“Declárese el derecho universal a recibir atención de cuidados paliativos a todas las personas que padecen enfermedades graves, progresivas y/o avanzadas, con escasa o nula respuesta a tratamientos específicos, que presentan múltiples síntomas severos, cambiantes en el tiempo que impactan en la autonomía y en la calidad de vida por la carga sintomática o psicológica, discapacidad o dependencia que generan, y limitan su pronóstico vital”, dice el primer artículo del proyecto de ley aprobado este martes en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social en la Cámara de Diputados. Lo presentaron diputados del Frente Amplio (FA), del Partido Colorado (PC) y del Partido Independiente, y es una alternativa al que había presentado en agosto de 2020 Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional (PN), con el respaldo de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (SUMCP).

“Hay algunas cuestiones que son similares a las que están en el proyecto original [de 2020] que firmaron todos los partidos políticos, pero otras que refieren a aspectos que son, por ejemplo, de reglamentación posterior a la ley que consideramos que no tienen que estar y por eso propusimos eliminarlos”, explicó a la diaria la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry, integrante de esta comisión. “Los aspectos de procedimiento y protocolo corresponden al Ministerio de Salud Pública, no van redactados en el cuerpo normativo y por eso no están”, agregó.

“Desde el punto de vista de los contenidos, el principal objetivo del nuevo proyecto es asegurar el acceso, la cobertura y la atención de calidad a las personas”, resumió. Sobre el objetivo central del nuevo proyecto, dijo que se hizo hincapié en la importancia de que los cuidados paliativos sean universales, ya que si bien “hace un buen tiempo están consagrados y establecidos, en la práctica tienen un desarrollo desigual ya que algunos prestadores lo tienen, pero otros no, entonces en la modificación se estableció la obligatoriedad por parte de cualquier prestador”, detalló.

El proyecto fue aprobado con votos de las diputadas frenteamplistas Etcheverry y Cristina Lustemberg, y de Nibia Reisch, representante del PC. Etcheverry relató que la diputada por Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, “se retiró de la sesión manifestando no estar de acuerdo con las modificaciones”. El presidente de la comisión, el nacionalista Alfredo de Mattos, no votó, amparándose en el artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Representantes, que establece la no obligatoriedad del voto en caso de que se presente algún conflicto de interés. De Mattos, al igual que los diputados Luis Enrique Gallo (FA) y Eduardo Lorenzo (PN) –que integran la comisión como delegados y por tanto no votan en este ámbito– es cooperativista de prestadores de salud del interior del país, de ahí su abstención.

En discusión

El proyecto aprobado este martes tiene siete artículos y redujo a la mitad los que tenía el texto de 2020. Entre lo que se eliminó está el capítulo 3 del proyecto original, que trata sobre la organización de la asistencia porque, según declaró este martes Gallo al programa radial Doble click, es algo “específico de la reglamentación”, por lo que no puede estar en una ley. También se elimina el capítulo 5, que se refiere a los deberes de los profesionales de la salud –ese contenido “ya está en el Código de Ética”, dijo Gallo– y el 7º, sobre el final de la vida. Ese último capítulo era el que entrelazaba de manera más explícita el proyecto de ley de cuidados paliativos con el de eutanasia, que había presentado el diputado colorado Ope Pasquet a esa comisión en marzo de 2020. Para algunos legisladores, como Goñi, ambos proyectos eran excluyentes, y por eso impulsó este.

En diálogo con la diaria, Goñi anunció que “la coalición se toma un plazo hasta el 9 de diciembre para introducir mejoras al proyecto de ley que hoy se aprobó tres a dos, ya que hay cuestiones en las que el PN, CA y algunos legisladores del PC no estamos de acuerdo”. Dijo que “es un proyecto que restringe a los uruguayos el alcance de los cuidados”. El texto original establecía el derecho a recibir cuidados paliativos de forma “oportuna y precoz sin esperar a estar en situación de últimos días”. Eso es algo que no está explicitado en el proyecto que se aprobó. “El proyecto presentado por el FA restringe el acceso ya que toda la etapa previa a la mayor complicación de la enfermedad se sacó”. En segundo lugar, lamentó que “el capítulo sobre los derechos de los pacientes se sacara, junto a la asistencia en todos los territorios del país, que en la última versión se condiciona a las posibilidades de cada lugar”, agregó. Por último, criticó que “se saca entero el capítulo del final de la vida, que es como sacarle a la cirugía la posibilidad de aplicar anestesia”, y argumentó que “no hay que matar, hay que aliviar el dolor, al menos eso dice la sociedad médica que es a la que yo le creo”.

Goñi calificó como “un hecho grave” que la Comisión de Salud “le haya negado” a la SUMCP ser recibida para opinar sobre las modificaciones. A su juicio, “se está condenando al sufrimiento innecesario, cruel y evitable a miles de uruguayos, por una mezcla de intereses económicos, de comodidad, y hasta por preferencias por otros caminos como el de la eutanasia”, concluyó. El martes 9, Goñi había presentado a la comisión una queja por entender que Gallo estaba incurriendo en un conflicto de interés, por ser cooperativista. Gallo esquivó la crítica en Doble click, diciendo que él ni siquiera votaba en la comisión y que cuando se vote en Diputados, definirá si se ampara en el artículo 104 del reglamento.

Peor es nada

Consultada por la diaria, Rita Rufo, la presidenta de la SUMCP, dijo que el nuevo proyecto “es un resumen” del que habían presentado en 2020. “El tema es que nosotros habíamos puesto algunos puntos más desarrollados, pero la vista de los legisladores es diferente, así que lo sacaron”. No obstante, manifestó estar de acuerdo con la aprobación del nuevo proyecto, ya que el principal objetivo es “que el derecho sea para todos y poder defender el derecho de los pacientes”. 

Aclaró que “el proyecto sobre cuidados en el que trabajamos no tiene nada que ver con la eutanasia” y dijo que “el capítulo que refería al final de la vida era importante para nosotros, pero otros entendieron que había que sacarlo y se sacó”. “Despenalizar la eutanasia abarca el final de la vida, despenaliza al médico que la ejecuta, y a mi entender no está hecho para la garantía del paciente”, opinó. “Primero lo primero, que es el acceso a los cuidados paliativos, porque morir con dolor se asimila a la tortura, hay que asegurar los cuidados universales para recién después pensar en la eutanasia”, algo que a su entender “todavía ni siquiera es ético”.