Tras varios cruces internos entre las jerarcas, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, decidió hacer cambios en la Institución Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Sandra Etcheverry, quien hasta el lunes será la vicepresidenta del organismo, pasará a cumplir funciones en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, en lugar de Rosario Pérez, quien asumirá el puesto una vez que el Parlamento acepte su venia, según informó El País.
Etcheverry tiene una mala relación con Rossana de Olivera, presidenta del Inisa y dirigente de Cabildo Abierto. Incluso el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos llegó a pedirle la renuncia a la blanca por haberse “alineado” con la directora frenteamplista Andrea Venosa y “no acompañar” a la presidenta del Inisa. Por eso le pidieron al presidente, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, cartera de referencia para el Inisa, que se involucrara en el tema. Finalmente, este viernes Lacalle Pou hizo el “enroque” para calmar las aguas en la interna del directorio del Inisa.
Por otra parte, para este lunes está previsto que el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y las autoridades del Inisa comparezcan ante la comisión permanente del Parlamento para “recabar información sobre el funcionamiento general del Inisa”, en particular, sobre “asuntos presupuestales, contrataciones, conflictos con adolescentes, situación locativa y medidas adoptadas en áreas neurálgicas de la gestión”.
Hace unas semanas, el gremio de trabajadores del Inisa se había manifestado por diversas reivindicaciones. Reclamó el fin de los “atropellos”, que se respeten “los servicios técnicos”, se generen mejores condiciones de trabajo y “equiparación salarial”. Las áreas en conflicto son Enfermería, Mantenimiento, la seguridad de la Colonia Berro y Jurídica. En cuanto a esta última sección, el sindicato denunció que la presidenta del Inisa “manipula expedientes”.
La nueva directora del Inisa, Rosario Pérez, también integra el Partido Nacional y hasta ahora ocupó la Secretaría de Derechos Humanos. Desde ese cargo afirmó en el Parlamento que el golpe de Estado fue “una consecuencia” del “deterioro por el que atravesaba el país” a causa de la actuación de los “movimientos guerrilleros”. Antes de ocupar cargos gubernamentales, en 2008, fue condenada por un delito de frustración de pago de cheques y cumplió la pena en una cárcel. Cuando la noticia se hizo pública, Pérez aseguró que fue sobreseída y que no contaba con otros antecedentes penales, como se planteó en su momento.