La búsqueda de responsabilidades en el gobierno por la entrega urgente de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que estaba preso en Emiratos Árabes, sumó un nuevo capítulo este domingo. La investigación administrativa que realizó el Ministerio del Interior (MI) concluyó que la cancillería es la única habilitada para otorgar pasaportes en el extranjero.

Según informó El País, que accedió a la investigación administrativa, se sostiene que “la actuación de los funcionarios” del MI “consistió en asistir al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien conforme a la normativa vigente (...) era la única autoridad competente para expedir pasaportes comunes en el exterior, por medio de sus funcionarios consulares”.

Se relata que la cartera liderada por Luis Alberto Heber se encargó de “verificar la identidad del solicitante, confirmando que se trataba del ciudadano uruguayo que decía ser Sebastián Marset” y luego informar que “carecía de antecedentes judiciales registrados en su archivo patronímico” al momento de la solicitud. Luego se imprimió “la libreta del pasaporte de Sebastián Marset, lo cual se concretó el día 25/11/2021” y se le entregó al “funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Según la investigación administrativa, “no se constató irregularidad alguna en la tramitación realizada”, porque “claramente la competencia exclusiva en la expedición de los pasaportes siempre fue del Ministerio de Relaciones Exteriores” y, por lo tanto, “la pertinencia de la admisibilidad del trámite del pasaporte en función de la situación jurídica en que se encuentra el ciudadano solicitante”.

Sin embargo, la investigación administrativa sí reconoció que el exdirector de Investigación Criminal Gonzalo Vázquez -que había sido separado de su cargo previamente por corregir información que indicaba que el exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano no tenía antecedentes- cometió una “falta administrativa disciplinaria” al enviarle a Alejandro Balbi, abogado del narcotraficante uruguayo, una “fotocopia de oficio” de la Dirección Nacional de Identificación Civil que informaba que “Marset carecía de antecedentes judiciales”. En su justificación, Vázquez sostuvo que “Balbi dijo que no podía esperar y que le avisáramos cuando estuviera el trámite pronto, y me dio el teléfono”.

La conclusión de la investigación va a contracorriente de la justificación de la subsecretaria de la cancillería, Carolina Ache, que, a raíz de los mensajes de Whatsapp que intercambió con el subsecretario del MI, Guillermo Maciel, difundidos por la diaria, se comprobó que ya sabía antes de la entrega del pasaporte del peligro que representaba que Marset pudiera salir en libertad y huir de Emiratos Árabes.

En un documento que entregó a los dirigentes de su sector, Ciudadanos, del Partido Colorado, el jueves pasado, Ache justificó que “se trataba de consultas informales, que en ese momento no parecían tener relevancia alguna para la cancillería, puesto que, en todo caso, el tomar posibles acciones ante la peligrosidad de un ciudadano no está dentro de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no se me hizo una solicitud formal, ni siquiera informal, de hacerlo”.

Unos días antes de la reunión, en una entrevista con El País, Ache insistió en que el MI tuvo un rol protagónico en la entrega del pasaporte. “Se cumplían todos los requisitos de la ley y estamos en un Estado de derecho”. Sin embargo, preguntó: “¿Y quién expide el pasaporte? Lo expide el Ministerio del Interior, no la cancillería”.

El lunes pasado la cancillería informó que había finalizado la investigación administrativa por el caso Marset y envió la información a la Fiscalía que analiza el caso. “La conclusión es que tras un análisis exhaustivo y minucioso de los elementos de la presente instrucción la suscrita instructora se permite concluir que no resulta constatado la ocurrencia de irregularidades administrativas”, se señaló.