69% de la población responsabiliza al gobierno por entrega del pasaporte a Marset

El caso del narcotraficante Sebastián Marset y la entrega del pasaporte que lo benefició sigue en la agenda política. Tras la interpelación del lunes a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior), el jueves el presidente Luis Lacalle Pou se refirió por primera vez al tema. Tras el acto por la Declaratoria de la Independencia, en Florida, aseguró estar “enojado” por la situación pero acotó que legalmente “era lo que había que hacer”. Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que está por concluir la investigación administrativa que instruyó el gobierno para determinar responsabilidades, y dijo que “quizás haya más novedades”.

La Usina de Percepción Ciudadana (UPC) hizo una consulta entre el 18 y el 22 de agosto para conocer la opinión de la población sobre lo sucedido con Marset y en particular la percepción sobre la responsabilidad del gobierno. El estudio fue realizado antes de la interpelación a los ministros.

La primera conclusión que arroja el relevamiento es que la amplia mayoría de las personas encuestadas (89%) escuchó hablar del pasaporte que se le otorgó a Marset cuando este estaba en Dubái. Además, una amplia mayoría considera que la entrega del pasaporte fue responsabilidad del gobierno. 69% está de acuerdo con esto (41% muy de acuerdo y 28% de acuerdo), mientras sólo 20% no está de acuerdo (14% en desacuerdo y 6% muy en desacuerdo) y el 11% restante no conoce el caso.

El mayor porcentaje de acuerdo con esta afirmación se da en personas que votaron al Frente Amplio en noviembre de 2019 (86%). Sin embargo, también la mitad de los votantes de la coalición gobernante concuerdan con que el gobierno es responsable.

Por otra parte, 71% de la población califica de insuficientes las acciones de Heber para combatir el narcotráfico. La inconformidad es casi total entre los frenteamplistas y alcanza a 52% de las personas votantes de la coalición de gobierno en noviembre de 2019.

Además, la amplia mayoría de las personas encuestadas (70%) percibe que en estos dos años de gobierno han aumentado los crímenes y la violencia relacionada con el narcotráfico, mientras que 21% de las personas plantean que el nivel de violencia se ha mantenido igual y 6% manifiesta que ha disminuido. 56% de los votantes de la coalición gobernante entiende que han aumentado.

Vínculos entre el narcotráfico y el sistema político

La UPC consultó además por la percepción de la población respecto a los vínculos entre el narcotráfico y el sistema político. Este fue uno de los temas de debate en el Parlamento durante la interpelación. Algunos legisladores, como el nacionalista Jorge Gandini, negaron cualquier vínculo, mientras que otros, como la frenteamplista Liliam Kechichian, hicieron hincapié en que debería legislarse en materia de financiamiento de los partidos políticos para tratar de ganar en transparencia.

77% de las personas encuestadas por la Usina entiende que existen vínculos entre el narcotráfico y el sistema político en Uruguay. De este total, 30% entiende que existen muchos vínculos y 47% plantea que existen algunos vínculos entre el narcotráfico y el sistema político. Sólo 8% de las personas considera que no existe ninguna vinculación y 15% no respondió a la pregunta.

Teniendo en cuenta el último balotaje, si bien los porcentajes son altos en ambos casos, se observa un mayor porcentaje de personas frenteamplistas (84%) que de votantes de la coalición gobernante (73%) que plantean la existencia de vínculos entre el narcotráfico y el sistema político.

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