Lacalle Pou intervino en defensa de Seamos mientras la organización era investigada por Crimen Organizado

El gobierno decidió este martes ratificar su confianza en la directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y de la Secretaría Nacional de Cuidados, la psicóloga Gabriela Bazzano, que de 2015 a 2017 fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado. Seamos, la organización que dirigía Bazzano, entregaba hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin control de organismos públicos y en las últimas horas ha sido cuestionada por la oposición, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Además, hace 15 días la Defensoría del Vecino presentó una nueva denuncia penal contra Seamos ante el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que derivó el caso a la fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora Brenda Puppo.

El expediente judicial de Crimen Organizado, al que accedió la diaria, incluye otras posibles derivaciones políticas, que indican conocimiento y respaldo a las actividades de Seamos por parte del hoy presidente de la República ya en 2016. En setiembre de ese año, siete meses antes de que el fiscal Luis Pacheco resolviera archivar la denuncia contra Bazzano, el entonces senador Luis Lacalle Pou tuvo una actuación directa vinculada con la investigación penal, a raíz de una inspección ordenada por el juzgado de Crimen Organizado en el hogar de Seamos, ubicado en Jacinto Vera.

Tres días después de dicha actuación, el 15 de setiembre de 2016, Lacalle Pou presentó como legislador un escrito ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y un pedido de informes al Ministerio del Interior, para manifestar su preocupación por “presuntas irregularidades” del procedimiento llevado a cabo en el hogar de Seamos, en el que participaron la jueza María Helena Mainard, la fiscal María de los Ángeles Camiño, personal de Interpol y funcionarios del Instituto Técnico Forense.

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Entre otras cosas, en la misiva a la SCJ Lacalle Pou argumentaba que Seamos busca “revertir las condiciones desfavorables de vida de una población con gran vulnerabilidad social”, y mencionaba que el hogar “brinda apoyo a padres con discapacidad, que por su condición especial, muchas veces no pueden brindarles el cuidado necesario a sus hijos”. “Por este motivo, el Hogar ha estado trabajando con familias dispuestas a colaborar con la situación de esos niños, que se hacen cargo de la tenencia pero sin que los padres biológicos pierdan la patria potestad o dejen de tener contacto con sus hijos”, alegaba Lacalle Pou. El entonces senador recordaba además la existencia de “cuatro sentencias favorables” a Seamos en diversos juzgados de familia.

Luego mencionaba que las personas detenidas y llevadas para ser interrogadas en la sede penal “son personas con discapacidades, a quienes según sus testimonios, en ningún momento se les informó sobre los motivos del operativo, fueron despojados de sus pertenencias personales e incomunicados, para luego ser interrogados sin la presencia de un abogado”.

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“En más de una oportunidad me habrán escuchado decir que el Poder Judicial es la garantía de los más débiles”, explicaba el entonces senador en la nota. Lacalle Pou aclaraba que por razones de “constitucionalidad” no podía solicitar información a la SCJ, pero que de todas maneras había decidido presentar el escrito para expresar su “preocupación sobre los procedimientos realizados”. El líder nacionalista sugería por último: “Sería sano que la SCJ realizara las averiguaciones correspondientes para determinar si efectivamente –como lo han manifestado los propios involucrados- en el proceso llevado adelante por el Juzgado Penal de 2º Turno, se les ha vulnerado el derecho a ser informados sobre las actuaciones y a ser asistidos por un letrado”.

El tema se trató en una de las sesiones de la SCJ, lo que motivó que la jueza Mainard presentara un informe sobre las actuaciones ante los ministros de la corte. La SCJ tomó “por suficientes las explicaciones brindadas en su informe por la Sra. magistrada”, y dispuso el archivo del planteo de Lacalle Pou. Luego envió dicho informe a la Cámara de Senadores.

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En el pedido de informes al Ministerio del Interior, Lacalle Pou hacía el mismo relato de los hechos. Agregaba, con base en testimonios de quienes vivían en el hogar, que habían “recibido llamadas de oficiales” que los interrogaban sobre “los horarios y actividades” en Seamos, y daba los apellidos de los dos oficiales que habrían hecho esas llamadas.

Entre otras cosas, Lacalle Pou preguntaba si el operativo del 12 de setiembre había sido ordenado por el juzgado; pedía saber, en el caso de que Interpol estuviera investigando a Seamos, “los motivos y fundamentos de la investigación”, y si los oficiales estaban autorizados a “ponerse en contacto con las personas del Hogar Seamos como parte de un procedimiento de investigación o si por el contrario estarían vulnerando el debido proceso”.

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En setiembre de 2017, cuando la investigación ya había sido archivada por el fiscal Pacheco y la jueza Gabriela Araújo, Telemundo hizo una nota sobre las “familias articuladas” de Seamos, centrada en el caso de un matrimonio que tiene a dos niños en esa modalidad. Nicolás Martinelli, actual director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (ver recuadro), compartió la nota del medio y escribió en Twitter: “Felicitaciones a Gabriela Bazzano x su iniciativa!”, copiando a Lacalle Pou en el mensaje, quien a su vez respondió: “Falta conocimiento por parte del Estado y más apoyo. Gran tarea y mucha sensibilidad de Gabriela y el equipo”.

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