Manini Ríos e Irene Moreira explotan un campo de Colonización, pese a que dijeron lo contrario

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, explotan mediante una sociedad anónima con el padre de la jerarca, Roque Moreira, 4.350 hectáreas en Artigas, de las cuales 2.856 (inmueble 511) están afectadas por la ley de colonización (11.029), según informó Búsqueda y confirmó la diaria.

En octubre del año pasado, el Instituto Nacional de Colonización (INC) dispuso una inspección técnica en el campo ubicado en el paraje Yacaré Cururú, a los efectos de determinar quiénes habitan en las fracciones que lo componen (1, 2, B), quiénes son los propietarios y si cumplen o no con los requisitos que dispone la ley de colonización. El Directorio del INC recibió la información de la inspección el jueves y decidió enviarla a la Asesoría Letrada, para una segunda revisión, decisión que contó con el voto en contra del director por el Frente Amplio (FA), Andrés Berterreche.

El director de la oposición explicó a la diaria que votó negativamente porque considera que la información que arrojó la inspección técnica era “lo suficientemente clara” como para tomar una decisión. Berterreche, junto con su equipo, inició una investigación sobre la situación de los inmuebles de Palomar SA, cuyos directores son la ministra y su padre, Roque Moreira, general retirado y excandidato a la comuna artiguense en las pasadas elecciones.

Moreira ha negado ser colona en reiteradas oportunidades. “Me causa asombro porque yo nunca fui ni soy colona”, dijo en julio del año pasado en la radio Carve. “¿Ni usted ni ningún familiar?”, le repreguntaron, y la jerarca respondió: “No, no, mi familia nunca fue colona”.

Las declaraciones sucedieron tras la publicación en febrero de Búsqueda en la que se informó que Roque Moreira y Myriam Fernández figuraban en los registros públicos como directores de Palomar SA, empresa propietaria del campo en Artigas, y que en el perfil de Linkedin de la ministra figuraba que era directora de la sociedad anónima desde 2008. El semanario informaba en ese entonces que Moreira podría verse beneficiada por un artículo de la ley de urgente consideración (LUC) que exonera de obligatoriedad habitar el predio para colonos propietarios del INC.

En un informe que realizó el equipo del director de la oposición, a partir de la revisión de las actas y documentos del INC, se relata cómo fue el proceso de adquisición de las hectáreas por parte del grupo integrado por la familia Moreira y Manini Ríos. En 1970 el INC compró los padrones y realizó un llamado público para adjudicar la venta de las fracciones del inmueble. Al año siguiente, una de esas fracciones fue adjudicada a Moreira, que abonó 18% al contado y el resto lo financió en diez años.

Durante la dictadura, en 1974, según informó el semanario en febrero del año pasado, el INC intimó a Moreira a residir en el campo adquirido, a explotarlo directamente y a pagar lo adeudado por los dos padrones. Un año después de la intimación, Moreira solicitó “el cambio de condiciones del contrato”, bajo lo dispuesto por el artículo 127 de la ley de colonización. Ese artículo establece que no podrán recibir beneficios, como “rebajas o facilidades de orden especial”, las “personas que por su situación económica estén en condiciones de realizar las explotaciones con sus propios recursos”.

Según el informe del director del INC, entre 1981 y 1982 Moreira adquiere las otras fracciones que habían sido adjudicadas a otra familia en un primer momento, y crea la sociedad anónima Palomar SA, cuyas acciones se dividen actualmente entre Irene Moreira (es propietaria de un tercio) y él.

No es hasta la década de 1990 que aparece el nombre de Manini Ríos en el proceso de compra y venta de estas fracciones. En concreto, en 1997 el senador adquiere la fracción número 2 del inmueble 511, según se señala en el informe.

El informe del director de la oposición concluye que la familia Manini Ríos-Moreira “explota cerca de 4.350 hectáreas, de las cuales 2.856 están afectadas por la Ley 11.029 correspondiente al inmueble 511”, por lo que son “colonos propietarios”. En total el inmueble 511 abarca un total de 2.900 hectáreas, unas 100 son de otra propietaria.

Se constata que la tenencia de la tierra supera lo dispuesto por el artículo siete de la ley de colonización, que establece como máximo 1.000 hectáreas. Se señala que se constató explotación de ganado por parte de la familia Manini Ríos-Moreira en el inmueble y que las “sucesivas escrituras de compraventa”, así como la subdivisión posterior del terreno no tuvieron autorización previa del INC, como dispone el artículo 70 de la ley de colonización, por lo que “fueron negocios nulos de pleno derecho”.

Si bien en el primer y segundo gobierno del FA se votaron dos leyes (18.187 y 18.758) para regular muchos procesos de compra y venta de tierras de colonización previos, “no han sido regularizadas las operaciones de registro de inscripción de los títulos de propiedad ante el INC, determinando posibles sanciones al respecto”, concluyó el informe.

La LUC: Manini votó artículos sobre Colonización

Manini Ríos publicó el viernes en Twitter que se trata de “otra mentira” y agregó que Roque Moreira compró el predio “hace más de 51 años y nunca fue colono”. En ese marco, señaló que el informe lo mandó hacer “a medida” por Berterreche ‒que integra el Movimiento de Participación Popular‒ “para ensuciar la cancha antes del referéndum”. “El periodismo sicario sigue activo y parece que los mandantes pagan bien”, criticó.

Según el artículo 358 de la LUC, que está impugnado para este 27 de marzo cuando se lleve adelante el referéndum contra dicha ley, el colono tiene la potestad de no trabajar “directamente” la tierra sino que puede “supervisar” el trabajo, algo que beneficiaría a Manini Ríos y Moreira ya que residen en Montevideo. El informe de la inspección técnica del INC, según informó el jueves Búsqueda, concluyó que Manini Ríos, su esposa y el padre “no residen en el predio ni realizan trabajo directo”.

En ocasión de la votación del proyecto de la LUC en la Cámara de Senadores, el 5 de junio de 2020, según el Diario de Sesiones de la cámara número 17 Tomo 606, Manini Ríos votó a favor de los dos artículos referidos al Instituto Nacional de Colonización, y además fundamentó a favor del primero. Se trata de los artículos 357 y 358 de la ley finalmente promulgada, pero que en ocasión del tratamiento parlamentario en el Senado llevaban el número 353 y 354.

Cuando se estaba discutiendo el artículo 353 (en la ley vigente, el 357), sobre las parcelas que integran las colonias, Manini Ríos pidió la palabra. Este artículo establece que no están afectadas ni comprendidas por la Administración las colonias que provienen del Banco Hipotecario del Uruguay. “En este caso en particular, este es uno de los artículos en los cuales Cabildo Abierto tuvo el mayor dilema sobre si apoyarlo o no. Lo que nos terminó convenciendo es la responsabilidad que debe tener el gobernante para dar certezas jurídicas a hechos que habían sucedido o que se habían producido con mucha anterioridad a la ley que pasa estas tierras al Instituto Nacional de Colonización. Creemos que esto es de justicia. Algunos de los afectados tuvieron los recursos, el tiempo, etcétera, para hacer un juicio ante la Suprema Corte de Justicia y luego ser resarcidos en sus demandas, pero muchísimos otros no tuvieron esa oportunidad y, por lo tanto, quedaron sometidos a esa ley que nosotros creemos que no es justa”, expresó Manini. “Con este artículo 353, simplemente se trata de hacer justicia en algo que nosotros creemos que fue mal hecho en el pasado. Esta es nuestra posición”, añadió luego.

En ese momento había en sala 30 senadores. El FA presentó una moción para que los artículos referidos a Colonización fueran derivados a comisión de Ganadería, que resultó negativa por 13 votos en 30 (sólo obtuvo los votos del FA).

A continuación, el senador nacionalista Gustavo Penadés pidió que se votaran en conjunto los artículos 353 y 354 (este último, sobre las obligaciones de los colonos). Nadie objetó la propuesta, y los artículos resultaron aprobados por 17 votos en 30 (sólo el FA no acompañó los artículos).