La comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo a principios de mayo para modificar la actual normativa sobre la negociación colectiva, con el objetivo de dar respuesta a las consideraciones que hiciera la Organización Internacional del Trabajo (OIT) luego de las quejas presentadas por las cámaras de Industrias y de Comercio y Servicios.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, firmada por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se explica que la normativa que se quiere aprobar “recoge las principales observaciones” del organismo internacional “y formaliza una propuesta legislativa que en su temática general ha sido puesta previamente en consulta” con las organizaciones de empleadores y el PIT CNT –la central sindical está en contra del nuevo texto–. El Ejecutivo planteó que esta iniciativa “se basa en el [proyecto] que fuera enviado en el año 2019 por el anterior gobierno al Parlamento”, en la última administración del Frente Amplio (FA).

El proyecto consta de cinco artículos. Uno de ellos propone derogar un literal de la Ley de Negociación Colectiva aprobada en 2009, “asegurando que el nivel de Negociación Colectiva sea establecido por las partes y no sea objeto de votación en una entidad tripartita”. En otro se elimina la negociación por rama de actividad cuando no exista sindicato en una empresa, y por tanto será con representantes del personal. También se establece que las partes que negocien deberán tener personería jurídica, y se elimina la ultractividad de los convenios colectivos, “asegurando que la duración” sea “una materia que en primer término corresponde a las partes concernidas”, dice la exposición de motivos. Esto último implica que lo acordado entre las partes no tiene vigencia más allá de la fecha del convenio, cuando hoy si al vencer el plazo no hay un nuevo acuerdo, se mantiene lo firmado anteriormente.

Este miércoles fue la primera sesión de la comisión en que se trató el proyecto. El oficialismo tiene previsto aprobarlo dentro de dos semanas y elevarlo al plenario para que reciba la media sanción y pase al Senado. La diputada del Partido Colorado (PC) María Eugenia Roselló, presidenta de la comisión, dijo a la diaria que “la idea es poder trabajarlo con agilidad para que no se atrase mucho su estudio y su aprobación”, y por tanto se resolvió que haya dos sesiones extraordinarias en las próximas dos semanas, que serán los jueves. El primero de esos días se recibirá a delegaciones del PIT-CNT y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y se esperan informes de la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y de las cámaras empresariales. El siguiente jueves, dijo Roselló, la intención es aprobar la normativa.

Sobre la razón de la rapidez del trámite legislativo, Roselló dijo que “es un pedido expreso del ministro de Trabajo” y aseguró que “es un proyecto que sirve para sanear observaciones de la OIT”. La diputada señaló que “como representante del PC en la comisión” no tiene objeción alguna “en cuanto a votarlo” porque lo considera “un avance para la negociación colectiva”, en el sentido de que “las modificaciones propuestas sirven para transparentar” la herramienta. Además, resaltó que este texto “es un calco de lo que ya había presentado [el exministro de Trabajo Ernesto] Murro en su momento”, y por tanto “en el FA no debería haber muchos reparos en el tema”.

Consultada sobre la necesidad de eliminar la ultractividad, la diputada colorada manifestó que la forma en que los convenios “se están dando ahora no es la más correcta, porque uno cuando firma convenios lo hace en un contexto determinado, ya sea en un contexto económico de la empresa o del país”, y entonces “no es lógico” que después de su vencimiento “sigan estando vigentes, sin tomar en cuenta” la nueva situación.

Mientras tanto, el diputado del FA Daniel Gerhard, vicepresidente de la comisión, dijo estar “en discordia” con el proyecto y, según supo la diaria, esta opinión se extiende al resto del partido de oposición. Además, el legislador aclaró que en el FA no había consenso sobre el proyecto de ley presentado en 2019, que finalmente no se aprobó.

El representante frenteamplista cuestionó la celeridad con la que se pretende trabajar el nuevo proyecto y dijo que “las leyes que regulan las relaciones laborales tienen que tener discusiones” amplias. “Lamentaríamos mucho si en dos semanas, haciendo uso de las mayorías que legítimamente tienen, se vote en cámara sin mayor análisis”, subrayó Gerhard.

El diputado señaló que un punto “muy sensible” del proyecto es el que elimina la ultractividad. “Los sindicatos tendrían que volver a empezar de cero todo el paquete” de beneficios que acordaron, dijo, y señaló que “una cosa conquistada luego es la base para seguir avanzando”, pero “con esta nueva forma de entender la negociación colectiva, no”, ya que “en el caso de que se atrase el ámbito de negociación, se pierde lo pactado antes”. En este sentido, aseguró que “es un cambio muy duro porque aparte da para mucha maniobra, para jugar a la dilación” por parte de los empleadores. Con respecto a la necesidad de tener personería jurídica para negociar, aseguró que esto deja afuera “a 10% de los sindicatos que no la tienen, por opción o por debilidad”.

Martín Sodano, el diputado de Cabildo Abierto en la comisión, dijo que aún la bancada de su partido no se expresó sobre el tema, pero él es “afín” al proyecto. Destacó que “esto ya ha venido con varias iniciativas de varios Ejecutivos”, en referencia a la propuesta del gobierno del FA en 2019, y deseó que se pueda “solucionar este tema de una vez”. Consideró “necesarias” las modificaciones que se proponen, aunque señaló que le “gustaría poder profundizar un poco más” en diálogo con las delegaciones citadas para la semana que viene.

El diario El Observador informó días atrás que, de no tener modificaciones en el Parlamento, los empresarios mantendrán su queja ante la OIT porque el texto no colma sus expectativas, ya que sólo recoge algunas de las observaciones realizadas por el organismo internacional y no todas. El punto principal de discordia tiene que ver con la recomendación de la OIT de que los Consejos de Salarios, entidad tripartita en la que participa el gobierno, sólo fije los salarios mínimos por rama de actividad y que el resto de las condiciones sean negociadas por las dos partes, sin intervención del Ejecutivo; esto no se recogió en el proyecto de ley.

En los últimos días se generó en Twitter un debate entre el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y la diputada Roselló. Allí el sindicalista manifestó que “es lamentable que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley que recorta derechos en materia de negociación colectiva y que además no parte del compromiso de las cámaras empresariales de dejar de lado la queja contra el país en la OIT”. Además, opinó que las gremiales continuarán con el reclamo “hasta que no logren quebrar la columna vertebral de la negociación colectiva que son los Consejos de Salarios y su posibilidad de definir aumentos salariales”.