Santiago Sánchez

El informe de la comisión especializada de UTE dio como mejores oferentes a tres empresas, una de las cuales no contaría con “experiencia en parques eólicos de potencia no inferior al asociado a la oferta”, tal como lo establece el pliego. Algunas firmas que participaron en la instancia están molestas por el informe y la Asociación Uruguaya de Energía Eólica está preocupada por el tema.

Rodrigo Goñi (Alianza Nacional, AN), director de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) por el Partido Nacional (PN), obtuvo la venia para su cargo por unanimidad en el Senado. Además de ese cargo, actúa paralelamente como vicepresidente del frigorífico Pul SA, de Cerro Largo, que fue vendido recientemente a la empresa brasileña Minerva. La compatibilidad de ambos cargos podría discutirse de acuerdo con la normativa constitucional. Desde el PN se dice que el tema “ya pasó por el Senado” y que, en esta ocasión, su labor privada es “un lujo y no un problema”.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció el 28 de octubre del año pasado que había comenzado a trabajar una comisión que estudiaría la creación de un Código Penal Juvenil. Ayer los directores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) descartaron que haya representantes del organismo trabajando junto con el Ministerio del Interior (MI) en el tema.

El próximo lunes el Frente Amplio instalará una comisión sobre reestructura orgánica de la coalición y otra sobre estrategia política, que estudiará también una eventual reforma constitucional. En el oficialismo hay posiciones encontradas respecto de la instalación de una convención nacional constituyente, punto previsto en el programa de la coalición. El Partido Comunista (PCU), el Movimiento de Participación Popular (MPP) y la Vertiente Artiguista (VA) creen que debe conformarse; Alianza Progresista (AP), el Nuevo Espacio (NE) y Asamblea Uruguay (AU) entienden que no es oportuna.

La falta de despachos y de accesibilidad a la telefonía y a internet son algunos de los reclamos más recurrentes. Se cuestiona que, si bien el sistema de los municipios es pluripersonal, en los hechos fue diseñado sólo para el alcalde. “No hay capacidad locativa y mucho menos de estructura de funcionamiento para poder ejercer las funciones”, reclamó el nacionalista Federico Daverede, concejal del municipio B.

El proyecto de ley que crea el Plan Juntos llegó al Parlamento el 23 de diciembre. En FUCVAM existe preocupación por la financiación del proyecto; se entiende que los recursos actuales "difícilmente puedan sostener una acción continua" y que debería establecerse una financiación de carácter permanente. Desde el gobierno se afirma que el plan tendrá financiación extrapresupuestal y mediante las rendiciones de cuentas, mientras las cuentas con donaciones ya tienen cinco millones de dólares.

El fiscal de Corte, Rafael Ubiría, expuso en Diputados el mal relacionamiento con las autoridades pasadas del Ministerio de Educación y Cultura porque lo ningunearon y prescindieron "en todo momento" de su opinión, mientras había "demoras injustificadas en la tramitación de múltiples expedientes". El Partido Nacional "intuye que detrás de esto el gobierno quiere la sustitución de Ubiría" y oficialismo desmiente totalmente esas sospechas.

La mayoría de los dirigentes de la mesa de la central obrera optó por no discutir la medida promovida por ADEOM. Por otra parte, la central sindical está intentando mediar en la división interna de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), y mantuvo reuniones con miembros de las listas 98 y 17. Además, algunos integrantes de la 17 (afines al Movimiento de Participación Popular y el Partido Comunista) se reunieron con Lacalle, quien mostró coincidencias con los reclamos de la banca oficial.

La asamblea del sector estatal de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) consideró insuficiente la propuesta del gobierno y “censuró” al presidente del sindicato, Gustavo Pérez, y al secretario general, Fernando Gambera, por sus declaraciones críticas al manejo del conflicto.

El presidente José Mujica parece dispuesto a poner en juego toda su capacidad de negociación. Mantiene frentes abiertos con médicos, bancarios y funcionarios del Estado. Desde la oposición, y también del Frente Amplio (FA), critican el manejo gubernamental ante estos conflictos. El Ejecutivo reitera que para beneficiar a los “más sumergidos” hay que afectar intereses.

En el marco de una conferencia de prensa tras la culminación de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU), su secretario general, Heriberto Bodeant, dijo que “observa con preocupación” la unión civil entre personas de un mismo sexo, desestimó que los abusos sexuales de sarcedotes a menores sean numerosos en Uruguay y se preguntó “hasta dónde la inseguridad es una realidad o una sensación”.