Federico Gyurkovits

La Intendencia de Canelones aprobó la primera de dos resoluciones que le concederán un estatus especial a la zona rural de Paso Picón, un centro poblado sobre el cual no había límites para que cayera el glifosato ya que estaba categorizado como área rural. La resolución es de corte general y prevé que, así como en Picón, en otras zonas también sea necesario disponer estrategias territoriales para evitar daños en el ambiente y en la salud de las personas.

Algunos sectores de la Policía empiezan a poner la mira en las cuestiones ambientales teniendo en cuenta las nuevas competencias que le asignó la nueva ley orgánica en material ambiental, aprobada en febrero, y que empieza a regir en 2016. La norma le otorga a la Policía Nacional el deber de “participar en los operativos que determinen las autoridades competentes, en casos de grave riesgo, catástrofe o en materia de protección del medioambiente y recursos naturales”.

En los seis períodos de gobiernos democráticos ya completados desde el retorno de la democracia, sumado el séptimo que está iniciando, los cinco presidentes al frente del Poder Ejecutivo designaron a 168 personas para ocupar la titularidad de los ministerios: 17 fueron mujeres (10%), 13 de ellas en los últimos diez años. Hasta el momento sólo tres pudieron completar los cinco años de gestión.

En 30 años de democracia no hubo mujeres en los cinco puestos de mayor relevancia de Presidencia.

Trenal, una de las empresas acusadas de integrar, junto con Aborgama y ATT Ambiental, un monopolio que controla el mercado de recolección, traslado y disposición final de residuos sanitarios peligrosos, intentó evitar que la información sobre sus rutas comerciales sea aceptada en la investigación que sigue la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La firma se llama Isolux Corsán y está denunciada por llevar a la quiebra a varias firmas en España; una de ellas, tras no cumplir con un pago de 750.000 euros. En Uruguay, estaba a cargo hasta hace una semana -cuando la Intendencia de Montevideo rescindió los dos contratos que las unían- de las obras del plan de saneamiento correspondientes a la zona oeste de Montevideo (por más de 633.000.000 de pesos) y de las de mitigación de inundaciones en la cuenca de los arroyos Quitacalzones y Seco.

El director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, consideró que la situación originada por denuncias de malos tratos contra preescolares en el Colegio Nueva Cultura-Método Logosófico permite recorrer “un camino que es especialmente importante para la regulación de la actividad de las instituciones privadas en general: saber cuál es el límite de la libertad de enseñanza que prescribe la Constitución" y las facultades de un organismo "que obviamente no avanza, porque difícilmente pudiera hacerlo en el marco de la Constitución, en asuntos que hacen a la filosofía de las instituciones”.

Es el primer pronunciamiento oficial de uno de los organismos a los que recurrió un grupo de padres que llevaban a sus hijos al Colegio Nueva Cultura-Método Logosófico, ubicado en Luis Alberto de Herrera 2762, en Montevideo. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo concluyó que “de acuerdo a la gravedad de las denuncias”, las acciones desplegadas por el Consejo de Educación Inicial y Primaria “resultan absolutamente inconducentes e insuficientes para el esclarecimiento de los hechos”.

Las diferencias que hubo en el Poder Ejecutivo comandado por José Mujica, que impidieron reformar la Ley de Riego para habilitar la privatización del agua con fines productivos y aprobar nuevos “eventos” transgénicos, parecen haberse disipado. Tabaré Vázquez les dio luz verde a ambas iniciativas. Con este respaldo expreso y la nueva conformación ministerial, Tabaré Aguerre tendría el campo despejado para avanzar en ambas áreas.

Antes de que termine marzo podrían conocerse las primeras medidas a tomarse ante las denuncias de maltratos en el Colegio Nueva Cultura-Método Logosófico.

Dos trabajadores murieron tras los hechos del 20 de febrero de 2014: Pedro Ansolabehere y Mario Luzardo. Otros dos resultaron con heridas gravísimas en todo el cuerpo por quemaduras: Pablo Buttafuoco y Hermes Dota. Quedó comprobada por distintas vías la responsabilidad empresarial en los hechos por la violación sistemática de las normas de seguridad exigidas por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA). Sin embargo, y a pesar de que el organismo ya resolvió imponer fuertes sanciones económicas a Acodike y a su representante en Durazno Miguel Camilo, aún no se efectivizaron debido a sucesivos recursos administrativos interpuestos por los implicados para evitarlas.

Tres empresas que manejan más de 80% del negocio de residuos sanitarios contaminados fueron demandadas por ejercer un monopolio de hecho y por competencia desleal. La clausura de la planta a una de ellas por parte de la Intendencia de Montevideo confirma que se embolsó millones de dólares por servicios que nunca realizó.

La crisis se hace sentir en todo el territorio de Brasil, pero se concentra en el sureste, donde la falta de lluvias y los problemas energéticos derivados afectan a San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais, los tres estados más poblados de un país en el que viven unas 200 millones de personas. El domingo, los diarios Folha, de San Pablo, y O Globo, de Río de Janeiro, cuantificaron que la falta de agua afecta a casi 50 millones de personas.

La conformación del movimiento y la necesidad de comenzar a sistematizar los daños a la salud que éstas originan se empezaron a plasmar durante la primera mesa de debate organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos bajo la consigna "Uso de agroquímicos en Uruguay y políticas públicas: un espacio de intercambio entre el Estado y la sociedad civil".

La decisión que tome el Frente Amplio (FA) será clave para habilitar o no la posibilidad de que en mayo los ciudadanos puedan votar por candidatos de diferentes partidos a las intendencias y a los municipios. La presidenta del FA, Mónica Xavier, explicó a la diaria que el espíritu que domina en el oficialismo es “el de otorgar la más amplia libertad al elector”, pero condicionó el respaldo a que se alcance un “amplio consenso” en torno a la propuesta.