Luis Rómboli

UNoticias no es la única inversión del grupo Moon en Uruguay. El país fue elegido por el reverendo como cabecera de puente para expandirse en la región. Lo recibieron presidentes, realizó donaciones, compró un banco que se fundió, proyectó una terminal portuaria que no llegó a hacerse, construyó el primer hotel cinco estrellas y se instaló en una casa histórica en el Prado. Pero ahora, bajo el mando del hijo menor de Moon, la iglesia y sus negocios ya no son lo que eran.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) no se ha instalado todavía en la sede prevista: está funcionando en un pequeño despacho en el anexo del Palacio Legislativo, carece de personal y recién está afinando la elaboración de un manual de procedimientos. A pesar de eso, ya recibió unas 50 denuncias.

Hasta ayer se llevaban presentadas formalmente 59 acciones de inconstitucionalidad contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), según informó a la diaria el vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Raúl Oxandabarat. Algunos de los recursos fueron presentados por familiares del senador Pedro Bordaberry.

Pasó una década y las cosas se pueden mirar desde otra perspectiva. El PIT-CNT considera que la alianza de aquellos días con otros actores en la Concertación para el Crecimiento es un antecedente del triunfo electoral de la izquierda en 2004. En cambio, otros actores como la FUCVAM o Jorge Zabalza hacen hincapié en los errores estratégicos que se cometieron en esos años. Por otra parte, referentes del Partido Colorado destacan la lealtad institucional del FA y de sindicatos como AEBU en los momentos más complejos de la mayor crisis político-económica de nuestra historia reciente.

Experto colombiano de visita en Uruguay señaló que el gobierno uruguayo “está viendo los argumentos por los cuales la denuncia” de la transnacional tabacalera Philip Morris “no es consistente”. Pero considera que el gobierno uruguayo debería buscar “argumentos adicionales” a los que se están estudiando para “contraatacar” a la tabacalera.

El presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino, expresó en diálogo con la diaria que la gremial entiende que “es el momento oportuno” para aprobar una ley sobre “la extranjerización de la tierra”, ya que existen iniciativas concretas del Frente Amplio (FA). También destacó que el senador nacionalista Jorge Larrañaga haya planteado, la semana pasada en la Cámara de Senadores, que se trata de uno de los problemas que enfrenta el sector granjero.

Autoridades del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) se reunieron ayer para debatir entre otros temas el convenio firmado el 16 mayo por el INIA y la empresa estadounidense Monsanto, para el desarrollo de una variedad local de soja transgénica sobre la base de la nueva tecnología RR2Y-Bt, con el objetivo de aumentar la productividad del cultivo más importante del país.

El Partido Uruguayo comenzó a difundir sus contenidos políticos y junta firmas para ser reconocido por la Corte Electoral. “Perdamos el miedo a decir: soy de derecha” señalan en una de sus publicaciones. Aclaran que sus integrantes no son “fascistas ni nazistas, ni franquistas, ni falangistas” sino que son “uruguayos, artiguistas y de derecha, antiizquierdistas y anticomunistas”, rematando el texto con un “viva la patria”.

Todos los legisladores del FA apoyaron la inicitiva del Poder Ejecutivo para que ingresaran a Uruguay marines estadounidenses del grupo Seal para entrenar al Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de la Armada Nacional. Representantes de las bases de Montevideo pidieron explicaciones a la bancada; algunos legisladores reconocen que el tema se trató a las apuradas y el asunto seguirá discutiendose en la próxima Mesa Política.

En medio de una profundización de la conflictividad en el agro en Paraguay, el interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de ese país, Emiliano Camacho, confirmó a la diaria que en ese organismo han detectado una “fuerte presencia de ciudadanos uruguayos” que figuran como titulares de predios adjudicados a pobladores locales beneficiados por la reforma agraria.