El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y una delegación de la cartera, comparecieron el miércoles ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para presentar el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de tener personería jurídica para organizaciones de trabajadores y empleadores. La iniciativa cuenta, en principio, con el respaldo de la coalición, pero tiene aspectos que generan “preocupación” entre los representantes de la oposición en la comisión, y tampoco convence en el PIT-CNT, que había pedido retirar el artículo 7, lo cual no fue concedido.
El proyecto que elaboró el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene ocho artículos, en los que se dispone la creación de un Registro de Organizaciones de Trabajadores y de Empleadores en la órbita de la cartera, y un trámite para la obtención de la personería jurídica ante este sistema, que incluye el pedido de datos como “nivel de actuación y alcance territorial de la organización”, “objeto de la organización según estatutos”, “forma de afiliarse o desafiliarse de la organización y condiciones para ser elector o elegible”, información de sus representantes, y original y copia de los estatutos autenticadas por escribano público. El artículo 7, en tanto, establece que los sindicatos que no cuenten con personería jurídica “no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical para su depósito en la cuenta bancaria de la organización”.
En una declaración que emitió la Mesa Representativa del PIT-CNT hace algunas semanas se rechazó explícitamente el artículo 7, puesto que en opinión de la organización “degrada” lo establecido en la Ley de Libertad Sindical al condicionar el descuento de la cuota sindical por planilla a la solicitud de personería jurídica, “en un país en donde la afiliación sindical es libre y voluntaria”.
Los diputados frenteamplistas en la comisión coinciden con el PIT-CNT en los reparos sobre este apartado, en el entendido de que interfiere en la autonomía de las organizaciones sindicales en la gestión de sus recursos. En ese sentido, el diputado Felipe Carballo dijo a la diaria que si bien “se ha planteado que en muchos casos los aportes que se hacen por la cuota sindical van a cuentas personales de algunos dirigentes, y que entienden necesario que se debería evitar ese tipo de cosas”, se trata de “instrumentos o herramientas que deberían resolver los propios sindicatos, que tienen que tener la autonomía necesaria para decidir sobre la administración de sus recursos”.
En la misma línea, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Otero planteó que le “preocupa” esa disposición porque “se mete directamente con los recursos”, y dijo que “todos sabemos que con esa ley, así sea para gremios empresariales también, que el hilo más fino a la hora de hacer juicios o prejuicios se va a cortar por el lado de los trabajadores”, por lo que ese artículo no le “suena nada bien”. También apuntó que en la comparecencia se consultó a Mieres por otro punto preocupante, que es el reconocimiento de las organizaciones a la hora de negociar: “Quien llegue primero con la personería jurídica, ¿es el reconocido? Si mañana aparece un sindicato amarillo hay que ver qué garantías tienen quienes representan y quiénes tienen la historia, además, del movimiento obrero”, para que “no corran ningún tipo de riesgo”, reflexionó.
“¿Qué pasa si dentro de una misma empresa hay dos o tres, cuatro o cinco organizaciones sindicales? ¿Cómo va a definir el MTSS cuál es la organización más representativa?”, inquirió en la misma línea Carballo, y aseguró que ante esas incógnitas no obtuvieron “una respuesta clara; simplemente que ellos [el ministerio] no se van a meter en el tema de la representación, pero que van a estar conversando con todos”. “Yo no quiero incorporar intenciones, pero me preocupa que se generen condiciones que podrían estar afectando al movimiento sindical desde el punto de vista organizativo”, añadió.
Carballo fue un paso más allá y dijo sentirse “en la obligación” de “alertar a los trabajadores y al movimiento sindical –que supongo tendrá otro tipo de elementos para evaluar– que me preocupa enormemente que acá se esté pensando en otra central sindical, más allá de que no lo hayan transmitido en ningún momento”, aseveró.
Mieres dijo que se busca dar “más garantías a todos”
El titular de Trabajo recordó que la iniciativa del Poder Ejecutivo tomó como insumos tres proyectos de ley de legisladores de la coalición que se presentaron el año pasado: uno del diputado blanco Pablo Viana, otro de la senadora nacionalista Carmen Asiaín y un tercero de Cabildo Abierto; los tres contenían disposiciones referidas a la personería jurídica, pero introducían otros elementos que buscaban reglamentar la actividad sindical y no fueron integrados a la propuesta del MTSS.
Mieres también señaló que se tuvo en cuenta el proyecto que presentó el ministro de Trabajo del último gobierno frenteamplista, Ernesto Murro que, entre otras modificaciones, también pretendía obligar a las representaciones sindicales a contar con personería jurídica para intercambiar información.
En diálogo con la diaria, el jerarca remarcó que en su momento el anteproyecto se presentó ante una comisión especial que se conformó en el Consejo Superior Tripartito, en la que participaron representantes del PIT-CNT y de las cámaras, para conocer sus opiniones sobre el proyecto de ley. Dijo que a partir de este intercambio “se incorporaron aportes” y se tomaron “en cuenta sus consideraciones”, pese a lo cual en el resultado final “hay alguna pequeña diferencia” con lo que planteó el PIT-CNT.
“En particular, al PIT-CNT lo que no le convence es que la personería jurídica se convierte en un requisito para el descuento de la cuota sindical”, señaló, aunque indicó que incluso desde la central obrera “plantearon que ellos querían que hubiera una norma que estableciera una personería jurídica diferente a la de las asociaciones civiles del MEC [Ministerio de Educación y Cultura]”.
Mieres aseguró que las modificaciones planteadas en su proyecto de ley van “en línea con la OIT [Organización Internacional del Trabajo]” en cuanto a que “el sistema de registro es sencillo y no es intervencionista y garantiza la libertad de organización de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, porque es para las dos partes”. Resaltó que las organizaciones que ya tienen personería jurídica por el MEC –la mayoría, según el propio PIT-CNT– “simplemente lo que hacen es notificar el registro que ya la tienen, y no hacer un nuevo trámite”. “Lo que se busca es dar más garantías a todos: a los afiliados y a los dirigentes. Que haya personería jurídica es una tranquilidad cuando se está manejando información”, resaltó.
“No hay ninguna modificación de las reglas del juego”
Respecto de los cuestionamientos del FA, el ministro respondió que exigir la personería jurídica “no significa ninguna modificación de las reglas del juego de la representatividad” y que “en la negociación salarial y los Consejos de Salarios, los sindicatos seguirán participando como siempre”.
También descartó que se pueda promover el surgimiento de sindicatos amarillos: “La aparición de sindicatos amarillos, o del color que sea, no va a depender de esta norma. Esta norma lo que hace es generar un camino más fácil que la personería jurídica del MEC para que un sindicato o una organización empresarial tenga personería jurídica, pero no le genera ningún derecho. Desde el punto de vista de las relaciones laborales no hay una discriminación entre unos y otros”, apuntó. Incluso, agregó que “con las reglas actuales del registro del MEC, la central sindical no podría tener personería jurídica” y “con estas normas, podría calzar perfectamente”.
Mieres adelantó que “en líneas generales hay acuerdo” dentro de la coalición, aunque no descartó que “puede haber discusiones en el ámbito parlamentario”, y, teniendo en cuenta los proyectos anteriores presentados por legisladores del oficialismo, “obviamente ellos querrán proponer cosas”. Por tanto, afirmó que esta iniciativa es un “punto de partida” para la discusión.
Según informaron los legisladores frenteamplistas, la comisión resolvió por unanimidad convocar al PIT-CNT y a las cámaras empresariales que den su opinión sobre la iniciativa, pero todavía no hay una fecha establecida.