La Asamblea General aprobó este miércoles las observaciones que el presidente Luis Lacalle Pou les hizo a cinco artículos de la Rendición de Cuentas, recientemente aprobada en el Parlamento. La Constitución establece que, cuando el Poder Ejecutivo devuelve un proyecto de ley con “objeciones”, el Poder Legislativo tiene que reunir los votos de “tres quintos de los miembros presentes” para rechazar los vetos. Esto no ocurrió, por lo tanto, los artículos 578, 636, 664, 665 y 666 del proyecto presupuestal quedaron sin efecto.

El artículo que tuvo mayor repercusión fue el 636, presentado a último momento por Cabildo Abierto (CA), que inhibía al fiscal de Corte y al fiscal adjunto de Corte por tres años, a partir de su cese, “de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”. También inhibía, pero por un año, a los fiscales letrados con competencia en materia penal.

En el veto remitido al Parlamento, el Poder Ejecutivo argumentó que “no resulta conveniente ni amerita que se disponga la misma restricción de derechos protegidos constitucionalmente a quienes se encuentran en situaciones diferentes”, por eso vetó –de forma parcial– la inhibición para los fiscales letrados. Este veto de Lacalle Pou fue apoyado por 104 legisladores del oficialismo y la oposición; sólo fue rechazado por nueve legisladores de CA.

El senador del Frente Amplio (FA) Alejandro Sánchez dijo en sala que la oposición respaldó el veto porque entienden “que el presidente de la República actuó en consecuencia de la bancada del FA”, la cual en su momento “se opuso a estos artículos por improcedentes, porque violentaban derechos, en este caso particular el de los fiscales”.

Por su parte, la diputada frenteamplista Micaela Melgar valoró como “muy positivo” el veto parcial del artículo 636, dado que “tenía graves violaciones a un derecho de rango constitucional, porque limitaba el derecho al trabajo”. Afirmó, además, que la redacción “tenía una incongruencia gravísima, al limitar estrictamente a una parte de los trabajadores asociados a cuestiones relativas al control del poder, y no a otras”.

INAC y exoneraciones a empresas periodísticas

Asimismo, el Poder Ejecutivo vetó en forma total los artículos 664, 665 y 666 de la Rendición de Cuentas, que devolvían a los gobiernos departamentales las competencias de habilitación de locales de carnicerías. Esto había sido modificado a mediados de 2020 por medio de la ley de urgente consideración (LUC), que trasladó las facultades que tenían los gobiernos departamentales al Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Como fundamentación, Lacalle Pou apuntó que, “tal como se fundamentó en la exposición de motivos” de la LUC, “el Poder Ejecutivo entendió necesario fortalecer el INAC, buscando eliminar la informalidad del mercado cárnico”, y destacó “la conveniencia de que quienes participan en esta actividad lo hagan dentro de un marco legal similar en todo el país”.

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva informó en sala que este martes la bancada de senadores de la coalición de gobierno “tuvo una reunión con las autoridades” tanto del INAC como del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con “el objetivo de poner fin a este complicado entuerto que llevó a casi un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”.

Afirmó que “por suerte” se logró un acuerdo. “A partir del día de hoy y por 30 días, las pollerías van a recibir su mercadería sin más trámites”, señaló, y una vez vencido ese plazo “van a tener 90 días más para registrarse en un registro que sea lógico y sencillo, que no va a tener costo”, un costo que hasta ahora “era de 25 unidades reajustables”, apuntó.

Según Da Silva, “los uruguayos y uruguayas que estén emprendiendo, trabajando, dando empleo” tendrán de parte del Estado “una mano que no los complique” para desarrollarse con “las asimetrías lógicas que tienen los comercios establecidos en un rinconcito de la campaña o en el corazón de Carrasco”. Por eso, resumió, “estamos en condiciones de mantener el veto”.

Al respecto, el senador del FA Sebastián Sabini dijo que la oposición acompañó el veto como “un voto de confianza” al acuerdo que “se ha esgrimido aquí en sala”. Sostuvo que las acciones del INAC “están afectando a los pequeños comercios” que “históricamente han tenido un modelo de negocios basado en la elaboración de productos a partir de la carne aviar”. Manifestó que “las acciones que estaba llevando adelante el INAC iban a provocar la concentración y el cierre de esos pequeños comercios”.

Por último, el Poder Ejecutivo observó totalmente el artículo 578 del proyecto presupuestal que disponía exoneraciones tributarias a empresas periodísticas. Lacalle Pou sostuvo que la redacción del artículo “podría no ser beneficiosa” para “el total de las empresas”, ya que “muchas de ellas se encuentran en situaciones disímiles”. Asimismo, remarcó que cualquier modificación impositiva es “una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”.

El veto a este artículo, como los vetos a los tres artículos referidos al INAC, fueron apoyados unánimemente por los legisladores presentes.