El director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, compareció ante la Comisión de Constitución y Códigos integrada con la de Innovación Ciencia y Tecnología, que estudia el proyecto para tipificar ciberdelitos que está a estudio del Parlamento desde julio de 2021.

Aller, acompañado por la jueza Blanca Rieiro, el fiscal especializado en Delito Económicos, Gilberto Rodríguez, y el juez Duvi Teixidor, señaló que es un “error craso” decir que el instituto “rechaza cualquier forma de legislación sobre ciberdelitos”. “Lo que sí rechazamos son los proyectos en la redacción que traen o en algunas propuestas que implican”, señaló.

“Nuestro instituto en forma clara rechaza este proyecto en los términos en que está”, en el entendido de “que es necesario legislar en esta materia, pero hay que legislar, a nuestro modo de ver, con algunos otros criterios”, agregó.

En ese sentido, Aller explicó que los abogados que informaron individualmente sobre el proyecto, que fueron, además de los presentes en la comisión, los abogados Gustavo Bordes y Marcelo Domínguez, coincidieron en los reparos en la forma en que se busca tipificar estas conductas al Código Penal.

“Necesitamos tipos penales o, por lo menos, agregar criterios de imputación sobre las cuestiones cibernáuticas, telemáticas, informáticas, pero entendemos que no cual si fuese una suerte de ínsula colateral que se va encastrando en un Código Penal que ya está bastante complicado”, afirmó.

Por su parte, Rieiro detalló diferentes errores, incongruencias o superposiciones del proyecto con otros textos normativos y advirtió que algunas indeterminaciones en el proyecto podrían generar “una gran discusión entre todos los operadores” a la hora de imputar.

“Estamos de acuerdo con que se legisle. Ahora, una de las posibilidades podría ser –y lo digo con total atrevimiento– que a los tipos penales ya vigentes se les agregue que esas figuras penales también se configurarían si el medio utilizado fuera algún sistema telemático. Ahí quedarían comprendidas todas las figuras”, concluyó.

Por su parte, Teixidor señaló que la forma en la que está redactado el proyecto hará “mucho más difícil para el justiciable saber cuál va a ser su destino, si en definitiva su comportamiento es típico o es atípico, si se le absuelve o se le condena, porque las expresiones se yuxtaponen unas a las otras”, y cuestionó que se establezca la posibilidad de penar actividades preparatorias del delito de fraude.

Gilberto Rodríguez coincidió con sus colegas del instituto y planteó la necesidad de acompañar el proyecto con cambios en las normas procesales, acuerdos de cooperación internacional y formación de los diferentes operadores.

“Le damos la bienvenida al proyecto, pero con algunos correctivos que humildemente creemos que se pueden realizar, porque, a veces, en un celo de legislación el remedio puede ser peor que la enfermedad”, lamentó.

Cal: Uruguay “vive una crisis en materia de ciberdelitos”

En diálogo con la diaria, el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, impulsor del proyecto, señaló que es necesario considerar la opinión de otros operadores judiciales y generar una cooperación internacional en torno a este tipo de delitos.

“Muchas de las apreciaciones que hicieron eran en base a la primera versión del proyecto, hablaban de la terminología en inglés que se usaba en el proyecto; eso ya fue corregido; me quedó la duda de si se refieren a las versiones ya presentadas o a la primera versión”, cuestionó Cal.

El diputado dijo que hay que ver “qué dicen quienes conocen un poco más de la necesidad de la tipificación, como el fiscal Lackner o la Policía”, y planteó que el Ministerio del Interior pidió que el proyecto se apruebe “a la brevedad”.

“Igual que la cancillería, Uruguay es de los peores de la clase en este tema en el vecindario. Chile, Argentina y Brasil están avanzados en el tema. Ha habido una migración del cibercrimen al Uruguay porque los demás países se blindan y Uruguay no”, agregó.

Cal opinó que Uruguay “vive una crisis en materia de ciberdelitos”, y auguró que el proyecto, pese a las opiniones desfavorables, va a contar con los votos para su aprobación.