Mientras la comisión especial bicameral se encuentra estudiando las postulaciones para integrar el próximo Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que asumirá el 1° de setiembre, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación a través de una carta pública sobre los “cambios de criterios” en la elección de los miembros.
En la misiva firmada por más de 50 organizaciones sociales, entre ellas, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol y el PIT-CNT, se cuestiona la decisión del oficialismo de designar a cuatro miembros del Consejo Directivo y que el quinto sea elegido por la oposición. Las organizaciones entienden que con este posicionamiento se pretende “convertir a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en un reparto de cargos, asignando cuotas políticas según afinidad con el gobierno o la oposición”.
Para las organizaciones firmantes “esto representa un nuevo ataque a la institución” y se aclara que, según la ley que creó la INDDHH (18.446), podrán proponer candidatos las organizaciones sociales habilitadas a participar en las asambleas nacionales de derechos humanos. Los parlamentarios deben decidir, “en función de esas propuestas, controlando que cumplan, entre otras cosas, con ‘tratarse de personas de alta autoridad moral’, ‘con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos’, procurando ‘asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación’”.
En diálogo con la diaria, Gastón Grisoni, integrante de Crysol, sostuvo que algunas manifestaciones de dirigentes del sistema político son “sumamente preocupantes”, como las declaraciones del senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech, quien sostuvo que la INDDHH no tendría que existir. “Si los integrantes del Consejo Directivo se eligen por cuota partidaria y le atribuyen un cargo a CA, vamos a tener al zorro metido en el gallinero para cuidar a las gallinas”, manifestó Grisoni.
En ese sentido, sostuvo que las organizaciones sociales reclaman que se apliquen los “criterios de siempre” y que se elija no sólo a académicos y teóricos, sino a personas comprometidas con el cuidado de los derechos humanos.
Las características del nuevo Consejo Directivo
Además de las atribuciones que establece la ley, las organizaciones sociales proponen una serie de criterios que deben considerarse en la elección de las nuevas autoridades. En primer lugar, se señala que los candidatos deben estar comprometidos con la “continuidad de la institucionalidad, en particular en lo que hace a la defensa de su autonomía, competencias, facultades y cometidos”. Se recomienda, asimismo, la permanencia de algunos de los integrantes del actual Consejo Directivo para garantizar la “continuidad en la experiencia de gestión”.
En la carta se señala que los directores deben manifestar “el respeto de los derechos humanos” tanto “en su trayectoria y actividad pública como en el ámbito privado”. Por lo tanto, no se admite “que hayan participado o apoyado actos o expresiones de violencia, discriminación o exclusión de ninguna naturaleza”. Además, se hace hincapié en que los postulantes “no pueden representar ideológicamente, desde sus dichos y prácticas, bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo, la defensa del terrorismo de Estado”.
También se pide una “mayor articulación” con las organizaciones sociales, “superando la lógica de convocatorias puntuales”.
Por último, las organizaciones sociales plantean que el colegiado “debe integrar un adecuado balance de formación, experiencia y sensibilidad en la diversidad temática que comprende esta tarea, con suficiente conocimiento de la realidad social del país, compromiso con un acceso efectivo a la institución para todas las personas”.