Con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ministros y otras autoridades del gobierno, el intendente de Florida, Guillermo López, asumió este miércoles la presidencia del Congreso de Intendentes (CI) con los votos de todos los intendentes. El resto de la Mesa del Congreso se mantuvo sin cambios: el intendente salteño, Andrés Lima, continuará como primer vicepresidente, y el intendente de Rivera, Richard Sander, seguirá siendo el segundo.
El presidente saliente del Congreso, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, abrió la oratoria previa a la votación, acompañado por Lacalle Pou y la nueva secretaria ejecutiva del Congreso, Macarena Rubio, quien renunció el 30 de noviembre a su cargo como directora de secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Vidalín hizo un balance de su año de mandato, en el que destacó el relacionamiento cercano y unitario con los intendentes de todos los partidos –nacionalistas, del Frente Amplio y del Partido Colorado– e hizo hincapié en la necesidad de que a la hora de tomar decisiones en el ámbito del Congreso “la ideología quede de lado y prime, por encima de todas las cosas, el consenso”, porque “los problemas de nuestra gente no tienen colores”.
Aunque destacó la “relación de excelencia” que tuvo durante su período con el gobierno nacional, aprovechó la presencia del mandatario y otros jerarcas del gobierno para hacer algunos reclamos. Dirigiéndose a Lacalle Pou, señaló que mientras a la Comisión Sectorial de Descentralización asisten “siempre todos los intendentes, los señores ministros se hacen representar” y “son muy pocos” los que concurren de forma personal. “Anhelo, deseo, y creo que sería una buena práctica que los señores ministros participaran y se hicieran de un tiempo para tener ese contacto directo y necesario con los señores intendentes y con sus problemáticas”, reflexionó.
También apuntó –ante la presencia de su director, Isaac Alfie–, que el Congreso aspira a tener “un mayor vínculo con la OPP [Oficina de Planeamiento y Presupuesto]”, fundamentalmente para “el tratamiento de los temas concernientes a las asimetrías”. En tercer lugar, Vidalín cuestionó las dificultades de algunos intendentes para aprobar fideicomisos por la negación de los partidos de la oposición. Puso el ejemplo de Río Negro, Canelones y Rocha, que “no han encontrado eco en las fuerzas políticas cuando ha sido necesario superar diferencias y poder llegar a fideicomisos que les den el oxígeno necesario para poder trabajar con tranquilidad y no al límite de una posible enfermedad”, dijo.
Vidalín también planteó la aspiración y el “desafío” para el presidente entrante de crear un “banco municipal” como instrumento de financiación de los gobiernos departamentales, una propuesta recogida luego por López, quien también mencionó la necesidad de instaurar una sede propia del Congreso como forma de tener “mayor visibilidad”.
“Banco municipal” y sede propia
López fue votado por 18 jerarcas comunales, salvo él mismo, quien dio su voto al intendente de Paysandú, el también nacionalista Nicolás Olivera, “en señal de apertura y de consideración dentro del Partido Nacional”. En sus alocuciones los intendentes resaltaron la gestión de Vidalín como positiva y basaron el apoyo a López en sus características de “conciliador” y “buena gente”. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, consideró que el floridense “reúne una doble condición, que es el fino y exquisito equilibrio de lo técnico con lo político”.
Luego de la votación, López agradeció la presencia de Lacalle Pou, que interpretó como un “símbolo claro y directo” de la presencia del gobierno nacional “en cada rincón del país”. También saludó al embajador uruguayo en Argentina y antecesor en la Intendencia de Florida, Carlos Enciso, a quien calificó como un “compañero y amigo”. Aseguró que en su gestión se va a “intentar hacer valer los pagos chicos” y la “descentralización” entendida como “complemento” y no como “la falsa dicotomía de ‘urbano contra rural’, de ‘capital contra interior’”.
En cuanto a las líneas de trabajo, resaltó que en el período que comienza continuará la discusión sobre el Fondo de Asimetrías y un sistema único nacional de bromatología, así como el programa de jornales solidarios, que se extendió hasta marzo a propuesta del Congreso. Al respecto, dijo que las intendencias tienen ahora “la obligación de evaluarlo y devolverle al gobierno nacional y al Fondo Covid cuáles son los resultados, con indicadores, documentos, con sustancia de lo que vivimos en cada pago nuestro”. En una rueda de prensa dijo estar muy satisfecho con el resultado del programa Oportunidad Laboral y planteó que luego de la evaluación podría considerarse su repetición “en algún futuro próximo”.
Sobre la mención de Vidalín de la creación de un “banco municipal”, afirmó que “es una idea que anda en la vuelta y que hay que trabajar, capaz que a otra escala temporal”. En cuanto a su financiamiento, señaló que “a partir del Sucive y de todo ese tributo existe la posibilidad de generar una herramienta financiera”. Consultado respecto de la redacción final de los artículos incorporados a la Rendición de Cuentas que generaron molestia en los intendentes, sostuvo que la redacción final, con cambios introducidos luego de los cuestionamientos, “conformó” a los jerarcas departamentales.
Una eventual sede propia del Congreso también será parte de la discusión durante este período, dijo López, y adelantó que “la disponibilidad presupuestal está”. “Tener una sede propia de trabajo de todo el personal administrativo y de todas las comisiones que aquí funcionan es uno de los propósitos para trabajar este año”, afirmó. Finalmente, aseguró que el Congreso se encamina “fuertemente” hacia el permiso único de conducir a nivel nacional. “Creo que en este período de gobierno, no me animo a decir si este año, debería quedar firme”, sentenció.
Siguen las reuniones en Salto por reapertura de fronteras
En conversación con la diaria, el vicepresidente reelecto del Congreso, el salteño Andrés Lima, señaló que algunas prioridades para este nuevo período incluyen avanzar en la unificación del sistema de contribución inmobiliaria como forma de mejorar la recaudación de los gobiernos departamentales; la discusión por el Fondo de Asimetrías, “sobre todo en las intendencias del norte, que son las que presentan mayores dificultades”; instrumentar el sistema de bromatología único para todo el país, y “resolver el tema de los jornales solidarios, que en principio terminaría en marzo”.
Sobre el último punto, Lima recordó que algunos intendentes presentaron la propuesta de que el programa continúe pero a nivel de las intendencias, y que las comunas puedan contratar en las mismas condiciones, de forma independiente del gobierno nacional. En su opinión, el programa “ha sido muy provechoso; ha dado la posibilidad a muchos uruguayos de poder acceder a un ingreso y ha revitalizado y aportado para el comercio local, sobre todo, para los comercios de barrio”. Respecto de los cuestionamientos de algunos sindicatos municipales, que incluso han hablado de precarización laboral por la continuidad de esta herramienta, Lima rechazó que sea una forma de precarizar el trabajo “porque, en definitiva, no es una relación laboral”, dijo, sino “una prestación de carácter social, temporal y limitada a pocas familias y determinados colectivos”.
Consultado por la situación comercial en Salto a raíz de la apertura de las fronteras con Argentina, dijo que por el momento “no ha sido significativo” el número de uruguayos que han cruzado hacia el país vecino, y atribuyó esto al costo del test PCR, “que no ha facilitado el cruce de un lado a otro”. No obstante, dijo que la preocupación de la intendencia y de los comerciantes “está, porque imaginamos que en algún momento el protocolo se va a simplificar” y “ahí sí, el temor es que el cruce sea masivo y termine afectando al comercio” local.
Lima anunció que la semana próxima habrá una reunión con el Centro Comercial de Salto, que tendrá como uno de los temas centrales los precios de frontera. “Entendemos que las medidas que anunció e implementó el gobierno nacional, vinculadas a exoneraciones de impuestos, aportes patronales y beneficios en el costo de las tarifas públicas, han beneficiado a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no se han traducido en una disminución de los precios para el consumidor”, reflexionó.