Con la apuesta a una “transparencia imprescindible y necesaria” en un “momento complejo”, el Frente Amplio (FA) presentó este martes dos proyectos que van hacia esa dirección: crear la figura delictiva del enriquecimiento ilícito y fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dándole una “mayor autonomía” que no dependa del poder político, donde los integrantes serán electos por dos tercios de la Asamblea General, al igual que ocurre en la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, la oposición también insiste en que se avance en el proyecto de financiamiento de partidos políticos, que está a estudios en Diputados, cuyo documento no se aprueba desde la legislatura pasada y que por rencillas entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que no se ponen de acuerdo en el cargo de la Corte Electoral -quien fiscalizaría esta norma- no prospera. Según expresaron a la diaria desde el FA, tratan de ver las formas de acelerar el proyecto porque en 2024 ya comienza una nueva contienda electoral. En ese marco, la oposición ha manifestado la preocupación por donaciones de privados a las colectividades políticas, pero quien se opone a que haya un cambio en esto es el Partido Nacional.
Según fundamentó en rueda de prensa el senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, este paquete de propuestas les parece “muy urgente” en la “coyuntura que estamos viviendo”, en alusión al caso Marset, que valió una interpelación, y a la imputación de Alejandro Astesiano, exjefe de custodia presidencial, que fue imputado por suposición de estado civil y asociación para delinquir, además de ser investigado por un presunto delito de tráfico de influencias, que motivó un llamado a sala a régimen de comisión general la semana pasada.
Astesiano, actualmente, se encuentra en prisión preventiva por haber integrado una red criminal que falsificaba documentación para gestionar pasaportes a ciudadanos rusos. Esos negocios ilícitos los organizaba desde el cuarto piso de Torre Ejecutiva. Por esto mismo, la senadora frenteamplista y coordinadora de bancada del Senado, Liliam Kechichian, señaló que su fuerza política “sigue en sesión permanente” por este caso porque siguen “apareciendo algunas informaciones y seguimos teniendo carencias [de información] que no se nos brindó en sala, en su momento”. Por lo tanto, dijo, la bancada evalúa pasos a seguir a futuro vinculado al tema.
Rubio, por su parte, agregó que han hecho un pedido “masivo” de acceso a la información pública para “ver los expedientes de las personas que durante la pandemia fueron exceptuadas y se les dio el aval para que ingresaran al país en situaciones que pudieron haber sido, en muchos casos, debida a cuestiones laborales”. “Hay demasiados elementos para demostrar que hay otras situaciones. Veremos la respuesta y de acuerdo al estudio de esta documentación veremos las acciones a emprender”, sostuvo, y añadió que los tiene preocupados que no se haya informado a Interpol los nombres de los pasaportes otorgados: “Nos parece un hecho realmente grave”.
En conversación con la diaria, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo que quedaron “muy preocupados” por el caso Marset y la vinculación que puede haber entre el crimen organizado, el narcotráfico y la política. “Debemos tomar medidas de prevención”, alertó.
Ana Ferraris, vocal del FA en la Jutep, había dicho en una entrevista con la diaria que era “hora” de tener regulado el delito de enriquecimiento ilícito, dado que el país se llevó observaciones de organismos internacionales por no tenerlo establecido. “Yo creo que ahora sí hay condiciones para legislar en la materia”, había vaticinado.
Otra vez
Pese a la discordancia en la anterior legislatura, el FA presentó nuevamente el proyecto para crear la figura delictiva de “enriquecimiento ilícito”. Según plantearon en el documento, al que tuvo acceso la diaria, esta figura delictiva “no pretende proteger el patrimonio del Estado, sino que busca fortalecer la legalidad y la transparencia en la administración pública”. Por lo tanto, este delito no sancionaría la afectación al patrimonio del Estado, “ni el dominio sobre bienes, efectos y caudales, sino que condena el abuso del poder para enriquecerse”.
En su exposición de motivos, apuntaron que el ejercicio del poder público, “en muchas ocasiones, no solo otorga el manejo de bienes o caudales administrados, sino que otorga poder sobre una serie de relaciones de interés que sobrepasan la especificidad de sus funciones”. Esto, según manifestaron, se vincula a las “redes de interés, influencias, cuotas de poder en determinados asuntos, y toda situación que involucre de una u otra manera el uso del poder que otorga la función pública para obtener beneficios económicos, directos o indirectos”.
Asimismo, establecieron que con este proyecto se apunta al incremento patrimonial que se obtiene a través del uso del poder que presupone la gestión pública, “una situación que a veces no es tan evidente pero que debe ser considerada por el derecho penal, porque muchas veces es ahí donde se dan los casos de corrupción”. “Junto al enriquecimiento ilícito puede estar el lobby empresarial y sin duda, está presente el uso abusivo del poder público”, agregaron.
Aclararon, en relación a la prueba del enriquecimiento, que es de cargo de la Fiscalía intimar al imputado “la justificación y prueba razonable de la procedencia del patrimonio sin perjuicio de los demás medios de prueba disponibles”.
Carrera expresó que es un “reclamo” propio que “hay que tipificar y sancionar aquellos enriquecimientos de los funcionarios públicos que por medios racionales no se pueden explicar”. En ese sentido, recordó que Uruguay asumió obligaciones internacionales de querer tipificar esta conducta: “Esperamos que se castigue esa conducta. Creemos que la redacción es buena y por eso la volvimos a presentar”. El proyecto, en su momento, contó con el trabajo de Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep, Leonardo Costa, experto en temas financieros de prevención de lavado de dinero y riesgos bancarios, y del exfiscal de Corte, Jorge Díaz.
El mismo espíritu
En la pasada legislatura, el FA intentó avanzar en este mismo proyecto, pero no tuvo éxito, pese a tener las mayorías parlamentarias. Para Carrera, este proyecto mantiene el espíritu del tratado en la anterior administración. De hecho, es casi la misma redacción del texto que fue aprobado en diciembre de 2018 por la Cámara de Senadores, y que estaba siendo estudiado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja.
En su momento, se había decidido postergar su tratamiento hasta diciembre de 2019, pero con el receso parlamentario y una transición gubernamental en ciernes no fue posible tratarlo nuevamente. El entonces diputado del FA José Carlos Mahía, quien era presidente de la comisión, había dicho a la diaria que no estaban “convencidos de la redacción con la que llegó del Senado”.
El primer artículo de ese proyecto, que no logró consensos, es un calco al presentado actualmente y establece que se incorpore al Código Penal la disposición: “El funcionario público con obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos, que durante el ejercicio de su función, incluso hasta cinco años después de haber cesado en su desempeño, obtenga, por sí o a través de interpuesta persona, un incremento patrimonial significativo e injustificado en relación a sus ingresos legítimos, será sancionado con una pena de dieciocho meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR (unidades reajustables) a 15.000 UR e inhabilitación especial de dos a cinco años”.
Mahía había dicho que en el FA no estaban de acuerdo con el término “significativo”, ya que lo dejaba “librado a la interpretación de los jueces”.
Mayor independencia para la Jutep
Tal como había informado la diaria, el FA buscará que se apruebe el proyecto que le da carácter autónomo a la Jutep, que hoy se encuentra supeditado al Ministerio de Educación y Cultura, y por lo tanto al gobierno de turno. Para el FA, esta situación orgánica “le permitirá a la nueva Jutep actuar con mayor independencia”.
Carrera señaló que el organismo no cumple con “los objetivos a cabalidad” y que “ha hecho papelones”. A modo de ejemplo, citó el informe que realizó sobre el acuerdo entre el Estado y la empresa belga portuaria, Katoen Natie, donde se le dio la concesión de la Terminal Cuenca del Plata hasta 2081. “Fue lamentable el episodio, no se permitió que la vocal frenteamplista [Ana Ferraris] se pudiera expresar y dar su parecer”, comentó Carrera, quien denunció el caso ante la Fiscalía.
Según el proyecto, al que tuvo acceso la diaria, el objetivo del tratamiento parlamentario es modificar su naturaleza jurídica “profundizando su nivel de independencia”. Para eso, en su exposición de motivos, plantearon dotar a la junta anticorrupción de mayores recursos tanto humanos como económicos, para que pueda cumplir sus cometidos.
Los frenteamplistas, que vienen trabajando en el proyecto antes del caso del senador nacionalista Juan Sartori, quien no presentó la declaración jurada de su esposa, consideraron que implementar estos cambios “constituye un pilar fundamental” para brindar “confianza a la población en el sistema democrático”. “Es necesario que la ciudadanía entienda que el combate a la corrupción trasciende ideologías políticas y es un asunto central de la gestión gubernamental mejorar su eficiencia”, apuntaron.
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Por último, señalaron que el “abuso del poder público” a través de la corrupción “es hoy un serio obstáculo al proceso de desarrollo económico y social en muchos países”. Con base en lo dicho en su momento por James Wolfensohn, expresidente del Banco Mundial, la corrupción “debilita la confianza del público en el gobierno, produciendo profundas tensiones políticas y sociales”.