La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, brindaron una conferencia de prensa, este martes, para informar sobre las nuevas medidas que dispuso el Poder Ejecutivo para asegurar el acceso a agua potable en Canelones y Montevideo ante el déficit hídrico.
Arbeleche anunció que el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para la creación del Fondo de Emergencia Hídrica, con características similares al Fondo Coronavirus que se implementó durante la crisis sanitaria. “Todos los gastos que están relacionados con esta situación de crisis hídrica que estamos viviendo se van a realizar a través de este fondo. Esto nos permite dar mucha transparencia en todos los gastos que vamos a hacer, al igual que sucedió con el covid”, expresó la ministra.
La ministra también planteó que el gobierno está dialogando con el Banco Interamericano de Desarrollo, así como con otros organismos multilaterales de crédito, tanto para “cooperaciones técnicas como para préstamos que tienen que ser reembolsables”. Consultada sobre el impacto fiscal que significará esta batería de medidas, no dio cifras pero señaló que estará contemplado en el proyecto de Rendición de Cuentas que ingresará al Parlamento el viernes.
Por su parte, Lema informó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, solicitó al Ministerio de Desarrollo Social que trabajará en “medidas preventivas” para asegurar a la población dos litros de agua embotellada diarias por persona. Por esta razón, además de las personas que ya reciben esta prestación, que son las embarazadas, los niños menores de dos años y personas vinculadas al programa de enfermedades crónicas de la cartera, habrá un incremento de 420.000 personas que pasarán a ser beneficiarias. Se estima que el gasto del Estado sea del orden de 12 millones de dólares mensuales, según Lema.
Los nuevos beneficiarios fueron divididos en tres grupos: quienes reciben asignaciones familiares del Plan de Equidad en Montevideo y Canelones y las personas que conforman su núcleo familiar, quienes poseen la tarjeta Uruguay Social que no están comprendidos en el Plan de Equidad, entre ellas, personas en situación de calle, y las personas mayores en situación de vulnerabilidad. Este tercer grupo incluye a quienes reciben asistencia a la vejez, que tienen entre 65 y 69 años, y quienes reciben pensión a la vejez, es decir, de 70 años en adelante.
A su turno, el ministro de Trabajo, indicó que hay un cuarto grupo de beneficiarios compuesto por los jubilados que reciben jubilaciones mínimas. Se trata de unas 80.000 personas, de las cuales alrededor de 52.000 viven en Montevideo y 28.000 en Canelones. Asimismo, informó que las medidas comenzarán a aplicarse la semana próxima.