Luis Pacheco, fiscal de Crimen Organizado, solicitó desarchivar la investigación sobre el programa Familias Articuladas que llevó adelante la organización civil Seamos, coordinada por Gabriela Bazzano, la actual directora del Programa Nacional de Discapacidad y de la Secretaría Nacional de Cuidados. La investigación fue archivada en 2017 tras indagar sobre el mecanismo por el cual familias obtenían la tenencia de hijos de personas en situación de discapacidad.

Según informa este jueves El Observador, la solicitud de Pacheco fue realizada días atrás y llega luego de que en diciembre un grupo de legisladoras del Frente Amplio solicitara reabrir la causa que él había archivado. Ahora el fiscal repasará el expediente para indagar si “hay nuevos hechos” y en caso afirmativo “se diligenciarán nuevas pruebas”.

En su momento el fiscal argumentó que no se había encontrado “indicios de la existencia de hechos con apariencia delictiva” y que, en todos los casos, la tenencia de los niños fue respaldada por un juzgado de Familia amparado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. “En ningún caso la solución era clandestina, o podía ser interpretada como una ‘adopción’ ilegal, sino que además de la homologación judicial, el sistema estaba en conocimiento de otros organismos públicos”, estableció Pacheco.

Según reveló una investigación de la diaria, la causa judicial comenzó en 2015, luego de que trabajadores del INAU y del hospital Pereira Rossell denunciaran que una usuaria de Seamos se fue del hospital junto a su bebé acompañada por dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada. A partir de ese momento se llegó a investigar a la fundación por la “posible venta irregular de recién nacidos”.

La ONG Seamos “violó de manera clara y evidente los estándares y buenas prácticas internacionales respecto del tratamiento de la discapacidad, negándoles a las personas involucradas cualquier atisbo de dignidad”, aseguraron en diciembre las legisladoras frenteamplistas Sandra Lazo, Silvia Nane y Ana Olivera en una ampliación de la denuncia que hicieron en primer momento.

Las legisladoras entienden que la causa se archivó porque no se encontró evidencia de que existieran o no remuneraciones económicas a cambio de supuestas adopciones encubiertas, pero no se tomaron en cuenta otros aspectos, principalmente los vinculados al consentimiento. Consideran que Bazzano cometió el delito previsto en el artículo 350 del Código Penal, que establece el abuso vinculado con la inferioridad psicológica de los menores y de las personas con discapacidad.

Además, para las legisladoras también “debería investigarse el alcance del asesoramiento brindado por los profesionales del derecho [a los padres con discapacidad] a los efectos de efectivizar las tenencias”. De acuerdo con la investigación de Crimen Organizado, era la propia Bazzano la que proveía a los padres de abogados para que los asesoraran. Las legisladoras consideran que eso podría implicar el delito de asistencia y consejo desleal previsto en el artículo 195 del Código Penal.

A pesar de estas denuncias y de la que se presentó ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por situaciones de omisión de asistencia, malos tratos, abandono y apropiación de dinero de usuarios, la jerarca sigue en su cargo y cuenta con el respaldo del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Tras las acusaciones y el pedido de separación del cargo, Bartol dijo que toda la investigación era ponerle “una inmensa lupa a una situación de amor” y que “no hay ningún elemento” para separar a Bazzano.