La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizará de oficio la entrega de 14 viviendas que la exministra Irene Moreira dio de forma discrecional mientras estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), informó Azul FM. Luego de que radio Universal informara sobre la adjudicación de una vivienda bajo la modalidad de alquiler con opción a compra a una militante de Cabildo Abierto (CA) sin pasar por sorteo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le pidió la renuncia. Este hecho supuso casi un quiebre entre el partido liderado por Guido Manini Ríos y la propia Presidencia que, incluso, puso en riesgo la unidad de la coalición.

La presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, nombrada por Cabildo Abierto, recordó en diálogo con la diaria que desde que asumió su cargo ha dicho que los casos “públicos y notorios” en los que hay una presunta irregularidad serían tomados de oficio por ese organismo para su análisis. “Es lógico, porque no es bueno para la Jutep que no los estudie, no va de acuerdo a la gestión que uno le tiene que dar”, sostuvo Di Longo, quien asumió el cargo en febrero, luego de la renuncia de la expresidenta Susana Signorino.

La decisión se tomó luego de que la vocal por el Frente Amplio, Ana Ferraris, le enviara un mail solicitando que el caso se tratara de oficio. Según explicó Di Longo, seguramente el tema se empiece a tratar el mes próximo. En principio, se creará un expediente para que pase a la División de Jurídica del organismo, para que luego lo estudie el Directorio.

“Mi criterio es dar vista al investigado para que presente sus descargos”, expresó, en alusión a la exministra de Vivienda y a las actuales autoridades de la cartera. Luego de la respuesta que reciban, el expediente vuelve a Jurídica y luego el Directorio tomará una resolución final.

No obstante, la presidenta de la Jutep advirtió que puede haber demoras en el tratamiento por los escasos recursos humanos con los que cuenta el organismo. A modo de ejemplo, indicó que tienen tan sólo un abogado y no tienen un contador, figura clave en este tipo de organismos.

Al respecto, aclaró que el gobierno ya brindó presupuesto para la contratación de tres abogados y un contador a partir de este año, por eso, sostuvo, hacen gestiones con la Oficina Nacional de Servicio Civil para concretar los llamados por Uruguay Concursa.

Además, tienen otros temas en carpeta que se han ido atrasando, justamente, por problemas de recursos que esperan que cambien en el corto tiempo. “Tenemos muy poco personal, no va a ser todo a la velocidad que uno desearía. Tenemos denuncias constantes que deben pasar por Jurídica. Todo va a ser más lento de lo que pretendemos”, consideró.

Análisis

Esta semana el novel ministro de Vivienda, Raúl Lozano, compareció dos veces por el mismo tema ante las comisiones de Vivienda, tanto en la cámara alta como en la baja. En sus distintas exposiciones aseguró que durante la gestión de Moreira se adjudicaron 14 viviendas.

Sin embargo, desde el Frente Amplio (FA) creen que no es así porque, según informó el senador Sebastián Sabini, habría 33 casos más, es decir, un total de 47. En rueda de prensa, el frenteamplista había dicho que “las autoridades siguen entendiendo que es lícito y legal la entrega de estas viviendas, lo cual es inaceptable”.