“En el espectáculo, una parte del mundo se representa ante el mundo, y le es superior” — Guy Debord, La sociedad del espectáculo (1967).
En setiembre de 2025, Orsi habló ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y no usó la palabra “genocidio” para describir lo que ocurría en Gaza. La reacción dentro del Frente Amplio fue inmediata y encendida. La senadora Constanza Moreira declaró que la palabra “importa, y mucho”. Sectores militantes del FA acusaron al gobierno de “tibieza” y “continuismo”. Semanas después, el 9 de octubre, la vicepresidenta Carolina Cosse marchó junto a la movilización pro-Palestina convocada por el propio FA y dijo lo que el gobierno no había dicho: “lo que está pasando en Gaza es un genocidio”. Pero cuando le preguntaron, Cosse añadió en el mismo aliento que el ataque de Hamas había sido terrorismo. La frase completa, incómoda y matizada, quedó opacada por el titular más simple. Todo eso por una palabra. Una sola palabra que, de haber sido pronunciada por Orsi en Nueva York, no habría alterado absolutamente nada en Gaza, pero que habría satisfecho una demanda interna poderosa: la demanda de performance.
La palabra que no se dijo (y el mundo que no cambió)
Uruguay ya votaba a favor de resoluciones de cese al fuego en la ONU. La posición diplomática del gobierno sobre el conflicto no era neutral ni ambigua: era clara, documentada y activa. Pero la palabra “genocidio” —su peso simbólico, su fuerza retórica— se convirtió en la vara de medida del compromiso. No los votos emitidos. No los canales diplomáticos utilizados. La palabra.
Esta sustitución —de la acción por la declaración, de la política por la etiqueta— no es exclusiva de Gaza. Es la lógica operativa de la performance política contemporánea: lo que importa no es lo que se hace sino lo que se dice, no la sustancia sino el registro. Y produce una trampa cognitiva precisa que los psicólogos Leonid Rozenblit y Frank Keil describieron en 2002 como la ilusión de profundidad explicativa (Illusion of Explanatory Depth, IOED): la tendencia a creer que se entienden los sistemas complejos con mucho más detalle y coherencia de lo que realmente ocurre. Tomo el concepto como herramienta analógica.
Rozenblit y Keil lo demostraron para sistemas causales físicos —cómo funciona una cerradura, una bicicleta, un inodoro—. Su extensión al dominio político no es una aplicación experimental sino una transposición: la estructura de la ilusión es la misma, el dominio es diferente. Lo que la analogía ilumina es precisamente lo que interesa: la brecha entre la familiaridad con una causa y la comprensión del sistema que se pretende operar.
Los militantes que exigían la palabra “genocidio” comprenden el valor performativo de la catástrofe. Su lectura moral no es falsa: es relativista en un sentido técnico preciso. El hecho —el sufrimiento concreto de personas concretas— queda desplazado por la lucha en el terreno de las palabras. La causa palestina real —su pueblo, su historia, sus divisiones internas, su agencia propia— importa menos que la función que cumple en ese esquema. Es una solidaridad con el símbolo, no con la realidad. Y confundir esa afinidad refleja con comprensión profunda es la IOED en su forma más políticamente costosa: la palabra pronunciada por un presidente uruguayo en Nueva York no cambia nada para ningún niño palestino, pero sí salda una deuda con un relato identitario doméstico que poco tiene que ver con Palestina.
Desplazar las cosas en mérito de las palabras es un error político: costoso, diagnosticable, corregible. Desplazar a los seres humanos de fines en sí mismos a medios para una lucha simbólica es otra cosa.
El síndrome del abanderado
Gabriel Boric, Gustavo Petro, Lula Da Silva. Los tres presidentes de izquierda más prominentes de América Latina “saludaron la bandera” en Gaza: declaraciones enfáticas, públicas, inequívocas. Boric fue el más vocal: el joven símbolo de una izquierda latinoamericana renovada, la encarnación del estallido chileno de 2019 convertida en gobierno. Dijo las palabras correctas. Actuó de manera impecable para la base activista y el circuito progresista internacional.
El resultado: en diciembre de 2025, José Antonio Kast ganó la presidencia de Chile con el 58% de los votos contra el 41% de Jeannette Jara —y lo hizo convirtiéndose en el presidente más votado de la historia de Chile, superando el récord que el propio Boric había establecido cuatro años antes. La peor derrota de la izquierda chilena desde 1990. El propio partido de Boric lo responsabilizó públicamente.
El diagnóstico no es que la performance causó la derrota. Eso sería demasiado fácil y demasiado falso. Kast ganó por seguridad, migración, hartazgo, una derecha unificada y un Franco Parisi que capturó el voto antiestablishment que en otro ciclo habría ido a la izquierda. Nada de eso tiene que ver con Gaza. Lo que la performance hizo fue más silencioso y más letal: ocupó el espacio político que debía haber ocupado la gobernanza. Boric no perdió por performar. Perdió mientras performaba.
La Colombia de Petro navega una crisis institucional permanente. Lula parece la excepción, pero Lula es Brasil, una escala continental que absorbe lo que hundiría a cualquier otro gobierno, más décadas de capital político personal que ningún otro líder de la región posee. La excepción confirma la regla: los gobiernos de izquierda performativos están siendo castigados electoralmente. La performance no fue el problema. La ausencia de gobernanza detrás de ella, sí.
La ilusión de profundidad explicativa aplicada al poder
La IOED ilumina algo más profundo que el diagnóstico habitual de “problema de comunicación”. La ilusión no es solo que los políticos no puedan explicar lo que hicieron. Es que tanto los líderes como sus bases activistas confunden la familiaridad con una causa con la comprensión del ejercicio del poder.
Los militantes que exigían la palabra “genocidio” entienden genuinamente la catástrofe humanitaria en Gaza. Su lectura moral es sólida. Lo que no terminan de aprehender —y aquí es donde la IOED muerde— es el sistema completo de variables que un gobierno administra cuando hace o evita una declaración simbólica: relaciones diplomáticas, acuerdos comerciales, canales bilaterales, la posición de la comunidad judía uruguaya, la arquitectura interna del derecho internacional, la palanca real de un país de 3,5 millones de personas en un conflicto a ocho mil kilómetros de distancia. Se confunde la familiaridad con el sufrimiento con el dominio del instrumento.
La ilusión se cierra sobre sí misma: la distancia respecto de la complejidad real del sistema no genera humildad sino certeza. Quien no puede ver las restricciones no las considera —y quien no las considera las niega. La performance tiene una propiedad que ninguna política pública posee: es autorreferencial. No puede fallar en sus propios términos. Si el grupo aprueba el gesto, el gesto fue exitoso, con independencia de cualquier consecuencia sobre la realidad. Este cierre autorreferencial es su fortaleza táctica y su debilidad sistémica: una política que nunca puede fallar es también una política que nunca puede aprender.
El gobierno que nadie ve
Aquí es donde los dos lados del argumento deben sostenerse simultáneamente, sin consuelo para ninguno.
El gobierno recibió un déficit fiscal superior al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto en décadas, según el propio Orsi en marzo de 2026, con gastos deliberadamente trasladados al ejercicio 2025 por la administración saliente. En ese contexto, la moderación fiscal no es ideología disfrazada de tecnocracia: es una restricción real, heredada, que limita el margen de acción independientemente de la voluntad política. El problema es que esa restricción es invisible en el debate público. Y lo invisible no existe políticamente.
El impuesto del 1% a la riqueza del 1% más rico es el ejemplo más nítido de este patrón. La propuesta, surgida del PIT-CNT, recorrió rápidamente el circuito de demandas simbólicas que el activismo le exige al gobierno: afecta a unas 25.000 personas, generaría ingresos equivalentes a aproximadamente el 1% del PIB, y tiene una potencia retórica considerable. Orsi la descartó en agosto de 2025. La reacción interna fue predecible. Lo que nadie discutió con la misma energía fue qué pasaría con la inversión extranjera, qué señal enviaría a los mercados de deuda, o cómo interactúa con el objetivo de reducir el déficit al 2,9% del PIB para el final del mandato. La medida importa menos como política fiscal que como gesto. Y es precisamente eso —su función gestual— lo que la hace tan atractiva para quienes la exigen y tan costosa políticamente para el gobierno que la rechaza.
El gobierno que no se explica
La baja aprobación de Orsi y su gobierno debería inquietar a cualquier analista del FA. Más allá de la aprobación general, la más reveladora es la interna: dentro de los propios votantes de la fórmula presidencial en el balotaje, solo el 45% aprueba la gestión del gobierno. No es que la oposición castigue —eso era esperable. Es que casi uno de cada tres votantes propios ya no acompaña.
La pregunta que rara vez se formula con honestidad es esta: ¿la reprobación refleja la ausencia de performance o la ausencia de radicalidad real? La respuesta incómoda es que ambas cosas están entrelazadas de un modo que conviene a todos no desenredar.
El distanciamiento de lo performativo tiene un costo legítimo cuando se convierte en distanciamiento de la urgencia. El perfil bajo no es intrínsecamente virtuoso: puede ser prudencia, o puede ser la parálisis más cómoda que existe, aquella que se disfraza de responsabilidad institucional. La distinción importa, y es difícil de hacer desde afuera —y aparentemente también desde adentro.
El desafío no es elegir entre gobernar y comunicar, ni entre prudencia fiscal y ambición transformadora. En 2026, la gobernanza que no logra explicar sus propias restricciones es políticamente indistinguible de la inacción —y las demandas que no se interrogan a sí mismas sobre su viabilidad real son políticamente indistinguibles de la demagogia.
El estadista y el símbolo: una distinción que importa
Hay una diferencia estructural entre el político que gobierna con asuntos de palabras y el que gobierna con asuntos de cosas. No es una distinción de valores ni de intenciones: es una distinción sobre qué se toma como referencia de la propia acción. El político performativo se mide contra el relato aceptado por su grupo: ¿dije lo correcto? ¿fui suficientemente enfático? ¿el círculo validó mi posición? La realidad no es el árbitro; lo es la tribu. El estadista, en cambio, se mide contra resultados que el mundo produce independientemente de lo que se diga sobre ellos: ¿bajó el déficit? ¿mejoró la seguridad? ¿hay más vivienda? ¿el costo de vida es distinto al de hace dos años?
Una política de vivienda o funciona o no funciona —aunque “funcionar” sea un territorio en disputa, con métricas que favorecen a unos y perjudican a otros. Una reforma de seguridad produce resultados, aunque la percepción y los números raramente coincidan. Un presupuesto cierra o no cierra. Esta exposición a la realidad —imperfecta, disputada, pero real— es lo que hace al estadismo más difícil que la performance. Y también, paradójicamente, más deshonroso cuando falla, porque no hay relato que lo cubra del todo.
En 2026, la gobernanza que no logra explicar sus propias restricciones es políticamente indistinguible de la inacción —y las demandas que no se interrogan a sí mismas sobre su viabilidad real son políticamente indistinguibles de la demagogia.
Los datos de aprobación sugieren —y esto es lo que debería inquietar más a la izquierda uruguaya que cualquier disputa sobre palabras— que los votantes que se están alejando no lo hacen necesariamente porque el gobierno no performó suficiente. Lo hacen, en muchos casos, porque viven en la realidad de los asuntos de cosas y perciben que esa realidad no está mejorando a la velocidad que esperaban. No se van por la palabra “genocidio”. Se van por el bolsillo, la inseguridad, la espera en urgencias, el precio del alquiler. La performance no los perdió. La realidad los está evaluando.
Desde este ángulo, el mayor riesgo para el FA no es haberse alejado demasiado de lo performativo, ni tampoco haber sido insuficientemente radical. Es algo más costoso: no haber elegido. Un gobierno que performa a medias satisface a nadie y explica a nadie. No alcanza la épica que su base activista exige, ni la claridad de los asuntos de cosas que sus votantes más pragmáticos necesitan. Navega una línea del centro que no existe, convencido de que la moderación es una posición cuando en realidad es una ausencia. El resultado es el peor de los dos mundos: el odio de los que querían la palabra “genocidio” y el desencanto de los que esperaban que el déficit bajara. Tirios y troyanos, por razones opuestas e igualmente legítimas.
La excusa que vendrá
Cuando este gobierno termine la autopsia incluirá la frase inevitable: “no supimos explicar lo que hicimos”. Siempre ocurre. Gobiernos de izquierda y de derecha, eficaces e ineficaces, recurren a esa línea como último refugio de la dignidad derrotada.
Pero la frase encierra una trampa que la IOED ilumina con precisión: asumir que el problema fue de palabras, cuando quizás fue de cosas, o asumir que fue de cosas cuando quizás fue de palabras. Desenredarlos requiere un ejercicio de honestidad que la política raramente se permite, porque implica admitir que una parte del electorado se fue por razones legítimas —no por confusión ni por manipulación mediática— y que otra parte se fue por demandas que nunca tuvieron que ver con gobernar.
¿Qué cambió concretamente la exigencia de la declaración sobre Gaza? ¿Qué costó la moderación fiscal en términos de resultados reales para la vida de las personas? ¿Qué habría pasado con el presupuesto, la inversión y el empleo si se hubiera aprobado el impuesto al 1%? Si las respuestas requieren jerga tribal antes que evidencia empírica, la comprensión sigue incompleta.
La era de la performance no va a desaparecer. Pero cuando la performance deja de ser una herramienta táctica y se convierte en el modo normal de gobernar —cuando ya no es una decisión sino una expectativa institucionalizada— el espectáculo debordiano deja de ser metáfora y se vuelve descripción literal. Eso es lo que hace a la performance política una patología democrática y no simplemente una mala estrategia comunicacional: no es que los actores elijan mal, es que el sistema los selecciona por su capacidad de performar, y en ese proceso la gobernanza se vuelve residual.
Una honestidad final: este ensayo es una pieza de performance intelectual, destinada a una audiencia que valida este tipo de intervención. No escapa a la lógica que describe. Y la elección de abrir con la polémica del “genocidio” no es inocente: garantiza involucramiento. El odio tribal aumenta la circulación de las ideas que depreca. Se critica la performance y usa sus mecanismos. Lo que lo distingue —si algo lo distingue— es que intenta medirse contra asuntos de cosas: datos verificables, causas argumentadas, consecuencias rastreables. Si ese intento falla, el lector tiene todos los elementos para señalarlo.
Los votantes que se han ido no volverán por mejores declaraciones. Volverán, si acaso, cuando la realidad que habitan cambie en una dirección que puedan reconocer. Y eso, a diferencia de pronunciar una palabra en Nueva York, sí depende enteramente de lo que se haga.
Bernardo Borkenztain es comunicador y crítico de teatro.