significativa.

La historia de Estados Unidos está plagada de hechos falsificados sobre los cuales se construyen mentiras como pretexto para aventuras bélicas y avasallamiento de los derechos humanos.

Extraterritorialidad

Tras los atentados a las Torres Gemelas del 11 de setiembre de 2001, el gobierno de Washington hizo aprobar la Patriot Act (26 de octubre de 2001), que multiplica los actos tipificados como “terroristas” y legaliza la extraterritorialidad de las normas estadounidenses, y por tanto de sus acciones punitivas. Se formaliza de este modo la “vigilancia global” (global surveillance) que la NSA realizaba de hecho desde varias décadas atrás, a partir del Programa Echelon (1970).

Con todo, la vigilancia global, es decir, el espionaje electrónico urbi et orbi, almacena cantidades de datos y por sí solo no lleva a cabo el análisis cualitativo, que exige expertos en inteligencia, como fue el caso de las Torres Gemelas.

Los principios básicos del derecho internacional –respeto de la autodeterminación, la no intervención, la igualdad soberana– se ubican en las antípodas de las acciones de Estados Unidos en el mundo: busca, en forma combinada, la dominación política, económica, territorial.

En la década pasada, un grupo de empresas europeas debió pagar 40.000 millones de dólares, acusado por Washington –y no por las Naciones Unidas– de no respetar las sanciones decididas por Estados Unidos contra ciertos países (Irán, Cuba…), con lo que el “derecho” se transforma en un arma para absorber o eliminar competidores.

Y Uruguay...

Entre los cables hackeados, Assange dio a conocer uno sobre Uruguay, en el que el embajador estadounidense en 2009, Frank Baxter, afirma : “A Estados Unidos no le importa si Uruguay es borrado del mapa o es destruido”, pues eso no afectaría su seguridad nacional. El anuncio fue realizado en el marco de una teleconferencia realizada en la Facultad de Psicología, en la que Assange presentó su libro Cryptopunks desde la embajada de Ecuador en Londres, donde se encuentra desde agosto de 2012.

A Uruguay sí le importa si Assange “es borrado del mapa o es destruido”, porque su libertad nos compromete como Estado que quiere poder mirar a los ojos a los demás estados.

Claudio Iturra es profesor de Historia.