En la apertura del período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio un discurso inaugural en el que puso el foco en las situaciones que atraviesan Venezuela, Nicaragua y Afganistán.

Bachelet presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, elaborado por un equipo que permaneció dos años en el país gobernado por Nicolás Maduro. Destacó el esfuerzo del gobierno para enfrentar la pandemia de la covid-19 pero criticó que esto se hizo a costa del desvío de recursos para otros tratamientos médicos, lo que dejó a varios sectores de la población y a los propios profesionales de la salud en situación de vulnerabilidad.

También explicó que pese a la implementación de programas sociales, la población tiene ingresos “considerablemente bajos e insuficientes” para vivir adecuadamente, viéndose afectados en particular el acceso a la alimentación y a la educación sanitaria.

A su vez, criticó la ausencia de transparencia a la hora de divulgar datos públicos por parte del gobierno venezolano, en particular al informar sobre las políticas públicas. Mencionó también que existen “continuos informes de intimidación y criminalización contra defensores de los derechos humanos y líderes sindicales por sus actividades legítimas”, y reclamó que se generen instancias de diálogo para retomar las instancias electorales en las universidades autónomas, que llevan más de diez años sin elecciones, desde que en agosto de 2009 se aprobara la Ley Orgánica de Educación.

En este sentido, Bachelet defendió la Mesa de Diálogo que se está llevando a cabo en México entre la oposición y el oficialismo, indicando que puede “conducir a soluciones significativas y dar como resultado un mayor progreso en la protección de los derechos humanos”.

Afganistán

La alta comisionada para los Derechos Humanos pidió al Consejo que implemente un mecanismo para supervisar la situación de los derechos humanos en Afganistán. Recordó que tras la reunión de urgencia que se llevó a cabo el 24 de agosto, pocos días después de la toma del poder por parte de los talibanes, se produjo un atentado terrorista que provocó la muerte de al menos 183 personas en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, y que un ataque encabezado por Estados Unidos como represalia causó la muerte de diez civiles.

Se mostró preocupada por los informes de víctimas civiles y de violaciones a los derechos humanos a causa de los combates en el valle de Panjshir, donde se encuentra la resistencia afgana a los talibanes, y por la situación humanitaria, que está provocando “crecientes dificultades” en la región a causa del exilio de miles de afganos.

Bachelet advirtió que los informes que están en poder de la Acnudh dan muestra de asesinatos contra exmiembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas y funcionarios que trabajaron para el gobierno democrático anterior, lo que contradice las declaraciones iniciales de los talibanes, que habían prometido que no entablarían una persecución contra los exfuncionarios del gobierno. En este sentido, comentó que también se constataron registros casa por casa de funcionarios gubernamentales específicos y personas que cooperaron con las fuerzas de seguridad y empresas estadounidenses en el territorio. Asimismo, el personal de la ONU informó sobre un aumento de los ataques y amenazas contra ellos.

Los informes mencionados por la alta comisionada también señalan que los talibanes no están cumpliendo con la promesa de respetar los derechos de las mujeres bajo la ley islámica, ya que en las últimas tres semanas “han sido gradualmente excluidas de la esfera pública”, en muchas zonas “se les prohíbe aparecer en lugares públicos sin ser acompañadas por un hombre”, están enfrentando cada vez más restricciones en sus trabajos, se restringió el acceso a las niñas a la educación, y a las mayores de 12 años directamente se les prohibió el acceso a centros educativos.

En algunos casos, denunció Bachelet, se ordenó a las mujeres que se quedaran en casa por su propia seguridad, porque los talibanes “no están capacitados para tratar con mujeres”.

Nicaragua

Bachelet también denunció el deterioro de la democracia en Nicaragua, reflejado en las detenciones entre el 28 de mayo y el 6 de setiembre de 36 líderes políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas, líderes campesinos y estudiantiles. Varias de estas detenciones, en particular las de mujeres, “presentan elementos para ser considerados tortura o maltrato”, denunció.

A esto se le suma la inhabilitación de Ciudadanos por la Libertad, que se suma a la cancelación de otros dos partidos, dejando a la oposición sin chances de presentarse a elecciones.

La alta comisionada también informó que se intensificaron los ataques a la libertad de expresión, a través de amenazas contra varios periodistas y trabajadores de los medios por parte de la Fiscalía nicaragüense, lo que forzó a muchos de ellos a irse del país.

El gobierno de Daniel Ortega debe “garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses; poner fin a las persecuciones contra la oposición, la prensa y la sociedad civil; y poner en libertad de forma inmediata e incondicional a las más de 130 personas detenidas desde abril de 2018” por oponerse al gobierno, reclamó Bachelet.