En el primer lunes de enero el océano político parecía tranquilo, pero el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) agitó las aguas y provocó la respuesta del gobierno. La cuestión es la portabilidad numérica, que estableció la ley de urgente consideración (LUC) y permite cambiar de compañía telefónica manteniendo el número. El Poder Ejecutivo pretendía lanzar la portabilidad numérica antes, pero tras un aplazamiento la nueva fecha sería el 12 de enero, por lo que este lunes Sutel intimó al gobierno por vía judicial para que el mecanismo quede en suspenso hasta el 27 de marzo, día del referéndum contra la LUC.

Sutel solicitó a la Justicia que intime al Poder Ejecutivo, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), al Comité de Portabilidad Numérica –que se formó a partir de la LUC– y a Antel para que “suspendan inmediatamente y de forma transitoria el proceso de implementación de la portabilidad numérica y su puesta en vigencia, hasta tanto se realice la votación ciudadana en el referéndum contra la Ley 19.889” (LUC), indica el documento de intimación.

Luego de citar los artículos de la LUC referidos a la portabilidad numérica (del 471 al 476), el sindicato repasó los pasos dados por el gobierno. Señala que el mecanismo requiere “elegir, adoptar e implementar, entre las diversas opciones técnicas posibles, una especial plataforma tecnológica para la portabilidad, incorporando a una empresa operadora que administre la base de datos para viabilizar el tránsito de llamadas”. Además, “se dispone que las empresas de telefonía celular asuman el costo de la implementación de la portabilidad y que deban suscribir, cada una, un contrato de servicios con la empresa que vaya a resultar administradora de la base de datos”.

El sindicato recuerda que el Decreto 26/021, de enero de 2021, aprobó los mecanismos, esquema técnico, plataforma tecnológica, plan de migración y pautas técnicas para la implantación de la portabilidad numérica en consonancia con lo que había determinado la Ursec por intermedio del Comité de Portabilidad Numérica. Asimismo, por la Resolución 21/021, de febrero de 2021, “se adoptaron las bases de la convocatoria a la empresa operadora de la base de datos para la implementación de la portabilidad”.

“Va de suyo, para cualquier observador, que la propuesta de la portabilidad numérica no era (ni es) un tema de ‘urgencia’ con aptitud para haber sido incluido por el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley de urgente consideración”, sostiene el sindicato. Agrega que el tema no conllevaba ni conlleva la cualidad de “urgencia” para el “bien común”, salvo “la urgencia que puedan tener las empresas extranjeras que son competencia de Antel para captar su clientela”.

Además, en el documento presentado ante la Justicia se agrega que el 18 de agosto de 2021, “ya movilizado el trámite de referéndum y presentadas las firmas requeridas”, el Poder Ejecutivo dispuso que los contratos que las empresas deban suscribir con el operador de la base de datos “contengan una cláusula de condición resolutoria para el caso que el recurso de referéndum prospere”. “Al día siguiente, el 19/08/2021, el Comité de Portabilidad Numérica estableció el orden de prelación para la selección del Administrador de la Base de Datos”, indica el gremio.

Por último, Sutel señala que “en realidad, el verdadero motivo de la portabilidad es que a las empresas que son competencia de Antel les es mucho más fácil captar como nuevos clientes a quienes ya son clientes de Ancel, si pueden asegurarles que conservarán su número (por ejemplo, el 099...)”.

La LUC “no está firme”

Gabriel Molina, presidente de Sutel, encabezó una conferencia de prensa en la sede del gremio en la tarde del lunes. En primer lugar, recordó cuál es la opinión de Sutel sobre la portabilidad numérica, que es “solamente un negocio para que los privados crezcan desde el punto de vista económico”. “Este método nuevo, que en el mundo está caduco, se ha realizado justamente para evitar que las empresas líderes sigan manteniendo su liderazgo en el marco de la competencia. La situación real y cierta es que en el mundo no hay una empresa pública como Antel”, subrayó. Agregó que la portabilidad numérica es para que los privados “avancen, quedándose con parte de los clientes que tiene Antel”.

Molina dijo que la Justicia emitió una resolución “favorable a la intimación” y le “dio lugar” al pedido. “Ahora, esperaremos a que el gobierno resuelva qué hacer. Creemos que ante la resolución de la jueza, el gobierno, con todo lo que viene planteando de que a la Justicia hay que respetarla, va a actuar de la forma en que se ha planteado, y que el tema quedará para después del referéndum”, finalizó.

A su vez, el abogado de Sutel, Óscar López Goldaracena, dijo en la conferencia de prensa que es “fundamental” destacar que hay más de 600.000 firmas que fueron oficialmente validadas para el referéndum, por lo tanto, la LUC “no está firme”, hoy “está impugnada y se va a decidir su futuro el día de la votación”.

“Una barbaridad”

Guzmán Acosta y Lara, director nacional de Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales del Ministerio de Industria, Energía y Minería, dijo a la diaria que el gobierno continuará con el proceso de la portabilidad numérica, ya que la Justicia “no se pronunció sobre el fondo del asunto, por lo cual, no ordenó absolutamente nada”. “Lo anunciado por Sutel es una total desinformación. La ley está vigente y el referéndum no tiene efecto suspensivo de la ley”, agregó.

En tanto, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, citó en su cuenta de Twitter la resolución judicial y cuestionó a Sutel: “Téngase presente y, en su mérito, practíquese la intimación solicitada, en cuanto por derecho corresponda, cometiéndose a la señora Alguacil de Feria. Ahora resulta que dar vista a la solicitud que hace una parte es darle la razón”.

En diálogo con la diaria, Rodríguez sostuvo que lo que resolvió la alguacil implica, simplemente, “que se cumplan los requisitos formales” y que se comunique. También subrayó que la Justicia “no se mete en el fondo del asunto”, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico la intimación “se agota en sí misma”.

Rodríguez dijo que lo señalado en la conferencia de Sutel, en cuanto a que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la intimación, “es falso”. Agregó que “el disparate más grande” fue el que dijo López Goldaracena, que la LUC “no está firme”. Rodríguez sostuvo que eso es una “barbaridad” y citó el artículo 36 de la Ley 16.017 (modificación de la ley de elecciones), de 1989: “La interposición del recurso de referéndum no tendrá efecto suspensivo sobre la ley recurrida”.