El Senado volvió a debatir este martes en torno a la comisión investigadora sobre la gestión de Charles Carrera, cuando el actual legislador del Frente Amplio (FA) era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, entre 2010 y 2017. El motivo fue el recurso de revocación presentado por Carrera meses atrás para anular la comisión, ya que había un proyecto de resolución para desestimarlo.

El senador del FA había cursado ese recurso ante la Presidencia del Senado el 15 de noviembre de 2022 argumentando, entre otras cosas, que estaba ante una persecución política encabezada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que a su vez era secundada por quienes promovieron la comisión investigadora. Dicha comisión se conformó a raíz de un episodio ocurrido en 2012, cuando Carrera habilitó –de forma especial– a atenderse en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un hombre que quedó parapléjico a raíz de una bala perdida que presuntamente provino de una fiesta que se celebraba en la casa del subcomisario de La Paloma.

Presidencia del Senado solicitó asesoramiento a la Dirección Jurídica, que determinó, según la resolución aprobada por la cámara alta, a la que accedió la diaria, que “respecto del fondo del asunto” no hay “violación a la normativa aplicable, abuso, exceso o desviación de poder” y, por tanto, recomendó que se rechace el recurso. La resolución fue aprobada por 17 votos en 30, sin ninguno de los 13 del FA.

En respuesta, la vocería del FA la llevó Enrique Rubio, quien recordó que su fuerza política estuvo en contra de la conformación de la comisión y que incluso decidió no integrarla porque entendía que no era pertinente al ya existir una investigación en el ámbito judicial. Pero además reiteró la idea de que hay “persecución política” a Carrera porque “si se quisiera investigar si hubo irregularidades” al haber “autorizado el tratamiento de una persona que no pertenecía a las fuerzas policiales en el Hospital Policial”, debería hacerse una comisión para investigar situaciones similares desde el retorno a la democracia hasta hoy, lo que daría “revelaciones muy importantes”.

Además, hizo una cronología de los hechos por los que se interpreta que Carrera es perseguido por la coalición de gobierno, centrada en la denuncia penal que el senador presentó junto a su correligionario Mario Bergara por el acuerdo con la firma belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo, que lo tuvo a Heber como protagonista por ser en aquel entonces titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.

Para Rubio, “esto tiene un propósito político orientado a sancionar a un senador por haber participado en esta postura política” de denunciar el acuerdo en el puerto. Pero lo que para el FA “confirmó que en realidad aquí había un manejo político que tenía otros objetivos, y que iban bastante más lejos”, se reveló al conocerse “la solicitud de fichas a los senadores Bergara y Carrera” por parte de la empresa Vertical Skies, que para ello “pagó al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano”.

Quien respondió a esas acusaciones fue el senador nacionalista Jorge Gandini, quien criticó a Rubio por usar “argumentos de tipo político, no jurídico, vinculados a aquel hecho que no está en cuestión”, es decir, la creación de la comisión investigadora, lo cual “fue resuelto soberanamente por este cuerpo”. En cambio, dijo, “para votar en contra” de lo recomendado por la Dirección Jurídica del Senado “se tiene que venir a fundamentar jurídicamente que la Jurídica de este poder del Estado está equivocada”, pero no hubo “ni una palabra” al respecto. “No se puede discutir la Jurídica y su informe desde lo político”, expresó y sentenció que “el informe es claro y contundente”.

En tanto, Carrera dijo a la diaria que “era algo que esperaba” que el Senado rechazara su recurso porque “se están utilizando mayorías circunstanciales con un único fin, que es perseguir a un legislador de la oposición”. “Como soy un legislador combativo, lo que tienen que hacer es buscar pegarme, desacreditarme”, interpretó.

“La base de la que parto es que no se puede utilizar una comisión investigadora cuando ya hiciste una denuncia ante el sistema de Justicia. Eso para mí es un principio básico”, apuntó el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Carrera, para quien esta situación no deja “dudas” de que “las carpetas con efectos extorsivos existieron”, anunció que continuará la vía recursiva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para lo que tiene 60 días desde que le llegue la notificación de lo votado en el Senado. Esto para intentar, nuevamente, la anulación de la comisión. Además, por entender que ya sabe lo que dictará la comisión, dijo que piensa “recurrir también la resolución final”. Tampoco piensa presentarse cuando sea convocado a hacer sus descargos en la comisión. “Ya me presenté ante la Fiscalía, que es donde realmente uno se tiene que presentar y dar explicaciones de las decisiones gubernativas y políticas que se tomaron en un momento determinado en ciertas circunstancias”, argumentó.

En los últimos días hubo sobre este caso una novedad de carácter judicial, informada por el diario El Observador y confirmada por la diaria. Se trata de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de primer turno ratificó la sentencia de primera instancia de diciembre de 2021 que no hacía lugar al reclamo interpuesto por Hernández contra el Ministerio del Interior, en búsqueda de una indemnización. El abogado de Hernández, Roberto Ferreira, adelantó a El Observador que buscará continuar el tema en la Suprema Corte de Justicia. 

“Pretendo que lo indemnicen por el daño que le ocasionaron”, dijo Ferreira al citado medio. “El ministro del Interior sabe que se ocasionó un daño. En vez de hacer el circo político para perjudicar a Charles Carrera para obtener un rédito político, lo que debe hacer es citar a Víctor Hernández, sentarlo a su despacho y decir 'bueno, cómo podemos arreglar esto' y no aprovecharse de toda la situación para tratar de no indemnizar pero sí beneficiarse del rédito político”, expresó el abogado.