En asamblea nacional de delegados, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) aceptó en la tarde de este miércoles la propuesta presentada por el gobierno para la recuperación del salario real perdido en el sector público. Sin embargo, más tarde, y “sobre la hora” de firmar el convenio, el sindicato se enteró “casi de rebote” que hay artículos incluidos en la Rendición de Cuentas –que se presentará el jueves al Parlamento– que “involucran y afectan directamente a los trabajadores estatales”. Estos cambios “nunca fueron negociados con COFE”, según contó a la diaria José Lorenzo López, su secretario general.

En ese marco, manifestó que le plantearon al Poder Ejecutivo que “no podíamos firmar sin conocer los artículos”. Fue así que, mediante negociaciones, se efectuó un cuarto intermedio hasta el mediodía de este jueves, cuando se reunirán las partes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para hablar acerca de esos artículos. De mantener el gobierno la intención de que vayan en la Rendición de Cuentas, López señaló: “Nos los tendrán que mostrar y diremos cuáles llevamos. Si plantean modificaciones, se negociará, y si los sacan de la Rendición de Cuentas, firmamos”.

Mientras tanto, el acuerdo salarial ya está redactado. Si bien “no contemplaba la totalidad de los funcionarios en el 100% de la recuperación”, lo que reclamaban desde COFE, “sí avanzaba mucho en los salarios más bajos; no sólo recuperaba la pérdida sino que algunos tenían crecimiento por encima de esa pérdida”, explicó López.

Según las estimaciones de los funcionarios públicos, en 2020 se registró una caída del poder adquisitivo de 5%, dado que la inflación subió más que los salarios; mientras que en 2021, cuando ocurrió el mismo proceso, se llegó a una pérdida salarial acumulada de 6%. A causa del contexto sanitario, en ese momento se decidió que no se decretarían aumentos por encima de la inflación para reducir el gasto público.

En el marco de la negociación, el gobierno reconocía una caída salarial de 2,9% en el sector público, a raíz de la utilización de diferentes indicadores económicos para la medición de la evolución del salario. Es decir, había diferencias antes entre ambas partes sobre el porcentaje de la caída salarial.

La fórmula acordada, sin embargo, “se acerca bastante al 6%; estamos arriba del 5%”, aseguró el secretario general de COFE. En ese entendido, la distribución pautada es para “incentivar los salarios más bajos y dejar postergado para el próximo presupuesto nacional los [ajustes para los sueldos] más altos”.

Según informó López, 78% de los trabajadores se verían “beneficiados” si el convenio finalmente se firma. “Algunos con crecimiento, algunos con empate, algunos una milésima por abajo, y otro 22% no completaría la pérdida salarial” hasta el siguiente presupuesto, complementó. Al mismo tiempo, también se incluye “extender los beneficios del convenio que terminaba el 31 de diciembre de COFE hasta 2025”.

Antes de saberse de los artículos que pueden “afectar” a los trabajadores estatales, el presidente de COFE, Martín Pereira, informó vía Twitter que el convenio con el Ejecutivo “asegura la recuperación salarial de la gran mayoría de los trabajadores” y que “para aquellos que no llegan al total de la recuperación se estableció una cláusula de prioridad para el futuro”.

Para López, el convenio “es un avance”. Aunque admitió que “no es el 100% de lo que pretendíamos”, sostuvo que “se acerca bastante”. En este contexto es que la asamblea nacional de delegados “dio el aval para poder firmarlo, esto que apareció en el medio no estaba pensado”, sentenció.

En diálogo con la diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que “el diálogo está muy avanzado” y que espera que este jueves se pueda “alcanzar el acuerdo”. El lunes, en conferencia de prensa, el ministro había puntualizado que en el gobierno hay “una voluntad clara” de que se recupere el poder adquisitivo “tanto del sector público como del sector privado”.

De concretarse la firma de manera formal en el Consejo Superior del sector público –luego del visto bueno de los trabajadores–, la fórmula consensuada entre ambas partes estará dentro del proyecto de Rendición de Cuentas, que ingresará en la noche de este jueves al Parlamento. En caso de aprobarse por los legisladores, la fórmula complementará lo establecido en la ley de presupuesto, que prometía que a partir de enero de 2022 los aumentos salariales del sector público tendrían “un componente de recuperación del poder adquisitivo”, de manera que al final del período de gobierno “el nivel de salario real no haya sufrido deterioro”. Este compromiso, garantizado por ley, no tenía detallado un mecanismo concreto de recuperación salarial.

En el marco de la negociación con el gobierno, COFE hizo varias movilizaciones en reclamo de una fórmula que garantizase la recuperación del poder adquisitivo de los empleados estatales.