Avanzar es el nombre elegido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para la ejecución del fideicomiso para la regularización de asentamientos, iniciativa considerada un “buque insignia” del gobierno y que implicará la inversión de 240 millones de dólares en la regularización y relocalización de familias asentadas de forma irregular.

Este viernes, durante la presentación en el anexo de la Torre Ejecutiva, Florencia Arbeleche, encargada de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), creada por la ley de urgente consideración para atender los asentamientos, no fue hacia el estrado que utilizan las autoridades, sino que tomó un micrófono inalámbrico para explicar, utilizando diapositivas, los detalles de Avanzar. Según Arbeleche, los puntos son tres: la organización, el trabajo con las intendencias y los recursos.

Sobre la organización, destacó la aparición de la Dinisu, que tiene bajo su paraguas los programas y planes que atienden la temática de los asentamientos y que antes de que se creara la dirección estaban dispersos dentro del MVOT, algo que según Arbeleche permite a su vez, “en conjunto con las intendencias, el trabajo siempre con los locatarios”. Destacó “la presencia de todos los intendentes” del país tanto en el territorio como en la presentación, algo que “da una fuerza enorme”.

Según la jerarca, ya se ha trabajado sobre esto con las comunas, pero ahora es tiempo de “ejecutar” y por eso, más allá del acuerdo marco con el Congreso de Intendentes, van a apostar a “los acuerdos específicos con cada intendencia”. Según los datos que presentó Arbeleche, actualmente se está trabajando sobre 40 asentamientos en todo el país y con el fideicomiso se retomará la intervención en otros 20 que habían quedado suspendidos, además de los 60 nuevos sobre los que se empezará a trabajar; es decir, esperan intervenir unos 120 asentamientos.

Respecto de la cantidad de hogares, Arbeleche presentó números estimados. Más allá de los 1.345 hogares terminados, la jerarca anunció que hay 4.100 en curso, 5.200 que se retoman y otros 5.200 hogares nuevos, por lo que manejó que habrá un total de 15.845 hogares en los que se piensa trabajar o terminar en lo que resta del quinquenio.

No obstante, en todo momento las autoridades intentaron evitar hablar de montos. Lo que sí se adelantó fueron las cantidades de asentamientos por departamento. Así, en Artigas, Rivera, Paysandú, Río Negro, Durazno, Treinta y Tres, Soriano, San José, Rocha y Canelones se trabajará en tres barrios, mientras que en Salto, Tacuarembó Florida y Lavalleja será en dos y en Maldonado, Cerro Largo y Colonia lo harán en cuatro. Flores, el único departamento sin asentamientos, tendrá “realojos de precariedad dispersa”, mientras que en Montevideo se trabajará en muchos barrios que fueron reprogramados en 2020 debido a los recortes presupuestales.

Al momento de hablar, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sostuvo que se trataba, “en lo personal y lo político, de un día importante”. El mandatario destacó “la experiencia acumulada” de períodos anteriores y entendió que lo que “estaba faltando” era “un envión”, es decir, “destinar recursos”.

Sin embargo, Lacalle dijo entender que apenas se ha superado una de las partes “más difíciles”, es decir, conseguir los forma de financiar el fideicomiso que, según consignó la diaria el jueves, será en base a extender el tiempo del fideicomiso y endeudarse a más años.

Lo central ahora y la verdadera “parte más difícil”, según el presidente, “son las familias que viven en los asentamientos”. Por eso, sumado a este abordaje “básicamente de infraestructura”, tendrá que haber uno con “un profundo sentido afectivo de amor al prójimo, porque no alcanza con la vivienda”, y es por eso que anunció el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el MVOT.

Lacalle indicó, a su vez, que esto “no es para un período de gobierno”, sino para que se convierta “en una política nacional” y en un “punto de inflexión” que, espera, “será seguido por quienes vengan si hacemos las cosas bien”.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, recordó durante la presentación que al momento de asumir el gobierno “existían más de 600 asentamientos”, que marcan “el fracaso de los sucesivos gobiernos, y así se incumplía con el artículo 45 de la Constitución”, que consagra el derecho a una vivienda digna. El número no ha cambiado, según lo que dijo la propia Moreira luego del congreso nacional de Cabildo Abierto, cuando adelantó que desde el MVOT no tenían “un número oficial de asentamientos”, pero que no habían aumentado “tanto” durante la pandemia y se manejaba que existían “entre 600 y 650 en todo el país”.

No obstante, durante la presentación la ministra sostuvo que “el problema de la vivienda y de los asentamientos nunca fue ignorado”, a pesar de la pandemia, y que “en el año 2020 y en el 2021” los distintos programas [Nacional de Relocalizaciones, de Mejoramiento de Barrios y Plan Juntos] del MVOT trabajaron “intensamente a lo largo de todo el país”.

Hoy, aseguró la ministra, se avanza “a través de un fideicomiso que tiene por fideicomitente al Poder Ejecutivo actuando a través del Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería y el MVOT”.

Moreira también destacó que el programa se lleve a cabo “de forma simultánea conjuntamente con todo el sistema público de vivienda, en un hecho sin precedentes”, y sostuvo que esta es “la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en toda la historia de Uruguay”. Convencida, Moreira aseguró que “en pocos meses” habrá “cambiado la realidad de miles de compatriotas”.

“Si queremos erradicar la marginalidad y hacer que todos, especialmente nuestros niños, tengan posibilidades reales de salir a la vida, el plan Avanzar es el camino para ello”, sentenció la ministra, que llamó “a terminar con los discursos y de una vez por todas concretar las soluciones para los más débiles de nuestra sociedad”.