Un nuevo Índice de Transparencia Activa en Línea, un relevamiento que cada año hacen el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y la Universidad Católica del Uruguay (UCU), concluyó que a 14 años de aprobada la norma sobre acceso a la información pública hay un “horizonte lejano” de cumplimiento: el nivel de “opacidad” en el Estado “se mantiene en niveles muy altos si nos atenemos a la información que deben publicar de forma obligatoria por ley y a su efectivo cumplimiento”.

Según se aclara en el informe, al que tuvo acceso la diaria, en promedio, el nivel de cumplimiento es de 35,84%, “lo que muestra una leve caída” respecto del informe de 2021, cuando hubo un porcentaje de 36,36%. La investigación apunta que de los 270 organismos relevados sólo ocho, es decir, 3%, “tiene un alto nivel de cumplimiento de la normativa que regula la transparencia en el país y publican más de 80% de la información requerida”. En cambio, 62% de los sujetos obligados por ley “cumple con menos de la mitad de las exigencias de publicación de datos”.

Para las instituciones sigue existiendo un “nivel bajo” de cumplimiento de las obligaciones contraídas de transparencia activa. Los municipios, las juntas departamentales y las intendencias “siguen siendo los organismos con más bajo cumplimiento, a pesar de que dentro de sus principios de creación están la cercanía y la promoción de la participación ciudadana”, indicaron.

Asimismo, agregaron que la “gran mayoría” de los portales de estos organismos cuentan con “datos genéricos, sin un listado concreto de servicios ofrecidos a la ciudadanía, ni información sobre cómo acceder a los mismos”. Incluso, se denuncia que “en muchos casos ni siquiera se dispone de los nombres de las autoridades” del municipio.

Por otra parte, sostuvieron que “buena parte” de la información que fue relevada para la investigación “no fue de fácil acceso”. En ese sentido, recomendaron que los organismos que estén obligados por ley “presenten la información de forma accesible para todas las personas”: “Estamos muy lejos de lo recomendado según los nuevos estándares internacionales”, lamentaron.

A modo de reflexión, en el informe se señala que la falta de accesibilidad informativa en los portales del Estado “impacta directamente en las poblaciones especialmente vulnerables o con necesidades particulares, ya sea porque no se publica información discriminada sobre los grupos, por la falta de servicios específicos, o porque el lenguaje utilizado no es accesible a personas con discapacidad”.

Por último, insistieron en la “necesidad” de que la “transparencia se constituya en un eje del plan estratégico de todos los organismos, una línea transversal de trabajo, además de que tenga un ítem en el presupuesto y se le asigne recursos humanos para poder cumplir con las obligaciones a cabalidad”.

En ese marco, concluyeron que es “necesario fortalecer” a la Unidad de Acceso a la Información Pública “para que cumpla de manera adecuada y oportuna con las funciones de control, asesoramiento, consulta e instalación de capacidades”.