Lourdes Rodríguez

El debate será el domingo en Atlántida, en la IX Feria Canaria de Economía Solidaria, que se desarrolla desde ayer, con la participación de representantes de 157 emprendimientos de Uruguay, Argentina y Paraguay. Como todos los años, es organizada por la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria y apoyada por el Estado mediante la intendencia de Canelones y el Ministerio de Desarrollo Social.

Ante las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Red Iberoamericana de Jueces, una organización no gubernamental creada en 2003, decidió visitar Uruguay con el fin de recabar información y confeccionar un análisis del “estado del sistema de Justicia en Uruguay”. Los comisionados culminaron su labor el viernes, con un informe en el que destacan la falta de aplicación del derecho internacional, la preocupación por la criminalización de la protesta ante decisiones de la SCJ y los traslados arbitrarios de jueces y fiscales. “Los jueces uruguayos dentro del Poder Judicial no tienen garantías”, afirmó a la diaria el juez y comisionado chileno Daniel Urrutia Laubreaux.

A 14 años de la radicación de la denuncia, el 11 de octubre se constituyó en Italia el inicio del proceso judicial por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Durante esa audiencia, el Estado uruguayo, representado por el abogado Fabio Galiani, fue admitido como “parte civil”. Galiani explicó a la diaria el alcance de este hecho, que es considerado histórico, y afirmó que buscará un reconocimiento del daño moral que sufrió el Estado luego de que militares y civiles en el poder actuaran en forma ilegítima en su nombre. El 22 de noviembre se celebrará la próxima audiencia.

Mayoría de la Junta Departamental de Lavalleja quiere que la Intendencia no permita "explotaciones metalíferas a cielo abierto" en ese departamento.

Polémica caldeada en audiencia pública sobre la instalación de la regasificadora de Ancap y UTE en la zona de Puntas de Sayago.

La jueza Mariana Mota en su juzgado civil, "otro mundo", con causas en las que suele haber "dinero de por medio".

Vecinos del Oeste discrepan entre sí sobre la instalación de la regasificadora de Gas Sayago. Algunos difundieron una carta firmada por “vecinos de Casabó” aplaudiendo la instalación, pero la Coordinación de Vecinos del Oeste viene manifestando dudas sobre la transparencia del proceso de instalación y adjudicación, y advierte sobre impactos negativos a nivel social, ambiental y de seguridad.

La Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios (Cicopa) es parte de la Alianza Cooperativa Internacional, una federación de cooperativas a nivel mundial. El presidente de Cicopa Mercosur, el argentino José Orbaiceta, estuvo la semana pasada en Uruguay en el marco de una conferencia internacional sobre experiencia de intercooperación regional y mundial, organizada por la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) y la ONG italiana Cospe (Cooperación para el Desarrollo de los Países Emergentes, por su acrónimo en italiano). En su visita, concedió esta entrevista a la diaria.

Los niños y adolescentes rusos no pueden recibir información sobre “relaciones sexuales no tradicionales” sin que quien se atreva a brindarla sea pasible de una sanción estatal. Las uniones entre personas del mismo sexo están prohibidas. Los extranjeros cuyas uniones fueron legalizadas en sus países de origen no pueden adoptar niños rusos y, por las dudas, tampoco los solteros que provienen de estados donde está reconocido ese derecho. También está prohibido protestar.

Desde hace un par de décadas circula el mito del Pozo del Infierno. Se trata de un hoyo excavado en Rusia, de una profundidad tal que los geólogos no sólo habrían logrado alcanzar el infierno sino también grabar los lamentos de las almas malditas. Lo que Anastasia Smirnova cuenta a la diaria tiene que ver con el discurso teológico, con la legitimación de mitos por parte del Estado ruso y con personas que merecen ser condenadas. Pero su relato está muy lejos de ser una leyenda urbana. Smirnova tiene 27 años, vive en San Petersburgo, es lingüista y socióloga e integra desde hace varios años la organización Russian Red LGBT.

En la actualidad el discurso de preocupación por los “ni-ni” sitúa a los jóvenes como promesa de un país mejor a la vez que deposita en ellos el origen de los fracasos sociales. El argentino Marcelo Urresti, sociólogo e investigador de las culturas juveniles, analiza cómo se gestó el proceso de criminalización de la juventud a partir de los años 60 y cuán influyentes pueden ser el Estado, la Policía y las instituciones educativas en esta construcción. Urresti fue el conferencista invitado el viernes en el simposio “Miradas hacia las culturas juveniles”, en el que participaron sociólogos y docentes uruguayos.

El plan Siete Zonas modifica el abordaje de las políticas sociales, con un nuevo papel del Ministerio del Interior.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) presentó su reestructura organizativa. Uno de los puntos neurálgicos son los “acuerdos de gestión” pautados por una “gestión por objetivos”. Al término de los 15 meses de ejercicio de un funcionario en su nueva función, un tribunal de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la DNA y la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) evaluará el cumplimiento de metas y si el funcionario será reasignado o retorna a su función anterior. Pero la AFA calificó la reestructura como “soberbia” y “atropellada”, además de “ignorar la negociación colectiva, estar viciada de ilegalidad y lesionar los derechos de los funcionarios aduaneros” y hará un “paro internacional de advertencia”.

Los espejos descansaban sobre funcionales soportes de madera y también sobre el frente del edificio ubicado en Bulevar Artigas 1488. Con ayuda del sol, buscan desde la mañana de ayer echar luz a las historias que encierra ese predio donde hasta 1976 funcionó el Servicio de Información y Defensa (SID).

Si bien representan apenas 1,3% de la población uruguaya, las aproximadamente 43.000 personas que cumplen o cumplirán este año cuatro décadas de vida no enfrentarán en soledad la llamada “crisis de la mediana edad”. Con la disolución de las cámaras, el golpe de Estado dado por el presidente Juan María Bordaberry en 1973 indujo el parto de una sociedad en cautiverio, que a pesar del tiempo transcurrido no ha podido reconstruirse como tal ni recuperar la identidad desaparecida forzosamente durante los 11 años de dictadura, los previos y los posteriores. Uno de los síntomas es que la generación que nació y creció bajo el régimen está ausente, no figura en los roles y los espacios que deciden el rumbo que sigue el país.

Claves y asuntos pendientes de la dictadura, 40 años después de la disolución del Parlamento.