A diez días del comienzo de las protestas en Cuba, el presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó a los integrantes de su gobierno que se evalúe la posibilidad de habilitar el envío de remesas desde ese país hacia la isla.

Según informó CNN este martes, citando a un funcionario de la administración Biden, se conformó un Grupo de Trabajo de Remesas que buscará identificar la forma más efectiva de “hacer llegar las remesas directamente al pueblo cubano”.

También el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en conferencia de prensa que desde Estados Unidos “siempre hemos apoyado al pueblo cubano, incluso en el contexto de las recientes protestas en toda la nación isleña”. En este sentido, planteó que se buscarán formas de establecer “sanciones contra los responsables de la violencia, por la represión que ha seguido a las recientes protestas”, pero también de facilitar el acceso a las remesas y a internet.

La administración, dijo, “está enfocada en permitir tales transferencias sólo si podemos garantizar que el dinero fluya directamente a manos del pueblo cubano” para “asegurarnos de que esas ganancias vayan al pueblo cubano y que no vayan a las arcas del régimen. Una vez más, este es un régimen que le ha negado a su pueblo recursos y derechos, y creo que lo hemos visto salir a la luz en Cuba en los últimos días. Y estamos, como escucho en la Casa Blanca, estudiando muy de cerca cómo podríamos afectar esto en el futuro”, explicó.

Durante el segundo mandato de Barack Obama, Estados Unidos y Cuba mejoraron sus relaciones. El gobierno cubano supervisó la reapertura de embajadas y la relajación de muchas restricciones que estaban vigentes desde que en 1962 comenzó a regir el bloqueo comercial y económico hacia la isla. Sin embargo, la administración de Donald Trump tiró abajo esos avances al promulgar algunas de las medidas económicas más duras contra Cuba en décadas, además de restablecer las restricciones de viajes y, antes de dejar el cargo, declarar a Cuba patrocinador estatal del terrorismo.

El bloqueo y las medidas de Trump han sido los argumentos utilizados por el gobierno de Miguel Díaz-Canel para justificar la crisis actual, agravada por la pandemia de la covid-19.

Detenidos

Las protestas en Cuba culminaron con un total de 110 personas detenidas y un muerto, según informó la Agencia Cubana de Noticias. La ONU señaló que en realidad fueron 187 las detenciones, y otras organizaciones como Cubalex llevan un registro de denuncias de detenciones que supera los 580 personas, aunque más de 300 casos están aún en proceso de ser verificados.

Entre los detenidos, la mayoría acusados de alterar el orden público durante las manifestaciones, al 21 de julio había seis menores de edad, entre ellos una estudiante de 15 años acusada de incitar a las protestas, que se enfrenta a 60 días de privación de libertad.

Donación de 200.000 jeringas para Cuba

Este martes, un grupo de personas se manifestaron frente a la embajada de Cuba en Uruguay a favor del gobierno cubano. En la concentración, conformada principalmente por militantes de izquierda y sindicalistas, se entregó una donación al embajador Héctor Fraginals, que consistía en 200.000 jeringas que serán utilizadas para vacunas contra la covid-19, y 11.200 dólares para financiar el envío a la isla.

“Una vez más el PIT-CNT levanta la voz para pedir que se respete la soberanía de cada uno de los países del mundo, y pide que la comunidad internacional se pronuncie de manera urgente ante este bloqueo inhumano”, señaló la central sindical en su cuenta de Twitter.

La concentración, en la que también estuvieron presentes dirigentes frenteamplistas como Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, se produjo cuatro días después de una declaración de la Mesa Política del FA en la que respaldó “el derecho inalienable que tienen los pueblos a manifestarse pacíficamente en forma legítima”, pero también manifestó su rechazo a “cualquier intento de injerencia internacional que promueva la intervención humanitaria forzosa en Cuba”, en referencia al corredor humanitario que plantearon muchos de los participantes de las protestas en la isla.

Esta declaración no fue acompañada por Asamblea Uruguay, el sector liderado por el exvicepresidente y exministro de Economía Danilo Astori. Este sector sí respaldó una declaración presentada por la bancada de senadores frenteamplistas en el Parlamento, en la que se rechazaba “cualquier intento de injerencia internacional que promueva la intervención militar humanitaria” en la isla, se reivindicaban los principios de “no intervención” y “libre determinación de los pueblos”, y se respaldaba el “derecho inalienable que tienen los pueblos a manifestarse pacíficamente en forma legítima”.