A diferencia de lo que ocurre en Montevideo, donde el saneamiento depende de la intendencia, en el interior es OSE la responsable de la infraestructura y gestión de las aguas residuales provenientes de los hogares. Lo que tiene en común el saneamiento en la capital y en el resto del país es que en los últimos tiempos ha sido motivo de debate. Meses atrás lo fue cuando la Junta Departamental de Montevideo rechazó, a instancias de la oposición departamental, una iniciativa de la comuna que incluía ampliar la cobertura. Ahora volvió a serlo después de que el gobierno nacional anunciara una inversión para llegar a más hogares en los otros 18 departamentos.
El miércoles, en una conferencia de prensa liderada por el presidente Luis Lacalle Pou, se anunció una inversión cercana a 280 millones de dólares para una “primera etapa de la construcción de redes de saneamiento en localidades del interior”. El mandatario señaló que “se va a llegar a 61 localidades” y que, para ello, trabajarán unas 2.000 personas. Este proyecto forma parte de una iniciativa privada que el propio Lacalle Pou reconoció que tuvo “muchas modificaciones” e “idas y vueltas”.
Es que a mediados de 2021, es decir, un año y medio atrás, se dio a conocer este proyecto de iniciativa privada pero con otras características. En aquel momento se indicó que la inversión sería cercana a los 1.000 millones de dólares, casi cuatro veces mayor a la que finalmente se aprobó en el directorio de OSE. También se pensaba llegar a 124 localidades, el doble que el planteo actual, y se estimaba, como indica una publicación en el sitio web de Presidencia, que “las familias u hogares beneficiados con el servicio de alcantarillado” serían 250.000 y que el total de personas cuyos servicios serían mejorados eran 650.000, “para llegar a 88% de cobertura en el interior”, hoy ubicada en 50%. Con el proyecto finalmente aprobado serán 55.000 las conexiones, lo que beneficiará a entre 170.000 y 200.000 personas, y el nivel de cobertura en los centros poblados del interior será inferior a 70%.
El llamado a licitación está previsto para febrero de 2023, con el fin de que las obras empiecen antes del cierre de ese año. El consorcio integrado por las empresas constructoras Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast, que fue el que presentó la idea, correrá con un porcentaje de ventaja, tal como establece la ley.
Pero lo que despierta mayores críticas tanto desde la oposición como desde el sindicato de trabajadores de la empresa pública es el modelo de negocios. Es que lo previsto implica que el ganador de la licitación hará las obras y no recibirá su paga hasta que estén finalizadas, pero luego será el encargado de operar una parte de esa infraestructura, lo que es considerado una privatización del servicio tanto por el Frente Amplio (FA) como por la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE).
Presidente de OSE: “Es una primera etapa”
El presidente de la empresa estatal, Raúl Montero, manifestó a la diaria que esta inversión, que corresponde a “la cuarta parte” de lo anunciado inicialmente, “es una primera etapa de lo que se denominó universalización del saneamiento”. Según dijo, esta fue la forma que se encontró de “avanzar más rápido en el aumento de la cobertura”, ya que actualmente “50% de la población urbana del interior no cuenta con alcantarillado”. A su entender, se elevará en 15 puntos porcentuales la cobertura en los centros poblados, llegando a 65%.
Si bien aún no está determinado porque no están los pliegos de la licitación, dijo que en principio la idea es que las empresas privadas gestionen las plantas y que aún sigue en discusión quién se encargará de la operativa de “las redes” de alcantarillado, aunque en ese caso “es muy probable que las gestione OSE”. Además de los 280 millones de dólares de inversión por la infraestructura, que se abonarán una vez prontas las obras, “en el correr de los años” OSE deberá pagar los gastos de operación y mantenimiento que correspondan.
Vocal del FA se queja por las “pocas” obras y el alto costo
El director FA en OSE, Edgardo Ortuño, votó en contra de la iniciativa, que se aprobó con el visto bueno de los representantes del gobierno. En diálogo con la diaria, manifestó que tiene críticas en tres ejes: por las “pocas obras” que se harán en comparación con el proyecto inicial, por la “menor calidad” del servicio y por los altos costos en comparación con lo que ocurriría si la obra la ejecutara la propia empresa pública.
Con respecto al primer eje, manifestó que incluso disminuyeron los “niveles de cobertura” con respecto al proyecto original, con algunas localidades con un nivel inferior a 30%, lo que “no alcanza a los mínimos de OSE para considerar saneadas las ciudades”. Además, criticó que quedaron afuera “ciudades importantes como Fray Bentos, San Carlos o incluso diversas ciudades del departamento Canelones, que es el que tiene mayor porcentaje de población con necesidades de saneamiento”.
También cuestionó que se opte por sistemas de tratamiento de las aguas residuales cloacales que son “de menor calidad”. En la fundamentación de su voto agregó que “al optarse masivamente por la instalación de sistemas de tratamiento secundario de las aguas residuales en lagunas, a diferencia de plantas de tratamiento terciario como venía instalando OSE en las anteriores administraciones, la calidad ambiental de los sistemas de saneamiento implementados se verá sensiblemente reducida”. Señaló que en las lagunas no hay “remoción de nutrientes como fósforo y nitrógeno, ni desinfección por radiación ultravioleta, cloración u ozonización como sí tienen los sistemas de tratamiento terciario que venía implementando OSE”.
“Lo otro que cuestiono son los costos”, dijo a la diaria. “Esto hecho por OSE sale, mínimo, 300 millones de dólares por debajo de lo que vamos a estar pagando por este modelo en el que el privado financia, opera, hace el mantenimiento y además es el propietario de las infraestructuras del saneamiento que se construye”, señaló. Es que, según sus cálculos, finalizados los contratos, dentro de 25 años, OSE habrá pagado un total 1.080 millones de dólares entre todos los rubros. “Es un muy mal negocio para OSE, un proyecto inconveniente que deja comprometidas las capacidades económicas financieras de nuestra empresa pública por años”, señaló.
A los cuestionamientos desde el punto de vista ambiental Montero respondió que “de ninguna manera” se va a “violentar normas ambientales”. “Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, sería totalmente ilógico plantearlo”, aseguró. Con respecto a los montos, cuestionó los cálculos de Ortuño porque “los gastos de operación igual los vas a tener” si la operativa y el mantenimiento corriesen por cuenta de OSE con sus funcionarios. Consultado sobre por qué se utilizará este formato de obra privada, que permite pagar una vez concretadas las obras y hacerlo durante el tiempo de contrato, sin la necesidad de pedir un préstamo, respondió: “Primero, porque OSE sigue teniendo una deuda de casi 400 millones de dólares, igual a su presupuesto”.
“Por supuesto que va a salir más caro el método que elegimos nosotros que el otro método convencional”, reconoció, pero agregó que el Estado evitará “el riesgo de ejecución, de plazo y de precio”. “Nosotros vamos a pagar por disponibilidad, igual que el proyecto Neptuno: si no está terminada la obra, no pagamos, y si salió más plata que la que dijeron, pagamos lo que está estipulado en la licitación. No queremos que nos pase lo de Gas Sayago, que quedaron cosas instaladas, se pagaron y no siguieron”, sentenció.
FFOSE: “Busca un fuerte lucro de privados”
En diálogo con la diaria, el presidente de FFOSE, Federico Kreimerman, manifestó que el sindicato tiene “preocupación” por la iniciativa porque, “al igual que el proyecto Neptuno, es un modelo de negocios que busca un fuerte lucro de privados a costa del presupuesto de la empresa pública”. “Va a haber infraestructura privada que OSE va a operar a cambio de pagar un canon que termina siendo de tres a cuatro veces más que lo que cuesta realmente”, dijo.
También denunció que “lo que se está proponiendo tiene enormes carencias desde el punto de vista técnico” porque “no se plantea una cobertura total sino apenas de 30% en algunas localidades”. Además, dijo que “el tipo de tratamiento que se aprobó para el agua residual” es perjudicial desde el punto de vista medioambiental y que incluso “va a estar por debajo de los parámetros que hoy mismo tiene el Ministerio de Ambiente”.
Kreimerman aseguró que con este proyecto OSE “está comprometiendo otros 30 millones de dólares anuales, además de lo que se compromete con el proyecto Neptuno”, por lo que no ve forma de que “en el largo plazo” no aumenten las tarifas o, en todo caso, “van a recortar gastos de otras áreas”. “Con la intención de no computarlo como deuda sino como gasto corriente de la empresa cuando empiece a pagar, se termina gastando mucho más dinero público”, dijo el sindicalista.