Finalmente, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado trató este martes el juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Por unanimidad, los senadores aprobaron un proyecto de resolución, al que accedió la diaria, que establece que “no se ha encontrado mérito para proceder a la separación de su cargo a la señora intendenta de Montevideo”, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República. El siguiente paso es que el plenario de la Cámara de Senadores vote este proyecto de resolución, posiblemente en los primeros días de julio.

A fines de abril, la diaria informó que el oficialismo y la oposición habían acordado de manera informal no recomendar al plenario de la cámara alta la destitución de Cosse, pero aún faltaba la elaboración de un informe con los argumentos para el archivo del caso. Sin embargo, los senadores optaron este martes por la promoción de un escueto proyecto de resolución de artículo único.

El presidente de la comisión, el senador colorado Adrián Peña, valoró en rueda de prensa el consenso político: “Por suerte logramos una redacción que se votó por unanimidad. No hay lugar para continuar con el mismo [juicio político], por lo tanto, la causa se va a archivar, porque no hay motivos para la destitución”, en contraposición a lo solicitado por los impulsores del juicio político.

En octubre del año pasado, una minoría de ediles opositores del Partido Nacional y el Partido Colorado aprobaron el comienzo de un juicio político en la Junta Departamental de Montevideo, luego de que Cosse no compareciera a un llamado a sala para dar explicaciones sobre el nivel de respuesta de la comuna a sus pedidos de informes. En su fundamentación, los ediles opositores aseguraron que Cosse “ha tratado de eludir todos los mecanismos de contralor, socavando la división de poderes y el sistema republicano de gobierno”.

En sus descargos, la intendenta de Montevideo calificó la acción de los ediles opositores como “un uso improcedente, equivocado e irresponsable de las herramientas constitucionales de contralor”. Aseguró, además, que la comuna ha “respondido 100%” de los pedidos de informes.