“Imaginemos un padre infiel. Se pelean. La madre, muy ofuscada, enojada, se opone a la tenencia compartida. ¿Qué tiene que ver el niño con esa situación? Automáticamente el padre queda exiliado de su vida y de la posibilidad de tener esa continuidad en esas redes cotidianas que tiene que tener. De esto no se habla, y como estos casos hay muchísimos”. Así ilustró la diputada nacionalista Alexandra Inzaurralde, informante por la coalición del proyecto de tenencia compartida, la problemática que se viene a solucionar con este texto, según sus promotores.

Dos años después de que ingresaron los dos proyectos sobre tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza de la coalición, uno del Partido Nacional (PN) y otro de Cabildo Abierto (CA), y de que pasaran por un proceso de unificación y varias modificaciones, este miércoles, finalmente, la Cámara de Diputados comenzó a votar la versión final que terminaron de acordar pasado el mediodía de hoy los socios de la coalición.

Inzaurralde dedicó buena parte de su exposición a la obstrucción de los vínculos parentales, uno de los principales argumentos de los grupos impulsores del proyecto, los cuales apuntan principalmente a la responsabilidad de la madre en esa obstrucción. Al respecto, la diputada sostuvo que “cuando se obstruye ese vínculo se está ejerciendo violencia sobre esos niños, que se ven privados, en forma injustificada, del contacto con uno de los progenitores” y, en una clara referencia a la ley de violencia basada en género, afirmó que “lo peor de todo es que es una violencia institucional, avalada por leyes que ameritan y que claman ser modificadas”.

El artículo 3 del proyecto, en su versión final, establece que la opinión del niño o adolescente “deberá recabarse en un ámbito adecuado y adoptándose todas las medidas para garantizar que la misma sea expresión de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva”. Al respecto, Inzaurralde aseguró que “va a haber una escucha especializada del discurso infantil, más allá de las palabras”, lo cual implica “garantizar que no estamos en una situación de manipulación”.

Este último punto también va en línea con uno de los principales argumentos de los colectivos que promueven la iniciativa: el denominado “síndrome de alienación parental”. Sin embargo, la legisladora aseguró que los diputados oficialistas no han “respondido a ningún grupo de interés, sino a los niños, que no tienen la capacidad de organizarse y de sistematizar su voz para hacerse oír”.

Sobre el artículo 4, que habilita las visitas incluso con denuncias de por medio y “que tanto fue generando dificultades en los consensos”, Inzaurralde afirmó que va contra las situaciones en las que “se abusa, se malusa” del “principio precautorio” y se convierte en un “principio de desamparo” y un “principio de injusticia hacia los más vulnerables, que son los niños”. “Este artículo cuarto no los desprotege. ¿A quién se le ocurre que legisladores van a poner en contacto a un niño con un agresor? ¿A quién se le ocurre que un juez va a poner en contacto a un niño con un agresor? Eso no está dicho acá, no está dicho en ningún lado”, aseveró.

Sin embargo, pese a los cambios, el espíritu del artículo se mantiene: Inzaurralde señaló que ha habido modificaciones que son “producto del consenso”, pero que “no tiene rebajas, no pierde el ADN”. “Se ha puesto el grito en el cielo” porque “ante una denuncia de violencia contra la madre se entiende que es violencia también hacia el niño por parte de ese padre”, sostuvo Inzaurralde, y criticó que “se quiere proteger al niño del padre por las dudas, y resulta que en maltrato físico de cada diez casos, cuatro es el padre, tres es la madre y el resto proviene también del entorno familiar de ese niño”.

Para cerrar, Inzaurralde habló de un “cambio de paradigma” que quedaría instaurado a partir de la sanción de esta ley. “Se ha trabajado mucho en la mujer y estamos de acuerdo. Pero esto es un cambio de paradigma. Aún por encima de la mujer siempre va a estar el niño. Y [este cambio de paradigma] requiere cierto coraje, valentía, y también sacarnos la mordaza invisible que es siempre estar del lado de lo políticamente correcto”, sentenció.

Roselló insistió en trabajar sobre la ley de violencia hacia las mujeres basada en género

La diputada colorada María Eugenia Roselló, una de las principales detractoras de la iniciativa dentro del oficialismo, afirmó previo a la votación que a partir de estas modificaciones dará su voto. En rueda de prensa, Roselló expresó que el anterior proyecto suponía un “riesgo” para la “integridad física y psíquica” de los niños, niñas y adolescentes.

Roselló indicó que este proyecto surge como “impulso” de quienes dicen que fueron denunciados falsamente; sin embargo, la colorada consideró que “no todas” las denuncias son falsas, que “son las menos”, pero que sí hay “situaciones injustas” que atender. En ese sentido, estableció que se debería trabajar “en profundidad” en la Ley 19.580, sobre violencia hacia las mujeres basada en género. “Es en la cual se amparan todas estas denuncias y es de donde surge este mal uso del instrumento”, opinó.

“Ojalá podamos sentarnos todos con la autocrítica necesaria para perfeccionar” el documento, “que es evidente que ha dejado el péndulo más para un lado que para el otro y ha generado muchas injusticias. Eso intentamos resolver, siempre y cuando sea un texto que nos brinde las debidas garantías, por eso lo aprobamos”, aseguró en referencia al documento final, y celebró que se haya “pulido” el texto porque les da “garantías” para aprobarlo.

Al ser consultada sobre cómo se llegó a un acuerdo a último momento, luego de meses de negociación, Roselló indicó que el Partido Nacional y Cabildo Abierto cedieron, “en la medida en que ellos se negaban a un diálogo”. “Hasta hace una semana nuestras propuestas no eran recibidas”, criticó, reconoció que al final hubo “voluntad” de los blancos porque “se dieron cuenta de que no era el camino adecuado” el anterior proyecto. Se estima que todos los colorados acompañarán la propuesta.

Al terminar la presentación de los informes, tanto en minoría como mayoría, el Frente Amplio pidió otro cuarto intermedio para analizar las últimas modificaciones.

El Partido Independiente no vota el proyecto

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, será el único integrante de la coalición multicolor que no votará el proyecto. En diálogo con la diaria, apuntó que “todo este proyecto notoriamente lo que quiere es, de alguna manera, reducir el daño generado por la parte procesal de la ley de violencia de género”, y que, por tanto, “los cambios hay que hacerlos en la ley que generó distorsiones” y “no en el Código de la Niñez y Adolescencia”.

En ese sentido, sostuvo que cuando se dio la discusión de la ley 19.580 desde el PI advirtieron que la parte procesal y penal “tenía falencias desde el punto de vista de las garantías de un Estado de derecho, pero obviamente se hizo oídos sordos”. “Esa ley no tuvo análisis de ninguna de las comisiones de Constitución y Código del Senado ni de Diputados; pasó por Equidad y Género de manera exprés”, afirmó.