El diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, del sector Fuerza Renovadora, cursó el lunes cinco pedidos de informes a OSE para acceder a documentación técnica sobre el proyecto Neptuno, bajo estudio de la empresa pública. Se consulta por informes acerca de la factibilidad y las implicancias de la iniciativa privada, presentada por el Consorcio Aguas de Montevideo -integrado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast-, para la construcción de una nueva planta potabilizadora que abastecería de agua potable a la capital. La obra garantizaría el suministro de agua a Montevideo, que hasta ahora depende de una sola fuente, la planta de Aguas Corrientes sobre el río Santa Lucía.

En diálogo con la diaria, Olmos señaló que el propósito de los pedidos de informes es conocer “los fundamentos por los cuales OSE entiende que esta es la mejor alternativa, cuando hay otras opciones planteadas que parecerían ser más indicadas”. En ese sentido, apuntó que en 2014, tras un análisis de una consultora “de la propia OSE”, el proyecto Neptuno quedó como la opción “peor rankeada”. “Era la más inconveniente desde el punto de vista técnico y económico” para garantizar el abastecimiento de agua potable a Montevideo, afirmó.

“No tenemos información suficiente. El país no cuenta con estudios serios y sostenidos, sobre todo, sostenidos, sobre la salinidad o las cianobacterias en la zona en que se tomaría el agua”, agregó. La nueva planta potabilizadora captaría agua bruta del Río de la Plata, entre Arazatí y Bocas del Cufré, en el departamento de San José.

En concreto, uno de los pedidos de informes solicita remitir copia de los estudios elaborados por el “grupo de seguimiento” de OSE del proyecto Neptuno en cuanto a sus “dimensiones técnicas, financieras y jurídicas”. El grupo tiene asignada una tarea de contralor de los estudios de factibilidad presentados por el consorcio privado.

En otro pedido de informes se pide acceso a los resultados de muestreos técnicos realizados por funcionarios de OSE sobre la costa del Río de la Plata, en San José, justamente en el marco del proyecto Neptuno. Estos muestreos fueron realizados “a efectos del control” por parte del ente público y “para obtener la caracterización del agua bruta” en la zona donde está proyectada la instalación de la nueva planta.

También se solicita copia de múltiples informes técnicos elaborados por el Área de Ingeniería de OSE “como fundamentos por los cuales” se procedió a recomendar la viabilidad del proyecto Neptuno al directorio de OSE.

Asimismo, otro pedido de informes pide acceder a estudios anteriores al proyecto Neptuno, que consignan otras alternativas como solución al suministro de agua potable en Montevideo.

Por último, se solicita remitir copia de un trabajo técnico realizado por el experto Augusto Durán Martínez, contratado por el directorio de OSE en julio de 2021, “a efectos de elaborar una consulta jurídica” sobre el proyecto Neptuno y el “Proyecto de Universalización del Saneamiento en el Uruguay”.

Olmos mencionó que “tampoco hay claridad sobre cómo operaría” la nueva planta potabilizadora en San José: si operaría como respaldo de la planta de Aguas Corrientes en Santa Lucía, en caso de que no se pueda cumplir con la demanda; o, por el contrario, si operaría sustituyendo -parcial o totalmente- en la provisión de agua potable a la planta de Aguas Corrientes.

A su entender, habría que analizar “qué impactos tiene en cualquiera de los dos escenarios”. “Si opera solamente cuando Aguas Corrientes no da abasto, entonces la amortización de la inversión es muy distinta. Pero, a su vez, si opera como fuente principal de suministro de agua, ¿qué pasa con las inversiones que ya tiene realizadas OSE en Aguas Corrientes?”, planteó Olmos. La inversión de la obra ronda los 280 millones de dólares.

Semanas atrás, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida consideró que el proyecto Neptuno es “inconstitucional”, en tanto permitiría que un conglomerado de empresas privadas termine gestionando el agua potable, algo que quedó explícitamente prohibido luego del plebiscito de 2004. La iniciativa privada también ha recibido cuestionamientos de la Federación de Funcionarios de OSE y del PIT-CNT.