Lourdes Rodríguez

El trabajo en el seno del Frente Amplio (FA) para buscar una iniciativa que garantice el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene como antecedente el fracaso en el Parlamento del proyecto interpretativo que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad, luego de que el diputado Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista, Espacio 609) votara en contra. la diaria dialogó con Semproni.

Mujica recibió proyecto de ley que busca formalizar la voluntad de cumplimiento de fallo de la Corte Interamericana sobre caso Gelman.

“‘Uruguayos’ cuya captura es solicitada por las autoridades del Uruguay. Sindicados como extremistas”. Así dice el encabezado del documento al que accedió la diaria, fechado el 28 de setiembre de 1973. Se trata de una nómina de 26 páginas en las que figuran los nombres completos de 444 personas a las que se les atribuye una “organización” política, y se indica, para cada una de ellas, la “unidad [que] solicita captura”. Entre éstas se encuentran la Fuerza Aérea Uruguaya, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y otras varias dependencias militares.

Dos 11 de setiembre marcan épocas. El chileno, en 1973, corresponde a los años del Cóndor, con fuerzas armadas locales articuladas en estrategias internacionales. El 11 estadounidense, 28 años después, expresa una época en la cual se han consolidado nuevos operadores sin fronteras del terror. En esta fecha cargada de sentidos aportamos una investigación de la diaria que revela la existencia, en 1973, de una lista de 444 uruguayos requeridos por la dictadura de nuestro país, gestionada por su embajada en Chile, así como el papel de ésta en la coordinación represiva de aquellos años. Agregamos testimonios de personas que figuraban en esa lista y datos sobre las causas abiertas y las archivadas en Chile por la desaparición o asesinato de uruguayos.

Los cuidados son “una función social que implica tanto la promoción de la autonomía personal como la atención y asistencia a las personas dependientes” o que “han perdido o carecen de autonomía personal y necesitan ayuda para realizar los actos esenciales de su vida diaria”. La definición forma parte del material institucional difundido ayer por el Poder Ejecutivo en el marco del lanzamiento de la etapa de debate para la creación de un “Sistema Nacional de Cuidados”.

El concejal frenteamplista de Guichón, Sergio Urruty, publicó ayer en el diario sanducero El Telégrafo una solicitada en la que denuncia que los integrantes del concejo de ese municipio han sido "simplemente receptores de hechos consumados", no han tenido "siquiera la posibilidad de aportar al funcionamiento del gobierno, a pesar que en el artículo 12, numeral 3 [de la Ley de Descentralización] se nos otorga la atribución de ser ordenadores de gastos".

El Senado dará en los próximos días sanción definitiva a la ley complementaria a la 18.446, que a fines de 2008 creó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), votada por unanimidad. El proyecto, que en estos momentos se encuentra en la comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta para su tratamiento, contempla la creación de los cargos directivos y sus remuneraciones, lo cual no pudo ser votado en 2008 por la veda electoral.

La condena reafirmada por el Tribunal de Apelaciones es la del coronel retirado Carlos Calcagno, por la desaparición forzada, en 1977, de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, dictada en agosto de 2010 por la jueza Mariana Mota y a pedido de la fiscal Mirtha Guianze. Se trata de la primera vez que este organismo reconoce esta tipificación y lo hizo con una mayoría de dos en uno.

La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) dictaminó que los cargos de alcalde de Álvaro Alfonso (Partido Nacional, Aguas Corrientes) y Luis Oliva (Partido Colorado, Casupá) son "incompatibles" con sus puestos en OSE y que, por lo tanto, el cese de ambos funcionarios debe ser "inmediato" sin que sea necesario hacerles un sumario.

Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) aceptó enviar un conjunto de archivos vinculados a Uruguay y fichados durante el terrorismo de Estado luego de una solicitud cursada por la cancillería uruguaya. El director del proyecto no gubernamental de Documentación del Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense, Carlos Osorio, explicó a la diaria qué grupos de archivos serían útiles para nuestro país y opinó sobre qué posibilidades de acceso real hay.