Hablar del rol de la mujer con discapacidad en la sociedad uruguaya implica, necesariamente, abordar una doble desigualdad: la que históricamente atraviesa a las mujeres por razones de género y la que enfrentan las personas con discapacidad en términos de inclusión. Cuando ambas condiciones se intersectan, las barreras se multiplican, y los derechos —aunque reconocidos en el papel— no siempre se traducen en realidades concretas.
En Uruguay, en las últimas décadas se han dado pasos importantes en materia normativa y de sensibilización. Sin embargo, la vida cotidiana de muchas mujeres con discapacidad continúa marcada por limitaciones en el acceso al empleo, a la educación, a la autonomía personal y a derechos fundamentales como la sexualidad o la posibilidad de formar una familia.
Acceso al empleo: entre la cuota y la realidad
El trabajo es uno de los principales espacios donde se evidencia la brecha. Si bien existen leyes que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad, su implementación es aún insuficiente. Para las mujeres, la situación es más compleja: enfrentan prejuicios vinculados a su capacidad productiva, pero también a su rol social.
Muchas veces se las excluye no solo por la discapacidad en sí, sino por estereotipos de género que las ubican en un lugar de dependencia o fragilidad. Como resultado, las tasas de empleo son significativamente más bajas en comparación con varones con discapacidad y con mujeres sin discapacidad. A esto se suma la concentración en empleos precarios, informales o de baja remuneración.
Educación: avances con obstáculos persistentes
El acceso a la educación ha mejorado, pero aún presenta barreras. La inclusión educativa no se limita a permitir el ingreso a instituciones, sino que implica garantizar condiciones reales de aprendizaje: accesibilidad física, materiales adecuados, docentes capacitados y acompañamiento.
Para muchas niñas y jóvenes con discapacidad, la trayectoria educativa se ve interrumpida o limitada, lo que impacta directamente en sus oportunidades futuras. En este contexto, la educación inclusiva sigue siendo un desafío pendiente, especialmente en niveles superiores.
Derecho a la sexualidad: romper el silencio
Uno de los aspectos más invisibilizados es el derecho a la sexualidad. Persiste una mirada social que infantiliza a las mujeres con discapacidad o, por el contrario, las considera asexuadas. Esta concepción no solo vulnera sus derechos, sino que las expone a situaciones de abuso y falta de información.
El acceso a la educación sexual integral, a servicios de salud accesibles y a información clara es fundamental. Reconocer a las mujeres con discapacidad como sujetas de deseo, con capacidad de decisión sobre sus cuerpos, es un paso clave hacia una sociedad más justa.
Formar un hogar: autonomía y apoyos
El derecho a formar una familia, a maternar o a elegir no hacerlo, también forma parte de las deudas sociales. Muchas mujeres con discapacidad enfrentan cuestionamientos sobre su capacidad para criar hijos o sostener un hogar, lo que deriva en prácticas discriminatorias, incluso en ámbitos institucionales.
La autonomía no significa ausencia de apoyos, sino la posibilidad de elegir con qué apoyos vivir. En este sentido, las políticas públicas deben orientarse a generar redes que permitan a estas mujeres desarrollar proyectos de vida independientes.
El costo de “salirse del molde”
Existe, además, una dimensión menos visible pero igualmente relevante: qué ocurre cuando una mujer con discapacidad logra superar muchas de estas barreras. Lejos de ser simplemente celebradas, en algunos casos estas trayectorias generan incomodidad social.
La inclusión de las mujeres con discapacidad no puede reducirse a declaraciones de principios. Requiere políticas integrales, presupuesto, formación y, sobre todo, un cambio cultural profundo.
Cuando una mujer con discapacidad accede a estudios superiores, consigue un empleo formal, ejerce su sexualidad o decide formar una familia, puede ser vista como “una excepción” o como alguien que rompe expectativas preestablecidas. Esta mirada, aunque a veces se presenta como admiración, también puede traducirse en distancia, incomprensión e incluso discriminación.
No es extraño que enfrenten cuestionamientos, comentarios paternalistas o actitudes de sus propios pares —con y sin discapacidad— que las colocan en un lugar de diferencia. Como si el ejercicio pleno de sus derechos las volviera ajenas a una norma que, en realidad, nunca debió excluirlas.
Esta forma sutil de discriminación refuerza la idea de que ciertos logros no son “esperables” para ellas, perpetuando así el círculo de desigualdad.
Hacia una inclusión real
La inclusión de las mujeres con discapacidad no puede reducirse a declaraciones de principios. Requiere políticas integrales, presupuesto, formación y, sobre todo, un cambio cultural profundo.
Escuchar sus voces, incorporar sus experiencias en la construcción de políticas y reconocerlas como protagonistas es esencial. No se trata de otorgar privilegios, sino de garantizar derechos que ya existen, pero que aún no llegan a todas.
Uruguay tiene la oportunidad de avanzar hacia una sociedad más equitativa, donde la diversidad no sea vista como un obstáculo, sino como una riqueza. Para ello, es imprescindible colocar en el centro a quienes históricamente han sido relegadas. Las mujeres con discapacidad no necesitan ser incluidas como una excepción: deben ser parte plena de la norma.
Evelyn Marchicio es maestra de educación primaria.