La nueva ley de medios —que modifica la normativa aprobada en 2014— enviada por el gobierno al Parlamento en abril está siendo analizada por la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que se tomará al menos hasta marzo para votar el texto. Días atrás, los legisladores recibieron al director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en representación de la oposición, Pablo Siris, quien advirtió que casi 60% de los funcionarios tendrá causal jubilatoria al final del período, y el Frente Amplio (FA) alertó que de no expedirse el regulador, el proyecto establece que las transferencias de frecuencias quedan habilitadas tras 60 días por un “trámite exprés”.
Siris fue recibido individualmente por la comisión debido a que no pudo asistir por motivos de salud junto al resto del directorio, que compareció a principios de mes. Previamente había concurrido una delegación de Canal 12, y en la última sesión se informó que prefirieron no presentarse —fueron invitados por la comisión— la empresa de televisión por cable Multiseñal y la firma Equital SA, que nuclea a los cables Montecable, TCC y Nuevo Siglo —propiedad de los canales 4, 10 y 12—.
Algunos de los artículos del proyecto de ley que generan debate son el que habilita a las empresas de telefonía celular a brindar servicios de internet, así como la obligación para Antel de arrendar su infraestructura a estos privados, y también la regulación para la venta de contenidos por parte de los canales de televisión abierta a los cables del interior.
Ursec: más potestades con menos funcionarios
Siris comenzó su exposición analizando que actualmente ocurren dos procesos en materia de telecomunicaciones: “se está produciendo una convergencia de plataformas tecnológicas” junto con “una fusión de actores económicos que hace que detrás de negocios que en otro tiempo pudieron considerarse marginales, hoy haya grandes grupos multinacionales que buscan insertarse en los mercados emergentes ante la necesidad de diversificar sus negocios”. Ante esto, sostuvo que “se hace imperioso que la normativa y las regulaciones estén en concordancia con las necesidades de nuestro pueblo y con los desafíos que se nos plantean en materia de derechos”.
Esto último lo asoció con que hoy en día “cada dispositivo conectado a internet está introducido en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras familias, participando de nuestras vidas cotidianas, disponiendo de información que hace a nuestra intimidad”. Ese conjunto de información individual tiene “un valor económico, por lo que si no se legisla para regular adecuadamente podemos terminar dejando todo en manos de empresas que priorizan el lucro por sobre cualquier cosa”, advirtió.
En ese marco, subrayó que la Ursec debe ser “un organismo regulador cada vez más especializado, dotado de suficientes recursos para llevar a cabo sus tareas fundamentales”. Pero Siris sostuvo que ese objetivo puede “verse afectado con la reducción presupuestal prevista para 2021 [por parte del gobierno], fundamentalmente, en el área de contralor”. La dependencia centrada en las comunicaciones, al igual que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), fueron potenciadas en sus potestades por la ley de urgente consideración (LUC) que promovió el gobierno, pasando de estar en la órbita de Presidencia a ser servicios descentralizados.
Siris sostuvo que para cumplir los nuevos cometidos “se requiere contar con personal suficiente en permanente formación y capacitación, para lo que es imprescindible incorporar” nuevos funcionarios. ¿Por qué? Es que del total de 73 trabajadores que tiene el organismo en funciones, hay 43 que tendrán causal jubilatoria por cumplir los 60 años —edad mínima de retiro, con 30 años de servicio— en este período, es decir, 61,4%.
Lo dicho por el director opositor fue retomado por el diputado frenteamplista Daniel Caggiani: “Con las nuevas demandas que va a tener este organismo, se configura un escenario bastante complejo desde el punto de vista de la atención de estas nuevas realidades, más si le sumamos algunas competencias que se le podrían agregar en el caso de que este proyecto de ley se apruebe”. El legislador señaló que este análisis se mantiene por más que la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, haya dicho al asistir al Parlamento que ingresarían seis nuevos cargos a la brevedad, según lo negoció con el Poder Ejecutivo.
Al referirse nuevamente al tema, Siris indicó que a fines de 2021 serán 36 los funcionarios con causal jubilatoria, lo que definió como “una situación compleja, porque los conocimientos específicos que tiene un trabajador de la Ursec, particularmente de las áreas más vinculadas a los servicios técnicos, son de una complejidad muy importante”.
Caggiani complementó que la oposición queda “muy preocupada” por lo planteado, porque al posible retiro masivo de funcionarios y las restricciones para nuevos ingresos, en la nueva ley de medios “se suma la posibilidad de que si en 60 días la Ursec no da cuenta de una respuesta a la persona que solicita la transferencia [de una frecuencia de radio o televisión], se puede generar, de hecho, un trámite exprés sin que nadie medie en esa transferencia”. Este método de dar por válido un trámite o habilitación si no existe un pronunciamiento del Estado se conoce como “silencio positivo”.
Así está establecido en el artículo 18 del proyecto, que señala que la Ursec emitirá un informe “vinculante” aclarando si el negocio en cuestión respeta “el régimen de limitaciones a la titularidad de licencias” de radio o televisión, correspondiendo igualmente la decisión final para habilitar la cesión de la frecuencia al Poder Ejecutivo.
Consultado sobre este aspecto, Siris comentó que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Económicos de la Ursec, que se encarga de avalar la transferencia de frecuencias, cuenta con cuatro funcionarios (incluyendo a la gerenta) y tramita unos 1.300 expedientes por año. “Las transferencias, cuando están involucradas, además, las explicitaciones de la propiedad de las empresas que se adquieren o de los adquirentes, es un tema que puede llegar a ser complejo, y aunque no me corresponde a mí calificar el plazo [de 60 días que se plantea en el proyecto], es importante que sepan que no es simplemente dar vista y pase”, expresó el director del organismo.