“Cada dólar que se invierte en infraestructura se multiplica por cuatro, porque mueve el consumo en las zonas cercanas”, dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, confiado en que parte de la recuperación de la economía poscoronavirus vendrá por el impulso de obras viales y de otro tipo que promueve el gobierno. El martes ante la Asamblea General el presidente Luis Lacalle Pou anunció inversiones por 1.200 millones de dólares y otros planes en materia de infraestructura por varios millones más, que en su mayoría corresponde a financiación privada que luego debe abonar el Estado.
“Hay que dividir lo que es el valor de las obras que iniciamos de cómo las vamos a pagar”, porque hay distintos mecanismos previstos, explicó Heber el miércoles, entrevistado por En perspectiva de Radiomundo. Esto significa que los 1.200 millones de dólares no serán abonados ahora sino repartidos en el tiempo, aunque sí el ministro ratificó que las obras por esos montos en su mayoría comenzarán en los próximos meses.
Dentro de ese paquete están las tres rutas que serán construidas bajo los contratos Crema –construcción, rehabilitación y mantenimiento–, una modalidad alternativa a la ley de participación público-privada (PPP) que defiende Heber. Tal como informó la diaria el mes pasado, se trata de tres obras de iniciativa privada, es decir propuestas por empresas constructoras y avaladas por el Estado: la doble vía de la ruta 5 que utilizará UPM 2 para sacar la producción hasta que quede funcionando el tren, la pavimentación de la ruta 6 y la construcción de un bypass en la ciudad de Minas.
Las compañías que ganen la futura licitación –quienes propusieron la obra tienen ventaja– tendrán dos años para construir y luego comenzarán a cobrar, y deberán asumir el mantenimiento por diez años. “La construcción tradicional tiene una garantía de dos o tres años, y después había que volver a arreglar por el deterioro por el uso. Los contratos Crema no sólo postergan en diez años [los pagos, que se reparten en el tiempo], sino que además hay una obligación a 12 años [de quien construye]”, señaló Heber.
El ministro detalló que dentro de la previsión para el período de invertir 2.500 millones de dólares en infraestructura hay unos 500 millones de dólares que vienen “de arrastre de la administración anterior” por contratos PPP –“demasiado burocráticos y caros”, evaluó, aunque son rutas “altamente comunicadoras” las que se está previsto refaccionar– ya adjudicados pero que continúan en la parte de estructuración financiera, otros millones destinados “al mantenimiento de la infraestructura que ya tenemos”, y otros para obras nuevas. Mencionó dentro de ese plan a las rutas 3, 8, 26 y 27.
En materia de financiación habrá este año una emisión de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) –entidad de propiedad estatal, que tiene la concesión de la red primaria de rutas y recauda a través de los peajes– por 150 millones de dólares, derivado “de un remanente de la operación que había hecho la administración anterior” del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, liderada por Víctor Rossi. Esas emisiones “se pagan a largo plazo” con lo recaudado por parte de la CND producto de la concesión vial.
En la batería de propuestas elevadas en febrero por el Partido Colorado al presidente para la reactivación económica se incluía la creación de un bono para infraestructura y vivienda que permita captar fondos de privados y constituir un fideicomiso administrado por la CND. Si bien Lacalle Pou mencionó la emisión de bonos a través de la CND para financiar obras, no detalló los montos –los colorados pretendían entre 1% y 2% del producto interno bruto, es decir de 600 millones de dólares para arriba–.
Obra millonaria en OSE y concesión de aeropuertos del interior
El presidente mencionó en su memoria del primer año que se había aprobado “una iniciativa de vital importancia, cuyos estudios de factibilidad empiezan ahora”. Esto en referencia a la nueva planta potabilizadora que planifica OSE, obra de iniciativa privada presentada por un consorcio de empresas constructoras, que prevé además una estación de bombeo de agua tratada, una nueva tubería aductora de 80 kilómetros de longitud hacia Montevideo y el establecimiento de una nueva toma de agua bruta en el Río de la Plata, en la zona de Arazatí-Bocas del Cufré. Esto último implicaría que el río Santa Lucía deje de ser la única fuente de abastecimiento.
Sobre los costos del proyecto, OSE maneja cuatro escenarios que significarían una inversión de entre 124 y 236 millones de dólares. La idea es solventar esto por medio de un fideicomiso, que implica como contrapartida entregar una parte de los ingresos de la empresa. Según dijo a la diaria el representante del FA en OSE, Edgardo Ortuño, aún no se han brindado precisiones sobre la financiación, ni sobre cómo se piensa encarar la operación de la nueva planta.
El ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, dijo la semana pasada en Desayunos Informales que el proyecto “soluciona los problemas para los próximos 50 años”, porque “termina con la dicotomía de depender de una sola fuente, el río Santa Lucía”. Informó que se pretende adjudicar la obra a fin de 2021 y duraría dos años.
Por otra parte, Lacalle Pou anunció ante la Asamblea General la concesión de cinco aeropuertos del interior: Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo, en virtud de una ley aprobada el año pasado —que fue presentada por el anterior gobierno frenteamplista, y no la votó Cabildo Abierto (CA)—. La norma creó el Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales y permitió dar en concesión por hasta 50 años distintas terminales aéreas del interior. Lacalle Pou expresó que las concesiones implicarán una inversión de 65 millones de dólares.
En CA se entendió que esto era una privatización y favorece a la empresa que ya tiene en concesión los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce —el resto los administra el Ministerio de Defensa—, perteneciente al empresario argentino Eduardo Eurnekian, que también tiene terminales en Brasil.
Más plazo para beneficios impositivos
Ante el Parlamento, Lacalle Pou también anunció que extenderá hasta setiembre el beneficio extra para los proyectos que computan dentro de la ley de inversiones —que reciben exoneraciones fiscales en virtud del tipo de inversión—, medida establecida el año pasado y que vencía en marzo. Todos los emprendimientos computarán por el 130% del monto, esto hace que los beneficios crezcan en esa proporción.
El senador blanco Sebastián da Silva planteó en febrero al gobierno a través de una exposición escrita que salió del Legislativo, extender el plazo con foco en el sector agroexportador. Explicó que la zafra de soja traerá “ingresos excepcionales” en virtud “del rebote” del precio internacional del producto, además de que hubo una activación del sector arrocero. Sostuvo que se debe apostar a la “reinversión” de esas utilidades.