A siete días de la salida formal de Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel del Ministerio del Interior, en el marco de la crisis que se desató en el gobierno en torno a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, el presidente Luis Lacalle Pou recibió este lunes en la Torre Ejecutiva a las nuevas autoridades de la cartera: el ministro, Nicolás Martinelli, y el subsecretario, Pablo Abdala.

Luego de una hora y media de reunión, ambos se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa. Según supo la diaria, durante la conversación con Lacalle Pou las nuevas autoridades del ministerio confirmaron que seguirán en el mismo eje de gestión de Heber, aunque también señalaron que se están analizando cambios a nivel de las jerarquías policiales.

Actualmente, la cúpula policial está integrada por el director de la Policía Nacional, José Azambuya, el subdirector administrativo, Jhonny Diego, y el subdirector ejecutivo, Efraín Abreu, quienes asumieron en febrero de este año, después de que las principales autoridades policiales se vieran involucradas en el caso Astesiano.

Martinelli y Abdala están evaluando las cifras de delitos en cada uno de los departamentos del país para definir las posibles modificaciones en las jerarquías policiales. También están analizando quién asumirá como nuevo director general de Secretaría del ministerio, cargo que hasta hace una semana ocupaba Martinelli.

Desde el Ministerio del Interior mencionaron, además, que continuarán avanzando en la adquisición del software de la empresa Sound Thinking, un sistema de microfonía que permite detectar y geolocalizar disparos en tiempo real, así como también en la implementación del programa Cure Violence, que propone el reclutamiento de personas que estuvieron privadas de libertad para trabajar en la prevención del delito.

Sobre este último, todavía resta que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiará el programa. Desde la cartera puntualizaron que representantes del BID “hicieron un informe” en el que “dicen que Uruguay es un país sumamente viable para implementar ese sistema”.

El viernes, por otra parte, las nuevas autoridades del Ministerio del Interior mantendrán una reunión con la asociación de ex presos y ex presas políticas Crysol, a propósito de la doble amenaza a una militante de derechos humanos de San Ramón, quien recibió bolsas con huesos de pollo y amenazas firmadas por la Juventud Uruguaya de Pie.