Ley forestal: tras un año de discusión, la coalición recibe a ministros y decide si vota en bloque

Este lunes será un día clave para el proyecto de ley de suelos de prioridad forestal impulsado por Cabildo Abierto (CA), que cuenta con el respaldo del Frente Amplio (FA) para su aprobación. Tras algunas suspensiones, la comisión del Senado que estudia el texto se reunirá y recibirá a los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y de Ambiente, Adrián Peña. La idea del senador cabildante Guillermo Domenech, único de su partido en la comisión, es poner a votación el proyecto luego de que comparezcan los jerarcas para luego elevarlo al pleno de la cámara alta.

CA y el FA juntos pueden lograr una mayoría, ya que el proyecto –que fue aprobado en la Cámara de Diputados en 2020– no cuenta con el apoyo de momento ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado, que incluso tiene intenciones de que la discusión se posponga para después del referéndum de marzo del año próximo. Las diversas demoras que hubo para tomar una decisión final dentro de la coalición sobre el proyecto fueron interpretadas por Domenech como “dilatorias”.

La propuesta supone un cambio de rumbo en una política de Estado. “Un área forestada es un área que se saca a la producción de alimentos”, así lo entiende el diputado cabildante Rafael Menéndez, autor del proyecto de ley que limita la actividad forestal.

Para Rafael Sosa, secretario de la Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay (Asecfur), el cambio de rumbo es “el mayor daño” que la iniciativa le hace al sector forestal. “Pone a una parte importante del espectro político, que se había mostrado monolítico en cuanto al apoyo a la forestación, en una vereda en la que antes no había estado. Eso es lo peor”, afirmó.

Desde la óptica de las organizaciones ambientales, en cambio, este giro es visto con buenos ojos. María Selva Ortiz, de Redes - Amigos de la Tierra Uruguay, dijo que “es algo muy bueno”, porque “se pone un freno” y un orden a la plantación de árboles, aunque advirtió “la necesidad de restringir mucho más”. En tanto, Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), celebró que “se pongan reglas” en pos de “cambiar un poco lo que ha sido la tónica” de la política forestal uruguaya.

Los suelos de prioridad forestal

El proyecto de ley de suelos de prioridad forestal se aprobó en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2020, en una sesión extraordinaria. En ese momento, lo que hizo más ruido no fue el contenido de la norma, sino la forma en que se impulsó, que fue con los votos del FA, CA y César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente. La ocasional alianza sacudió a la coalición de gobierno y pocos días después el presidente Luis Lacalle Pou declaró su intención de vetar la propuesta si prosperaba sin modificaciones en el Senado.

El primer artículo del proyecto de ley establece: “La plantación de bosques generales y de rendimiento [...] queda limitada a los suelos de prioridad forestal”. Como define la –todavía vigente– Ley Forestal (15.939), de 1987, los suelos de prioridad forestal son aquellos que por sus condiciones “sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso”, pero a la vez ofrezcan “aptitud forestal” para el crecimiento de árboles. Actualmente hay más de cuatro millones de hectáreas con prioridad forestal.

En conversación con la diaria, Ofelia Gutiérrez, geógrafa y docente del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, señaló que “no hay ninguna actividad que se pueda hacer en cualquier lugar si lo que pretendés es que sea sustentable, o sea, como una actividad que la puedas seguir repitiendo en el tiempo y que, además, permita que haya un mantenimiento del sitio”.

Gutiérrez mencionó que “los eucaliptos son una especie muy fuerte” que “viene de un ecosistema mucho más árido que el nuestro, con menos precipitación y otro tipo de suelos”. “Un idioma que tiene tan poca sutileza como el inglés para esto tiene dos términos: reforestation, que es cuando volvés a forestar un suelo forestal, y afforestation, que es cuando forestás un suelo que era otro ecosistema, un suelo de pradera”, por ejemplo. En este segundo caso, sostuvo, “se genera mucho más impacto”, porque “las propiedades físicas del suelo son muy diferentes”.

A través de subsidios, la Ley Forestal intentó orientar la forestación a las tierras de prioridad forestal, pero nunca estuvo prohibido plantar en ningún lado. Según cifras oficiales, actualmente 25% de las plantaciones comerciales están fuera de suelos con prioridad forestal. El proyecto de ley estima que se trata de unas 300.000 hectáreas, las cuales quedarían intactas en cualquier escenario, dado que no hay efecto retroactivo.

“Hoy cada vez que una empresa quiere plantar fuera de áreas de prioridad forestal obtiene una excepción. Las excepciones se las dan los gobiernos departamentales y están prácticamente automatizadas”, aseguró Viñas a la diaria. Lo que hace la regulación “es evitar que se produzcan esas excepciones”, que “terminan haciendo que 30% de las plantaciones estén por fuera de la prioridad forestal”, apuntó el referente del Movus. La ubicación de los árboles obedece, entre otros factores, a las plantas de celulosa. Por los costos de transporte, cuanto más cerca, mejor.

Por el contrario, desde el sector empresarial, Sosa manifestó que “lo mejor que podría hacerse sería eliminar por completo el concepto de prioridad forestal”. La clasificación de terrenos “se usó con un criterio político que permitió que cumpliera su fin”: la consolidación del sector forestal, pero “hoy en día no tiene sentido porque hasta conceptualmente confunde y favorece algunas limitaciones” que, a su entender, carecen de “sustento técnico”.

Por su parte, Ortiz, de Redes - Amigos de la Tierra Uruguay, planteó que si “se abre el debate a sacar y poner” se podría “transformar algo que estaba propuesto para acotar en una posibilidad para ampliar las áreas de prioridad forestal. Eso es una preocupación muy grande porque conocemos el nivel de presión y extorsión que ejercen estas multinacionales”. La asignación de prioridad forestal se ha definido siempre vía decreto del Poder Ejecutivo, sin tratamiento parlamentario.

“Un saludo a la bandera”

En su exposición de motivos, el proyecto de ley recuerda que en 1987, cuando se aprobó –por unanimidad– la Ley Forestal, Uruguay tenía alrededor de 70.000 hectáreas con forestación. Hoy, más de tres décadas después, se calcula que hay aproximadamente 1.100.000 hectáreas con uso forestal –cifra que equivale a 6,21% del territorio nacional–, según el último relevamiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En tal sentido, el segundo artículo establece que el área total dedicada a la forestación “no podrá superar el 10% de la superficie nacional”. Este límite le dejaría al sector forestal un margen de crecimiento de 500.000 hectáreas, y los propios empresarios forestales declararon en el Parlamento que eso es suficiente para 30 años más de plantaciones. “Un saludo a la bandera”, tal como lo describió el propio Menéndez el día de la votación en la cámara baja.

Consultado al respecto, Sosa reconoció que el tope deja espacio de sobra para varios años de expansión forestal, por un lado; pero, por otro, se preguntó: “¿Para qué limitarlo? ¿Qué sentido tiene ponerse un corsé? ¿Cuál es la producción que hoy en día tiene un límite? ¿Alguien dice ‘la ganadería no puede pasar de 12 millones de hectáreas’?”.

Según Viñas, aunque esa disposición “no afecta ahora”, las empresas “lo ven como una limitante a futuro”, dado que, “al contrario de lo que lamentablemente sucede en nuestro país, estas empresas planifican, tienen cabeza estratégica”. “Esta gente está tan acostumbrada a ganar que cualquier cosa que les pueda tirar algo para atrás no lo van a querer aceptar”, acotó. Según la información surgida de la negociación en el Senado, CA aceptaría quitar este segundo artículo para obtener mayor consenso político.

La disputa territorial

Menéndez es diputado de CA electo por Tacuarembó, uno de los departamentos más forestados del país, productor ganadero, veterinario, exdirigente de la Asociación Rural y exdelegado de Un Solo Uruguay. El legislador pone el foco en “la producción de alimentos” y entiende que la industria forestal ha sido beneficiada con reglas de juegos diferentes y “ha avasallado sobre cualquier otro tipo de campo”.

Sosa coincidió en que la polémica entre áreas forestadas y áreas destinadas a la “producción de alimentos” es el motor detrás del proyecto de ley. “La realidad es que se han planteado limitaciones porque apareció una producción [la forestal] que compite por recursos que usan determinadas actividades, básicamente el recurso suelo y el recurso mano de obra. Ambos incrementaron su precio porque hay un uso alternativo con un retorno mejor, y eso a alguna gente no le gusta y está haciendo presión para que se cambie”, afirmó el secretario de Asecfur.

Acerca de la plantación de árboles en tierras agrícolas, cambio motivado por la mejor renta derivada de los complejos forestales celulósicos instalados en el país, Sosa manifestó que “cualquiera que tenga tierra quiere que su valor aumente. Está en la tapa del libro. No entiendo por qué tiene que afectar a alguien que haya gente que, libremente, opte por plantar árboles en sus predios privados”. A su juicio, dentro de lo que se pretende con el proyecto de ley “hay conceptos que no entran en la cabeza de alguien que piensa en la libertad del sistema capitalista en el que vivimos”. Asimismo, agregó que “no hay ninguna afectación que se haya constatado en cuanto al ambiente y al deterioro de las condiciones de vida de la gente” a causa de la producción forestal.