Los diputados del Frente Amplio de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda elaboraron un informe en el que justifican los motivos por los cuales la fuerza política no acompañará la próxima Rendición de Cuentas que comienza a votarse el lunes 16. “Tenemos elementos para asegurar que se realizó una deficitaria gestión de la economía y una muy deficiente contención de sus consecuencias sociales”, critican, y agregan: “El gobierno de la coalición optó por aplicar un ajuste fiscal, recortando salarios, pasividades y políticas públicas en medio de una crisis económica sin precedentes”.
Para los frenteamplistas, en la Rendición de Cuentas “no se advierte un modelo de desarrollo que incluya a las grandes mayorías de nuestra población, ni se garantizan los recursos para hacerlo posible, ni los indicadores para verificarlo”. Opinan que “la única política clara y consistente es el recorte” y que “las medidas de reactivación económica y las políticas activas de empleo brillan por su ausencia. Ante un escenario económico adverso visualizamos un Estado que se retrae, desamparando a su población, fundamentalmente a los más vulnerables”.
Aseguran que de la propuesta del gobierno se desprende un “recorte del gasto de 309 millones de dólares”, y enlistan: 86 de esos 309 se recortan en salarios, se quitan casi 100 millones para funcionamiento de escuelas, hospitales y centros CAIF, entre otros gastos sociales, y 124 millones se recortaron en inversiones.
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Señalan tres instituciones que se verán particularmente afectadas por los recortes. Para empezar, el Plan Quinquenal de Vivienda, en tanto se asumió que con el presupuesto actual ”se terminará el período con 3.805 nuevas soluciones habitacionales menos que en el último gobierno del Frente Amplio”. También mencionan a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que “ha incrementado los usuarios que debe atender, pero no se le asignan refuerzos presupuestales”, y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que tiene “previsto un recorte de 20 millones de dólares en su presupuesto. No sabemos cuánto se le asignará de la partida para primera infancia”.
En cuanto a las nuevas asignaciones, comentan que sólo cuatro fondos recibirán nuevas partidas: se destinarán 50 millones de dólares anuales para primera infancia y habrá construcción de viviendas para asentamientos, aunque aclaran que eso último se hace “recortando recursos de Colonización”. Las otras dos partidas se dan sólo por 2022: 8.000.00 de dólares en políticas de empleo, y 2.000.000 de dólares para los prestadores integrales de salud.
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Los diputados del FA dividen su análisis en varios capítulos, comenzando por la valoración política que hacen de la gestión que encabeza Luis Lacalle Pou hasta el momento. Subrayan principalmente que “el gobierno sobrecumplió sus metas fiscales (es decir, tuvo menos déficit del que estaba dispuesto a tener), dejando en evidencia que no se hizo todo lo que se podía hacer”. Además, indican que “el aumento de la recaudación en 215 millones de dólares no se puede explicar sin considerar los aumentos” de impuestos, y resumen: “Hay un retiro del Estado y una apuesta del gobierno a la actividad privada como motor del crecimiento”.
Tachan de “decepcionante” el desempeño económico del gobierno y remarcan algunas correcciones a la baja que se proponen en la Rendición de Cuentas en comparación con el Presupuesto Nacional. Por ejemplo, “se ajustó a la baja la proyección de crecimiento para el período de gobierno, de 12% en el Presupuesto a 6,6% en la Rendición de Cuentas”, sin modificar el resultado fiscal, y la proyección de empleo fue corregida a 20.000 desde los 50.000 que se proyectaba al principio.
Además afirman que hay una “opacidad en las finanzas públicas”, porque, entre otros motivos, “se recurre a los fideicomisos como alternativa a la asignación de créditos presupuestales explícitos. Esos fideicomisos quedan fuera de los elementos considerados para determinar el déficit fiscal y las deudas que contraigan no se computan a esos efectos. El gobierno elude así su propia regla”.
Finalizan asegurando que “no hay pospandemia” porque “no hay objetivos de políticas públicas y por lo tanto no hay recursos para su cumplimiento”. Aseguran que faltan recursos para la educación, para la promoción de empleo, la recapacitación y la inversión pública, y no se determina cómo “se van a financiar gastos permanentes que han sido imputados al Fondo COVID”.