La denuncia por acoso sexual y laboral contra el diputado del Frente Amplio (FA) Gustavo Olmos por parte de su suplente, Martina Casás, hecha pública por El País el domingo, sacudió la interna de la fuerza política. Si bien se espera que la denuncia recorra los canales formales previstos en el protocolo de acción de la fuerza política para estos casos, es el manejo del tema mientras tanto lo que preocupa en filas frenteamplistas.

Fuentes del FA consultadas por la diaria coincidieron en que el tratamiento de este tema hasta ahora no ha sido el mejor y que prueba de ello son las filtraciones a los medios de lo que declaró Casás ante el Tribunal de Conducta Política (TCP) y la falta de apoyo que entienden que ha habido desde el sector al que pertenece, Fuerza Renovadora.

Según publicó Búsqueda y confirmó la diaria, la denuncia que decidió llevar Fuerza Renovadora ante el TCP no tuvo el aval de Casás y, de acuerdo a una fuente, la diputada “no sabe lo que plantea esa denuncia”. Ahora el sector, según entendió la fuente, debe tomar una decisión “cuidando” a la diputada suplente y que también sea “ejemplarizante” frente a situaciones de acoso en el futuro.

Las filtraciones son “una complicación para el propio TCP”, analizó otra de las fuentes consultadas por la diaria. Asimismo, de acuerdo a lo que informó El Observador y pudo confirmar la diaria, la suegra de Olmos, María Sara Ribero, es integrante del TCP y se excusó de participar en el proceso.

Otra fuente, por su parte, indicó que lo que en los medios se señaló como “el detonante” de la denuncia no es tal, sino que era una situación “sostenida” en el tiempo y que por eso se decidió recurrir a la fuerza política.

“Nadie tiene por qué saber el detalle de la situación”

Gabriela Pasturino, vocera de Casás, ratificó a la diaria que “se han filtrado cosas que no son ciertas”, en lo que es “parte de ese amedrentamiento que sufrimos cuando denunciamos”. “Las filtraciones son parte de lo que nosotras tenemos que sufrir cuando hacemos una denuncia”, consideró, y afirmó que la denuncia de Casás “está en los lugares que tiene que estar; nadie tiene por qué saber el detalle de la situación”.

Pasturino evaluó que la difusión de los pormenores puede ser algo “muy doloroso para las víctimas de acoso y abuso”, al “ver las distintas versiones que salen sobre lo que dijeron o no dijeron”.

En opinión de la vocera, “aún falta mucho por aprender sobre cómo trabajar estos temas” y es necesario que haya “gente en un rol más pedagógico que pueda acompañar los procesos políticos dentro del FA y del sector donde está Martina en particular”, en el sentido de ayudar a “comprender qué es lo que pasa, lo difícil que es para una víctima llegar al espacio de la denuncia”, y que “se puedan dar garantías”, por un lado, de que llegue a los ámbitos correspondientes y, por otro, “que esa persona no sea revictimizada, que no pase al escarnio público, que se filtren todas sus declaraciones y se filtre todo lo que ha pasado”.

Si bien no compartió la idea de tomar medidas “ejemplarizantes”, sí recordó que en el protocolo de actuación ante situaciones de violencia política hacia mujeres “se habla de medidas que son cautelares que no buscan culpabilizar a ninguna de las dos partes” para que “se garantice la continuidad de la vida política de la mujer, que está en mayor situación de vulneración”.

Las medidas cautelares previstas en el protocolo son, por un lado, “separar a las personas involucradas en el caso de que compartan un mismo ámbito de acción” y, por otro, “sugerirle a la persona denunciada su apartamiento de la actividad pública y de la representación en el cargo hasta que culmine el procedimiento”, de acuerdo al documento aprobado en el Plenario Nacional del FA el 19 de diciembre de 2020.

“Queremos que [este tema] se resuelva políticamente, porque para nosotras que se resuelvan cada vez más casos de la mejor manera posible también es garantía de que podamos seguir haciendo política en los ámbitos donde que tengamos ganas”, sentenció Pasturino.

Cosse: “En estas cosas no hay que esperar”

Consultada al respecto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, remarcó en una rueda de prensa que el TCP “tomó el caso” y dijo que tiene “plena confianza” en su accionar. “Me parece muy bien que el caso se haya tomado enseguida y que se estén dando las garantías para su resolución”, agregó.

“En estas cosas no hay que esperar” y “no se esperó; me parece bien”, continuó la jefa comunal, quien consideró que su opinión “no importa”, sino que “lo que importa es la reacción institucional del FA: el TCP es el que va a zanjar la situación”.